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Montero se compromete a reconocer la “singularidad” de Cataluña dentro de la reforma global de la financiación

La vicepresidenta insiste en que todas las comunidades tienen peculiaridades que se deben reflejar en el nuevo modelo

Montero
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el martes en el pleno del Congreso.SERGIO PEREZ (EFE)

Mientras el aire se hace cada vez más espeso por la —nada clara— elección del nuevo presidente de Cataluña, el Gobierno vuelve a sacar el as de la financiación autonómica y a prometer un trato singular a la Generalitat, aunque siempre en el marco de una reforma global del sistema que incorpore a todos los territorios. “Cataluña tendrá que ver satisfechas sus necesidades y las competencias singulares que tiene”, ha asegurado este jueves María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en una entrevista en RNE. Al ser preguntada si el Ejecutivo aceptaría una financiación singular, reclamada por ERC y Junts, para favorecer que el candidato del PSC y ganador de las elecciones autonómicas, Salvador Illa, pueda ser presidente, la también vicepresidenta del Gobierno recordó que este asunto ya se dejó “claro” en los acuerdos firmados con los grupos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. “Se establece de forma muy clara cuáles son las prioridades que las diferentes fuerzas políticas demandan y que el Gobierno plantea. Y concretamente, nuestro compromiso es el impulso de un nuevo modelo de financiación para todas las comunidades”.

Montero ha insistido en que todos los posibles cambios que afecten a la financiación deben tener en cuenta todo el territorio. “Creo que hay que abordar el debate de financiación autonómica dentro de un contexto global”, ha dicho, al ser preguntada si las negociaciones con Cataluña pueden ir en paralelo al resto. “No creo que tenga ningún sentido el que nosotros hagamos carpetas distintas de un tema que es común. O sea que no, nunca lo hemos planteado en esos términos. Siempre hemos dicho que hay que impulsar una reforma global del modelo de financiación autonómica y hay que atender las singularidades que se pueden presentar en determinados territorios por razones históricas, características de su propia orografía (...), qué elementos” relacionados con “los impuestos que tenemos compartidos o cuáles son las competencias que se le pueden dar a las comunidades autónomas para que ganen más autonomía en materia fiscal”.

El PSOE firmó con ERC y Junts sendos acuerdos de investidura. Los republicanos acordaron negociar un sistema de financiación singular y, antes de las elecciones autonómicas del 12 de mayo, el Gobierno de Pere Aragonès planteó una propuesta de “financiación singular” para que la comunidad recaudara y gestionara todos los impuestos que ahí se pagan y compensara al Estado con una transferencia, en un esquema parecido al cupo vasco al que se sumaba un porcentaje destinado a la solidaridad entre regiones, similar al planteamiento que el expresident Artur Mas lanzó en 2012 y que provocó el rechazo de los demás ejecutivos autonómicos. Por su parte, el partido de Carles Puigdemont, que ahora aspira a quedarse con la presidencia de la Generalitat y desplazar a Illa —los partidos independentistas tienen la mayoría del control de la mesa del Parlament—, exigía la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en el territorio.

Hasta ahora, Hacienda ha considerado como una línea roja conceder a Cataluña un tratamiento especial parecido al del País Vasco y Navarra, un cambio que dinamitaría el modelo actual, porque le restaría buena parte de sus recursos, y que causaría un terremoto político. Sin embargo, los partidos independentistas exigen que se reconozca un trato distinto como condición sine qua non para investir a Illa y el Gobierno no termina de ser claro en sus intenciones al respecto, más allá de asegurar que la reforma del sistema tiene que incluir a todos los territorios.

“La dificultad para financiar los servicios públicos es un elemento que nos tiene que preocupar a todos”, ha insistido Montero. “Y, por supuesto, aquellas cuestiones singulares que tienen algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, tienen que tener un tratamiento especial, como vengo diciendo, desde la investidura del presidente Sánchez. Así que tenemos que hacer ambas cosas. Tenemos que ser capaces de impulsar un modelo que sea válido para todas las comunidades”, ha añadido.

En el programa de las elecciones autonómicas de mayo, los socialistas catalanes también contemplaban un cambio de tornas en el sistema de financiación y, de hecho, su candidato Salvador Illa afirmó que si era presidente tendría un preacuerdo en 100 días. En ese caso, su propuesta se basaba en tres aspectos básicos. El primero es que el conjunto de las comunidades tuvieran acceso a una mayor asignación de la cesta de los impuestos estatales, de forma que puedan aumentar sus presupuestos. El segundo es que se active el consorcio tributario que incluye el Estatuto de Autonomía (también se incluye en la ley de bases andaluza), de forma que Estado y Generalitat compartan la gestión de la recaudación, que no quiere decir que la Hacienda catalana ingrese por sí solo los tributos pagados en Cataluña. Y el PSC también pone el énfasis en el denominado principio de ordinalidad, de forma que se impida que una comunidad supere a otra con más renta una vez ejecutada la redistribución de recursos.

La reforma del sistema de financiación lleva una década atascada. A finales de 2021, aun en pandemia, Hacienda dio un primer paso con una propuesta para modificar la población ajustada, la variable principal para repartir los recursos del sistema. En esa iniciativa se intentaba dar más peso a elementos territoriales como la despoblación —una petición de numerosas comunidades de diferente color político— y preponderar otros indicadores como el peso de la sanidad y la educación. Sin embargo, el documento quedó encerrado en un cajón.

Presupuestos

En la misma línea, la ministra ha asegurado que el Gobierno lleva desde abril trabajando “técnicamente” en los Presupuestos para 2025 —tras renunciar a tener nuevas cuentas este año—, que el diálogo con los grupos políticos “nunca ha dejado de estar” presente, aunque todavía haya meses de margen para cerrar los apoyos, y que la negociación de las cuentas tiene que ir por un carril diferente a la investidura del nuevo presidente catalán. “Creo que son planos distintos. Una cuestión tiene que ver con las competencias autonómicas y, por tanto, la capacidad de ejercerla desde un partido político u otro; otra cuestión es si realmente Junts per Catalunya y el resto de formaciones políticas creen que las políticas que ha llevado a cabo y que tiene que seguir llevando a cabo el PSOE en España, el Gobierno de Progreso en España, son las que mejor le vienen a Cataluña”. El objetivo es que el proyecto de Presupuestos se presente en las Cortes entre finales de septiembre y principios de octubre y que esté aprobado para finales de año.

La vicepresidenta también ha mencionado el compromiso asumido por el PSOE con ERC para condonar parte de la deuda autonómica. En concreto, el acuerdo de investidura firmado entre las dos formaciones contempla que el Estado asuma el 20% de la deuda catalana causada por las crisis económicas y que este cálculo se extienda al resto de comunidades de régimen común. Sin embargo, las hojas del calendario vuelan —a inicios de año aseguró que a partir de febrero ya empezaría a hablar con los Gobiernos autonómicos, algo que aún no ha ocurrido— y no ha dado fecha alguna. “Estamos trabajando”, ha zanajado.

Sí ha confirmado que la voluntad del Gobierno, como adelantó ayer miércoles Pedro Sánchez, de prorrogar la rebaja del IVA a los alimentos más allá de la fecha de finalización prevista del 30 de junio y ante una inflación que se resiste a bajar del 3% y que ha estado remontando en los últimos meses. “Vemos que los precios se siguen manteniendo en un dintel que necesitamos bajar y por tanto seguiremos manteniendo esa rebaja”, ha dicho, sin aclarar si la ampliación de los descuentos, que afectan a los productos básicos, aceites y pastas, será de tres o seis meses, pero confiada en que también la oposición dará luz verde al decreto que los amplía. “Estamos estudiándolo, pero lo que sí quiero trasladar un mensaje de absoluta tranquilidad respecto a que el Gobierno, como siempre ha dicho y ha hecho, va a acompañar a las familias para que el coste de la vida no le sea gravoso”.

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