La financiación cierra el círculo en Cataluña

Nadie quiere cantar victoria hasta el final, porque la negociación es muy compleja y en cualquier momento puede descarrilar, pero los mensajes que llegan de todos los implicados van en el mismo sentido: el acuerdo entre el PSC y ERC, con el respaldo del Gobierno detrás, para la investidura de Salvador Illa es posible. Esta semana es decisiva: los tiempos marcados por ERC llevan a acelerar la negociación para alcanzar un acuerdo antes de que termine julio, de forma que puedan luego votar sus bases con la vista puesta en una investidura rápida en la primera semana de agosto. Hay más plazo, hasta el 25 de agosto, pero si se puede evitar, nadie quiere apurarlo. El acuerdo que se está negociando, según fuentes de los dos sectores, es muy amplio, con muchos puntos. Es tan denso como el que firmaron el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, en noviembre de 2023.

No es casualidad que esta semana se haya dado un paso decisivo entre el ministerio de Transportes y la Generalitat en algo que se acordó entonces: el traspaso de Rodalies, los Cercanías catalanes. Este trámite se ha acelerado precisamente como gesto hacia ERC, que exige, antes de firmar el acuerdo para investir a Illa, avances claros en todos los compromisos alcanzados para apoyar a Sánchez. Esta semana podría haber más gestos en ese sentido, aunque algunos tienen complicaciones técnicas; por ejemplo, la condonación del crédito del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Son 15.000 millones para Cataluña, un 20% del total que debía, y otros tantos para las demás autonomías; especialmente la Comunidad Valenciana, la más endeudada con este fondo estatal. No está previsto que el mecanismo vaya la próxima semana al Consejo de Ministros, porque aún necesita desarrollo técnico, pero sí está decidido hacerlo y puede haber más compromisos.

Hay otras cuestiones pactadas en la investidura de Sánchez en marcha, como el traspaso pleno de la competencia de investigación y desarrollo que está en el Estatut, con 150 millones de euros anuales, sobre la que también se está trabajando.

Hay muchos puntos en marcha y acuerdos nuevos, que serán compromisos de la legislatura de Illa, pero la madre de todas las batallas, el corazón de la negociación y lo que puede decantar la balanza hacia un lado u otro, es la fórmula para la llamada “financiación singular” de Cataluña, un término que ha utilizado abiertamente el propio Pedro Sánchez, en un gesto claro. En la mesa no están sentados representantes del Gobierno, la lleva el PSC con ERC, directamente en Barcelona; y ahora, con la incorporación de Marta Rovira, que ejerce el liderazgo del partido en este momento y acaba de regresar de Suiza después de siete años gracias al archivo del caso Tsunami por defectos de forma. Pero el Ejecutivo mantiene una interlocución permanente con ERC, que nunca se ha roto, y además Illa está en contacto con La Moncloa, con el propio Pedro Sánchez, que está informado en todo momento, y también con Félix Bolaños y María Jesús Montero, los principales negociadores del Gobierno.

Sánchez encargó hace un año a Bolaños la interlocución con ERC y a Santos Cerdán con Junts, y eso no ha cambiado. Bolaños tiene como principal interlocutor a Josep María Jové, hombre clave de ERC, y Cerdán a Jordi Turull en Junts. Montero está siempre supervisando todo como ministra de Hacienda y por tanto principal implicada en casi todo lo que se negocia con los independentistas. Y la “financiación singular”, por mucho que sea llla y su equipo quien está en la mesa, es una cuestión que afecta directamente a Hacienda.

Según las fuentes consultadas, aún no se ha encontrado la fórmula que satisfaga a las dos partes, pero la están buscando. ERC está apretando fuerte porque sabe que en el mundo independentista hay mucha presión para que no haga president a Illa, con Carles Puigdemont y Junts moviéndose para hacer descabalgar el acuerdo, y además necesita que sus bases vean bien el pacto o todo se iría al traste en la votación prevista.

El PSC, con el Gobierno de Sánchez detrás apoyándole pero también con límites claros —Montero ya ha dicho públicamente que el concierto catalán que pedía ERC es inviable—, está dispuesto a explorar fórmulas novedosas partiendo de la base de que Cataluña, como otras autonomías —se suele citar especialmente el caso de la Comunidad Valenciana, ahora en manos del PP—, está infrafinanciada. A Montero le gustaría enmarcar todo esto en una gran reforma de la financiación autonómica en la que todas las autonomías salgan ganando, pero para eso necesitaría un gran pacto con el PP que Alberto Núñez Feijóo no parece dispuesto a darle en este momento.

Al contrario, el PSOE asume que el PP saldrá en tromba contra el acuerdo de la financiación singular con ERC, si se logra alcanzar. Pero en La Moncloa confían en que puede acabar pasando lo mismo que sucedió con el pacto de investidura de Sánchez, cuando se anunció la condonación de los 15.000 millones del FLA. Ese acuerdo era “extensible a todas las autonomías”. El PP lo criticó duramente como un privilegio para Cataluña, pero después sus gobiernos están reclamándolo y van a obtener también esa condonación.

Con los grandes acuerdos de financiación con Cataluña siempre ha pasado lo mismo desde los 80: se critican mucho desde el PP —salvo el de 1996, que lo hizo el propio José María Aznar con Jordi Pujol— pero luego acaban favoreciendo a todas las autonomías.

En el Gobierno asumen que, si hay pacto con ERC, habrá mucho ruido, y algunos barones del PSOE también lo criticarán, pero confían en que al final lo que quedará es una cierta estabilización de la legislatura —a la espera de la reacción de Junts, siempre imprevisible— y la posibilidad de abrir la puerta a los Presupuestos de 2025. Pero para eso faltan dos pasos muy difíciles: encontrar el pacto en financiación y que los militantes de ERC apoyen el acuerdo. Esta semana, previsiblemente, dará pistas sobre todas esas incógnitas.