La actualización de rentas es el asunto que más dudas genera a inquilinos y propietarios con la nueva ley de vivienda

La actualización de las rentas es el asunto de la nueva ley de vivienda que más dudas suscita a inquilinos y propietarios. Estos últimos también muestran mucha preocupación por la posible declaración de zonas de precios tensionados, mientras que los arrendatarios hacen más preguntas de carácter general sobre las implicaciones de la nueva norma. Así se desprende de las consultas recibidas por el servicio de atención al cliente de Alquiler Seguro y de la valoración, de carácter más cualitativo, que hace el servicio de asesoramiento jurídico de Legálitas.

El ruido político y mediático de la ley tuvo, en el caso de la compañía de intermediación de alquileres, una clara repercusión. De las más de 66.000 consultas recibidas desde el pasado 1 de mayo y hasta el 14 de junio, cerca de 7.500 se relacionaron la norma. Esta se aprobó definitivamente en el Senado el 17 de mayo y se llevó al BOE una semana después, así que los datos facilitados por la compañía recogen tanto el runrún anterior como el posterior. Y al representar alrededor de un 11% del total de consultas, sí reflejan una cierta inquietud por los efectos de la ley. Fuentes de la compañía estiman que antes de que el asunto saltase al primer plano de la actualidad apenas representaba un 1% de las preguntas recibidas.

Con 2.444 consultas, la actualización de la renta de alquiler ha sido el tema estrella porque ha acaparado casi un tercio (el 32,8%, exactamente) de las cuestiones relacionadas con la nueva norma que recibió Alquiler Seguro. Se trata de una preocupación, además, transversal: estos casos se reparten casi por igual entre inquilinos (1.190 consultas) y propietarios (1.254). Y ello pese a que la subida anual del precio del alquiler (una posibilidad que existe desde hace muchos años, siempre que así se especifique en el contrato) está limitada al 2% desde antes de que se aprobara la ley. El asunto se legisló en el decreto de medidas especiales por la guerra de Ucrania y la inflación de marzo de 2022, y el límite del 2% se prorrogó el pasado diciembre para todo 2023. Lo que sí hizo la ley es fijar un nuevo máximo del 3%, que es el que estará vigente en 2024, aunque la inflación actual deja ese límite obsoleto, ya que el dato provisional de junio la sitúa en el 1,9%.

El segundo aspecto que más dudas suscita entre los propietarios, y que de momento tiene poca incidencia real, son las áreas de precios tensionados sobre las que la ley prevé una limitación del precio de alquiler. Hasta 955 consultas se han recibido sobre ese asunto, al que siguen de cerca las cuestiones generales sobre los efectos de la ley. En cambio, para los inquilinos son estas “dudas generales” el segundo aspecto más consultado. No es la única diferencia entre ambos grupos, con intereses frecuentemente contrapuestos. Si los caseros preguntan el doble que los arrendatarios por las zonas tensionadas, estos últimos preguntan el doble que los dueños de los pisos sobre aspecto relativos al cobro del alquiler. Se trata, nuevamente, de una cuestión que permanece bastante invariada respecto a la normativa anterior, aunque en la nueva sí se prioriza que el pago se haga por medios electrónicos.

Pocos efectos “en la práctica”

El contraste entre la preocupación generada y los efectos reales de la ley es algo en lo que pone el acento Icíar Losada, responsable del departamento de Inmueble de Legálitas. “Como la ley solo se aplica a los contratos firmados a partir de su entrada en vigor, en la práctica no se nota tanto porque no le es de aplicación a casi nadie”, señala la abogada. En el caso de la compañía de asesoramiento legal, Losada señala que la nueva norma no ha cambiado el hecho de que prácticamente la mitad de llamadas recibidas en relación con la vivienda se correspondan con asuntos del alquiler. Y aunque sí han tenido más trabajo, no ha sido nada fuera de lo normal. “En volumen tampoco es que lo notemos una barbaridad, sí se notó mucho el día que entró en vigor y la semana anterior, porque se hablaba mucho en prensa y a la gente le entran dudas”, puntualiza.

La experta de Legálitas detalla que, en su caso, lo que más reciben es “gente que llama con la duda de si les puede afectar, y no tanto casos reales prácticos”. Aunque sí hay dos aspectos que han destacado: “Estuvimos trabajando en un modelo de contrato adaptado a la ley para los clientes y eso sí nos lo han pedido”, señala. El segundo, también relacionado con el proceso de arrendamiento, es el controvertido asunto de quién paga los honorarios de la inmobiliaria cuando se firma un nuevo contrato. “Tenemos un abogado que lleva el tema”, asegura Losada, “muchas inmobiliarias están intentando saltarse el proceso”. Según la norma vigente desde el pasado 26 de mayo, esos gastos le corresponde siempre pagarlos al casero.

Otros servicios jurídicos consultados, como El Defensor de tu Vivienda, reciben en cambio consultas más especializadas. Este despacho de abogados, muy centrado en reclamaciones de compras de vivienda sobre plano, dice que han repuntado las dudas por “los derechos que tienen los compradores y la información que se les tiene que dar cuando van a adquirir una vivienda”. Se refieren, sobre todo, a situaciones en las que los precios o los plazos de entrega varían o se incumplen. “La ley refuerza esto en el sentido de que constituye un derecho de los compradores de vivienda contar con toda la información con exactitud”, indica Alejandra Parente, responsable del área inmobiliaria del bufete. Y de nuevo no se trata de una novedad. “Ya pasaba antes”, admite Parente, quien atribuye el aumento de consultas al hecho de que “como a la ley se le ha dado tanta publicidad, la gente está más al tanto”

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