Agricultura ofrece al campo 700 millones en créditos ventajosos para cerrar las protestas

Los agricultores no se irán a casa con las manos vacías. El Ministerio de Agricultura ha remitido a los responsables de las organizaciones agrarias Asaja, Upa y Coag una propuesta con 43 medidas como respuesta a las demandas planteadas en los últimos meses por el sector en sus movilizaciones. El plan contempla cambios en materia de fiscalidad, flexibilidad y simplificación de la Política Agrícola Común (PAC), medio ambiente, ley de la cadena alimentaria, sanidad animal, ganadería extensiva, financiación, seguros agrarios, comercio exterior o incorporación de los jóvenes, tal y como había adelantado EL PAÍS y ha confirmado este lunes el ministro Luis Planas, quien ha presentado la propuesta a los medios de comunicación. Lo más novedoso es el anuncio de créditos del ICO por 700 millones de euros, repartidos entre 200 millones para jóvenes agricultores y apoyo al relevo generacional, y otros 500 para garantizar operaciones de crédito dirigidas al ramo agrario.

Estas propuestas, algunas de las cuales ya se hallan incluidas en el documento sobre la modificación del Plan Estratégico de la PAC y en otros planteamientos anteriores, serán analizadas esta semana por las organizaciones agrarias, aunque desde Agricultura insisten en que el grueso de la negociación ya está cerrado.

Las primeras reacciones de las asociaciones agrarias profesionales han sido positivas. Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, observa avances en la mayoría de exigencias planteadas desde un inicio por el sector, aunque cree que faltan aspectos menores que deben discutirse aún. Pedro Barato, máximo representante de Asaja, por otro lado, es más crítico y cree que a las propuestas no cubren la totalidad del problema y no solucionan los problemas propios de cada región. Miguel Padilla, secretario general de la Coag, cree que aún se debe profundizar en lo vinculado con las exportaciones alimentarias para “conseguir que no haya solapamiento de productos de terceros con las campañas nacionales”. Los tres, sin embargo, consideran que se parte de una base lo suficientemente sólida para llegar a un entendimiento, aunque algunas de las medidas deberán negociarse también con las comunidades autónomas.

En relación con la política medioambiental de la PAC, Agricultura propone la simplificación y flexibilidad en la aplicación de las denominadas Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales. Estas, conocidas con las siglas BCAM, se refieren a tareas de labranza, riesgos de erosión de los suelos, rotación de tierras de cultivo, porcentajes mínimos de superficies de elementos no productivos, eliminación de controles y penalizaciones en materia de condicionalidad reforzada a explotaciones con menos de 10 hectáreas. Esta política de una mayor flexibilidad se aplicará igualmente sobre los ecorregímenes y en los espacios de biodiversidad. “Creemos que con estos cambios este capítulo queda completado”, ha zanjado Planas en la rueda de prensa.

A pesar de los intentos por incentivar la digitalización en el campo, Agricultura también eliminará la obligación de las fotos georreferenciadas y aplazará la obligatoriedad del cuaderno digital. Al mismo tiempo, promete más asesoramiento en materia de lo digital para los agricultores. En relación con la ganadería, se aplaza un año la obligatoriedad de la identificación electrónica de los bovinos, se prorroga un año la aplicación del Plan Sanitario Integral y se flexibiliza la ordenación del sector del bovino.

Aunque aún falto de apoyos, Planas también anuncia que proseguirá buscando la manera de implantar las cláusulas espejo para los productos de terceros países, para lo que cree necesario crear un grupo de trabajo permanente para el seguimiento de las importaciones y de las exportaciones, con medios de control en fronteras y especial dedicación a los límites máximos de residuos. El ministro cree que se encuentra “más cerca que nunca” de aunar el consenso de una mayoría de Estados para que se consolide un proyecto europeo al respecto.

También se plantea un reforzamiento de la ley de la cadena alimentaria a través de la Agencia para la Información y el Control, la Aica, hoy ya elevada al rango de agencia estatal. Esto conllevará más inspecciones, más publicidad de las multas y la actualización de costes. Aunque de momento la iniciativa permanece estancada, Planas cree que la manera más rápida de ejecutar el plan es a través de una enmienda de algún proyecto de ley en curso. Sin embargo, no ha precisado cuándo podría suceder esto.

Con respecto al seguro agrario, Agricultura promoverá acuerdos con las comunidades para aumentar los niveles de apoyo hasta más del 70% y con modulaciones de ayudas para los profesionales, los jóvenes y las explotaciones prioritarias. En cuanto a la fiscalidad, se mantendrá la misma en los impuestos especiales del gasóleo agrícola, en la reducción del 35% en la factura de carburantes y combustibles y del 15% en los fertilizantes; en el método de estimación objetiva del IRPF, en el rendimiento neto para el año 2023, la reducción general pasará del 5% al 15%. Para todas las ayudas ligadas a los ecorregímenes, se mantiene una reducción de la base imponible de 1.100 euros.

Carrera en contra del tiempo

Sobre la temporalidad de las medidas, Planas ha respondido que algunas vinculadas al Plan Estratégico nacional, sobre todo las relacionadas con las BCAM, entrarán muy pronto en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, mientras que otras, que dependen de la aprobación del Parlamento Europeo, se pospondrán hasta 2025.

Ahora la cartera de Agricultura inicia su carrera contra el tiempo. A finales de este mes se disolverá el Parlamento Europeo de cara a empezar con la campaña para las elecciones comunitarias, que se celebrarán entre el 6 y 9 de junio, por lo que el último pleno de este órgano será clave para poner en marcha las medidas y que pueda entrar en vigor lo más pronto posible. Aunque Planas da por descontado que la Cámara comunitaria apoyará estos reglamentos.

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