El sueño de una casa, la pesadilla de un solar

Laura García y María C. no se conocen, pero describen un sentimiento idéntico: el malestar que causa pasar por delante de los solares donde, en teoría, se deberían levantar sus casas. Solo en teoría, porque ambas compraron una vivienda sobre plano que nunca recibirán. No es una situación nueva: la primera ley que reguló este tipo de situaciones en España se remonta a 1968. Pero la pandemia y los vaivenes económicos, de los que no se ha librado el sector inmobiliario, se han traducido en nuevas dificultades para las firmas constructoras y promotoras. Esto, admiten fuentes del sector, puede acabar traduciéndose en un repunte de casos, aunque no se espera una gran avalancha.

Es imposible saber cuántas personas se encuentran en esa situación en España. Las estadísticas públicas son insuficientes, aunque sí apuntan a una leve ralentización de la construcción residencial. Según las certificaciones de fin de obra que recoge el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre enero y agosto de este año se han acabado unas 68.600 viviendas de promotor privado. Son 3.000 menos que en los ocho primeros meses de 2021. Servicios jurídicos especializados como El Defensor de Tu Vivienda dicen notar más consultas por este motivo. “Se está empezando a ver un incremento de clientes que contactan con el despacho porque ven retardos en la obra o que su promoción no sigue adelante”, indica Pablo Sevillano, abogado en ese bufete.

Los afectados tienen la opción, explica el experto legal, de reclamar la devolución de las cantidades que dieron como adelanto desde que hay un retraso en la promoción. Se trata de una demanda dirigida al banco donde se depositó el dinero (la recomendación es hacerlo siempre en cuenta bancaria, mediante transferencia y con un concepto que deje claro a qué responde ese pago) porque debe garantizar la existencia de un seguro o aval que respalde esos anticipos. La mencionada norma de 1968 quedó derogada en 2016 y, desde entonces, los procesos se rigen por lo que establece la Ley de Ordenación de la Edificación. “A pesar de que parece que se sigue protegiendo [al comprador] con el mismo ímpetu, no hay suficientes sentencias para poder afirmarlo con rotundidad”, dice Sevillano.

“Me gustaría que nos devolvieran el dinero y olvidarme de esta pesadilla”, afirma Laura García, maestra de 35 años. Hace algo más de un año se animó a comprar junto con su marido un ático en el barrio de Legazpi, en Madrid. Se trataba de una autopromoción en régimen de cooperativa: pagaron 500 euros por ser socios y aportaron 73.000 como adelanto. Pero pronto vieron que las cosas no marchaban como esperaban. Primero fue una actualización de proyecto que elevaba el importe de la futura vivienda un 10%. Pidieron explicaciones a los gestores de la cooperativa y la respuesta no les satisfizo. Con todo, la preocupación principal fue ver que las obras no empezaban. García y otros compradores demandaron instando a la entidad donde dieron el adelanto a devolverles el dinero. Alegan que en el folleto publicitario de la promoción, la entrega estaba prevista para el pasado septiembre.

Un portavoz de la gestora de la cooperativa, Adu, apunta a motivos burocráticos: “La licencia municipal [de edificación] se consiguió en mayo y las obras empezaron en agosto”, sostiene, destacando que el proyecto “es viable”. Un asesor legal de la cooperativa alega que la ausencia de la licencia se recogía en el contrato y “la gente era plenamente consciente de dónde se iba a destinar el dinero que aportaba”. Por eso lamenta que los demandantes buscaran un “atajo” en lugar de solicitar la baja y reclamar sus aportaciones conforme a lo que dice la ley de cooperativas. Ahora, añade, “el dinero está bloqueado en la cuenta y, cuando el juez decida, se resolverá”. Sevillano, que representa a los denunciantes, replica que estos “son cooperativistas, pero también consumidores” y la ley equipara promociones privadas o cooperativas en los anticipos de vivienda, “lo que permite resolver el contrato” en caso de incumplimiento de plazo o de precio.

Mientras avanza el proceso legal, García se siente atrapada con su familia en el piso donde viven de alquiler, que pronto les quedará pequeño porque está embarazada: “Nos gustaría comprar, pero nos tienen pillados 73.000 euros y ahora mismo es inviable”. Así que no les queda más remedio que esperar al juicio y evitar pensar mucho. “Vivimos en el mismo distrito, pero prefiero no pasar por el solar porque no tengo ganas de ponerme enferma con esta historia”, relata.

Deterioro financiero

El deterioro de las finanzas es evidente para muchas empresas. Un estudio reciente de Iberinform, que ha analizado de manera agregada la información financiera disponible de las más de 60.000 compañías que en España declaran la construcción de edificios como actividad, señaló que cuatro de cada diez están en riesgo de impago (un 2% en riesgo máximo y un 37%, elevado). “El futuro inmediato del sector está marcado por la desaceleración de la demanda por el encarecimiento del crédito bancario, la pérdida de dinamismo de los visados de obra nueva y el impacto de los incrementos de precio de los materiales de construcción en los márgenes comerciales”, señalaba ese análisis.

A pie de obra la sensación es parecida. “Es evidente que ha habido problemas con los materiales o la subida de costes, lo que hace lógico que haya empresas que se han encontrado en una situación comprometida”, señala una fuente de los colegios de arquitectos técnicos y aparejadores de España. Pero no hay estadística sobre ello y la experiencia no es uniforme. Mientras en el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña relatan que “existen obras paradas y ralentizadas, sin contabilización de las mismas”; en el de Valencia aseguran que “no se han percibido paralizaciones, retrasos en la ejecución o en la finalización de las obras”.

Pese a la incertidumbre económica del momento, nadie espera una situación similar a la de 2008. Entonces la Gran Recesión arrasó un sector sobredimensionado, que levantaba cada año más de medio millón de casas (frente a menos de 110.000 en 2021). En la patronal de los promotores refuerzan el mensaje de tranquilidad. “La situación de rotura de stock y, por tanto, problemas de abastecimiento ya se ha superado en términos generales”, sostiene Daniel Cuervo, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España. “El primer semestre del año ha sido el más delicado en esta cuestión y también en coste de materiales”, prosigue, “hay que destacar cómo han gestionado las empresas promotoras y constructoras esta situación, que ha permitido cumplir contractualmente con los compradores en tiempo y forma”.

Pero no en todos los casos. María C., de 41 años, y su marido compraron sobre plano un unifamiliar en un pueblo cercano a Madrid. Para la entrada, pidieron un préstamo personal. Querían vender la vivienda que tenían, cancelar la hipoteca de ese piso, y pedir una nueva con la que pagar su futura casa y cancelar el préstamo personal (con intereses más elevados). Solo salió bien medio plan. La promotora encargada de la obra detuvo los trabajos, los 40.000 euros que habían entregado quedaron en un limbo y cada mes tienen que seguir devolviendo el crédito. Al complicarse la situación, María, que pide anonimato por la factura emocional que le está provocando verse en esta situación, vendió uno de los dos negocios que tenía. “Preferí traspasar el de Madrid para no quedarme allí, con lo que eso significa como cambiar a tus hijos de colegio”, relata con voz afligida, “es muy duro pasar todos los días por el mismo sitio y ver que algo no avanza”. Ahora viven en una ciudad andaluza con la esperanza puesta en un juicio señalado para marzo. “Mi casa no la voy a recuperar y no la quiero, pero sí al menos vivir desahogadamente como tenía pensado. Esto es injusto”, zanja.