Europa se atraganta con la cesta de la compra: ¿se puede frenar la escalada?

Un litro de leche se vende a 90 céntimos en un supermercado de Madrid, a 92 céntimos en Londres, a 1,05 en Berlín y a 1,54 euros en París. El kilo de manzanas oscila entre los 1,46 euros de Roma y los 2,69 euros de Bruselas. El precio de la misma cesta de la compra, elaborada por este periódico con 10 productos básicos de ocho ciudades europeas, va de los 16,96 euros en la capital española a los 26,55 euros en La Haya. Esta comparación tiene una representatividad muy limitada, porque los productos no son exactamente los mismos y el poder adquisitivo y los salarios de sus ciudadanos tampoco. Pero ilustra un problema generalizado: todos estos bienes han subido en el último año más que nunca.

El IPC alimentario se le ha ido de las manos a Europa: la tasa armonizada escaló al 18,4% interanual en enero en la UE, según los últimos datos detallados de Eurostat. En 14 países, el incremento fue superior, como Alemania (20,5%) y Portugal (21,1%). En el resto está por encima de los dos dígitos: en España en el 15,5%, en Francia en el 14,4% y en Italia en el 12,6%. La escalada ha erosionado el poder adquisitivo de los ciudadanos y ha encendido el debate sobre cómo atajar la situación y si alguien en el sector de la alimentación está sacando partido.

La cesta de la compra es víctima de una combinación insólita de factores, según coinciden la gran mayoría de expertos y de los sectores agrario y alimentario, El incremento de los costes, que empezó en 2021 y empeoró con el estallido de la guerra en Ucrania hace un año, es el principal causante, agravado por una menor producción en el campo por las malas cosechas. “Estamos ante una tormenta perfecta: subida de energía, de materias primas y fertilizantes; sequías y heladas que han reducido las cosechas y la oferta… es un problema que no se puede simplificar”, advierte Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide.

En un supermercado de Madrid, un cliente busca entre los lineales la leche más barata. Es uno de los productos que más ha subido en el último año, un 33,4% en el caso de España. También el aceite de oliva (un 30,5%). “Me fijo más en los precios y comparo mucho, también entre comercios”, asegura el consumidor. ¿Nota diferencias entre ellos? “Siempre hay algunas diferencias”. Entre países, también hay disparidades: la cesta de la compra elaborada para este reportaje contiene 10 productos: pan, pollo, yogures, leche, café, pasta, huevos, patatas, tomates y manzanas. La más cara es la holandesa (ver gráfico), seguida de Londres, París, Berlín, Bruselas, Roma, Lisboa y Madrid.

Mientras los costes de la energía se han moderado, los de la alimentación siguen creciendo, para preocupación de las familias con menos recursos, que tienen que dedicarle cada vez más porcentaje de su renta. Un 52% se fija ahora más en los precios que antes de la pandemia, un 31% más que en 2020, según una encuesta publicada en enero con 5.000 participantes de 10 países (incluida España) por la Universidad de Aarhus (Dinamarca) en colaboración con el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, dependiente de la UE. El 54% opina que la guerra es la principal causa, pero un 48% también piensa que el incremento de costes se está repartiendo mal y el conflicto “ha permitido a los distribuidores y fabricantes obtener más ganancias”, según señalan los autores de la encuesta.

Un pepino a 3,29 euros

Las redes sociales alientan el debate. En Alemania bullen estos días con comentarios sobre los precios de las hortalizas. “¡Un pepino por 1,89 y ni siquiera es orgánico!”, exclama una usuaria de Twitter que muestra la foto de las estanterías casi vacías en un supermercado. Otros suben fotos de los precios disparados de pimientos a 7,99 el kilo o tomates a 5. El récord parece ser un pepino (sí, la unidad) a 3,29 euros.

La mayor economía de la zona euro es una de las que más está sufriendo las subidas de precios de los alimentos. Y las quejas por el precio récord del pepino son el reflejo de un problema que está sufriendo ahora Europa y que añade más leña al fuego: el cierre este invierno de los invernaderos en el centro del continente y el Reino Unido —funcionan con gas y ahora no resultan rentables— ha producido una reducción de la oferta de hortalizas y ha disparado los precios. En el Reino Unido, que también sufre la decisión de Marruecos de limitar sus exportaciones para cubrir su propia demanda interna, varios supermercados han racionado estos productos.

Todo esto se ha traducido en una mayor demanda de los productores de Almería y Murcia, la llamada huerta de Europa. Ha caído la producción de pepinos y pimientos, mientras los precios se han disparado en las subastas agrícolas en el último mes: un 120% el pepino, un 104% el pimiento y un 60% el tomate, según fuentes del sector, que estiman que la situación se normalizará en unas semanas.

Las hortalizas no son lo único que se ha encarecido en Alemania. Productos tan básicos como la mantequilla han subido casi un 40% en un año. El Gobierno tripartito de Olaf Scholz ha aprobado distintas medidas para aliviar los efectos de la inflación, pero ninguna enfocada directamente al precio de los alimentos. En septiembre, el tercer paquete de ayudas incluyó un pago único de 300 euros para jubilados y otro de 200 euros para estudiantes. También en septiembre el Ejecutivo decidió frenar el precio de la electricidad y el gas. En paralelo, la nueva renta ciudadana, el sistema de protección social antes llamado Hartz IV, ha subido unos 50 euros por persona al mes.

Los ciudadanos del Reino Unido también están sufriendo la crisis del coste de la vida que afecta a toda Europa. Al incremento del coste de la energía, Londres debe sumar las consecuencias negativas del Brexit, que ha encarecido y complicado el abastecimiento de los supermercados. La inflación se sitúa en el 10,1%, pero la subida de la cesta de la compra, según Kantar, está muy por encima de esa cifra. En el primer mes de 2023, los precios de los alimentos básicos subieron un promedio del 16,7% (un 13,3%, según la patronal del sector).

El Gobierno británico puso en marcha, a mediados de 2022, el programa Help for Household (Ayuda para los Hogares), coordinado por el empresario y exdirector ejecutivo de la empresa de distribución de comida a domicilio Just Eat David Buttress. No es una rebaja directa y generalizada de los precios de una cesta de la compra básica. El Ejecutivo ha aumentado las subvenciones directas en una gama de situaciones que contemplan tanto a las familias de renta baja, como el número de menores dependientes, pensionistas o ciudadanos con discapacidades. Las ayudas, distribuidas entre 2023 y 2024, suponen un único pago que oscila entre los 170 y los 340 euros.

La presión del coste de la vida sobre los ciudadanos se ha traducido en una oleada de huelgas, en aquellos sectores donde los salarios permanecen congelados desde hace más de una década, y donde los sindicatos retienen afiliados y fuerza de convocatoria. Ferrocarriles, autobuses, metro, personal sanitario, bomberos o profesores han protagonizado paros discontinuos desde el final del pasado verano.

Medidas sobre la mesa

La discusión sobre qué hacer ante la subida de precios se ha ido calentando en el Viejo Continente. En España, el diagnóstico de la situación y cómo aliviar las subidas ha provocado un cisma entre los socios del Gobierno. El Ejecutivo ha aprobado la rebaja del IVA de algunos productos básicos y un cheque de 200 euros para las familias con ingresos menores de 27.000 euros. El ministro de Agricultura, Luis Planas, considera que la subida de precios ha tocado techo y, aunque ha advertido de que las bajadas de precios serán lentas, ha descartado de momento nuevas iniciativas.

Desde Unidas Podemos han pedido ir más allá: primero la formación fue partidaria de topar los precios de los alimentos y después propuso bonificar determinados productos, sin importar el nivel de renta, con cargo a las arcas públicas. De forma paralela, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en su iniciativa de acordar con la distribución una cesta asequible con cargo a sus márgenes, que según afirma están disparados. Y ha recordado a Planas que la Ley de Ordenación del Comercio Minorista permite intervenir márgenes empresariales o fijar precios en casos excepcionales.

“Hay que identificar bien los problemas antes de tomar medidas porque pueden ser inútiles o contraproducentes”, advierte el economista Manuel Hidalgo sobre la posibilidad de topar precios. Pone como ejemplo de posible buena política, por las circunstancias concretas que se dieron, el control de precios que se impuso a las mascarillas en España durante la pandemia para evitar abusos. “Pero en el caso de los alimentos no sirven este tipo de medidas porque es un problema principalmente de costes”, añade. En Hungría, el Gobierno de Viktor Orbán intervino el año pasado en el mercado para limitar los precios de un grupo de alimentos y el resultado ha sido el contrario del perseguido. El IPC de los alimentos es el que más ha subido en la UE, casi un 50% anual, debido en parte a que, según los expertos, los comercios han encarecido otros productos para compensar las pérdidas generadas por la medida.

Tomás García Azcárate, ingeniero agrónomo del CSIC y experto en política agraria europea, es partidario de “políticas selectivas” que apoyen a los que “lo necesitan”, como ampliar el cheque de 200 euros. Limitar precios como ha hecho Budapest o bonificarlos de forma generalizada, como ha hecho Grecia —el Gobierno asumirá el 10% del coste de la cesta de la compra desde febrero pasado y durante seis meses—, le parecen iniciativas erróneas desde “el punto de vista económico y ético”.

La realidad es que en pocos países europeos el debate en torno a las subidas de precios de los alimentos está siendo tan crispado como en España. La secretaria general de Podemos y ministra, Ione Belarra, llegó a llamar en febrero “capitalista despiadado” a Juan Roig, presidente de Mercadona, y desde la formación se ha acusado a los supermercados de estar “forrándose”. El ministro Planas no coincide con este diagnóstico. Afirma que hay competencia en el mercado, que la cadena alimentaria funciona y existen controles, como lo prueba el hecho de que la Agencia de Información y Control Alimentarios impusiera el año pasado 272 sanciones a empresas alimentarias, la gran mayoría por incumplir los plazos de pago y anomalías en los contratos.

Ni el sector agrario, ni los distribuidores son culpables de agravar la escalada de precios de los alimentos, según García Azcárate: “En mis 40 años estudiando este mercado, nunca había visto una situación con este problema de oferta e inflación de costes. La idea de que hay un malo de la película que asalta a los consumidores no cuadra con la realidad”.

Los datos de Agricultura indican que los precios que pagan agricultores y ganaderos por lo que necesitan para producir, desde semillas a fertilizantes, crecieron en conjunto un 33,4% anual en noviembre. Pero los precios que percibieron por sus productos subieron menos, un 23,4% de media, y la renta agraria cayó un 5,5% en 2022. Es decir, no han trasladado toda la subida de costes. Esta tendencia de contención se mantiene en el siguiente eslabón de la cadena, la industria, donde los precios subieron un 17,2% en el mismo periodo, según los datos del INE. Y en la venta final al público, en los distribuidores, donde el incremento fue del 11,3% (el IPC alimentario de noviembre pasado).

Desde la asociación agraria COAG se destaca la diferencia de hasta el 500% que hay entre un producto fresco desde el origen hasta el punto venta. Aunque el ministerio avisa en su web de que en estas comparaciones en bruto hay que tener en cuenta todos los costes asociados de mantener una cadena alimentaria en marcha para el conjunto del sector (desde mano de obra, a mantenimiento de instalaciones y todos los costes de producción y adaptación a las demandas medioambientales). También hay que tener en cuenta que los precios de origen pueden bajar y en el lineal seguir altos, porque hay “un efecto de reposición”, explica García Azcárate, que hace que tenga que pasar un tiempo entre un momento y otro.

¿Es realmente competitiva la distribución en Europa? En España, Mercadona es líder, con una cuota del 25%, seguida por Carrefour (9,8%), Lidl (6%), Dia (4,4%) y Eroski (4,3%). Un reparto insuficiente, según la ministra Díaz. Suficiente, según los expertos de mercado de Kantar y Nielsen IQ. En Francia, las cinco mayores empresas suman un 78% y, en el mercado portugués, más del 50% está en manos de dos firmas.

Nueva tasa en Portugal

Portugal, donde las subidas de los precios de los alimentos están por encima del 20%, ha sido tajante en las medidas que ha tomado en relación con las empresas. El primer ministro, el socialista António Costa, descartó bajar el IVA a los productos alimentarios, pero las grandes cadenas de distribución tendrán que pagar una tasa temporal del 33% sobre sus beneficios extraordinarios de 2022 y 2023. Hay 108.000 personas que se benefician, además, de una cesta con una veintena de productos esenciales que financia el Gobierno, aunque es una medida anterior a la inflación. En septiembre se aprobó un paquete de medidas valoradas en 2.400 millones para compensar a las familias y a los pensionistas por la inflación.

Un movimiento llamado Vida Justa, creado en las áreas metropolitanas de Lisboa donde se concentran más familias con pocos ingresos, organizó hace una semana una manifestación en la capital para exigir que se limite el precio de los bienes esenciales, se suban los salarios y se frene la especulación inmobiliaria sobre la vivienda. El país vive una ola de protestas por los bajos salarios y la precariedad laboral en diversos sectores. El salario mínimo profesional portugués es de 760 euros. Si alguien quiere hacer una ensalada, tendría que gastar el 5% del salario mínimo para comprar un kilo de tomates corazón de buey.

La sombra de la duda planea sobre los márgenes de fabricantes y distribuidores. A nivel global, cadenas como la estadounidense Kroger, la holandesa Ahold Delhaize y la británica J Sainsbury aseguran que sobreviven con márgenes operativos del 4% o menos. En comparación, grandes fabricantes como Unilever y Nestlé trabajan con márgenes del 16% o 17%, según analizaba hace unos días Aimee Donnellan, columista de Reuters Breakingviews experta en el sector. En las últimas presentaciones de resultados, en febrero, ejecutivos de estas últimas empresas se han comprometido a responder al incremento de los costes subiendo los precios para proteger esos márgenes.

La distribución asegura que no puede hacerlo tan fácilmente porque pierde clientes, según explicaba Donnellan. En junio de 2022, la británica Tesco retiró de sus estanterías productos de Kraft Heinz por una disputa sobre precios. Ahold Delhaize dejó de vender KitKat y Nescafé (de Nestlé) por motivos similares. Lo mismo hizo la cadena francesa Casino, que no aceptó una subida del 22% del precio del agua Evian y Volvic de Danone.

Respecto a España, el conjunto del sector de la distribución asegura que sus márgenes son muy ajustados (entre el 1% y el 3% de las ventas). El Banco de España publicó en diciembre un análisis en el que concluye que, en los tres primeros trimestres de 2022, las empresas de comercio y hostelería registraron repuntes de sus márgenes. Pero no se refiere de forma específica a la distribución alimentaria. Sobre esta industria, la institución dice en el mismo documento que habría “experimentado caídas de rentabilidad”, como otros subsectores afectados por “el impacto negativo de los costes”.

Mercadona tiene previsto publicar sus resultados de 2022 este mes. Dia, cuarto operador en España, acaba de publicar sus cuentas y sigue en pérdidas. Carrefour también ha obtenido beneficios a escala global (no da el detalle por países). El grupo francés ganó 1.566 millones, lo que deja un margen neto del 1,7% de su facturación. El operativo fue de 2,9%, dos décimas inferior al de 2021.

Cesta asequible en Francia

En Francia, el Gobierno se ha enfrascado en un forcejeo con las grandes firmas de distribución, entre ellas Carrefour, para convencerlas de que, a partir del 15 de marzo, garanticen el precio mínimo posible en una serie de productos alimentarios. Se trata de contener —por la persuasión, y no con medidas obligatorias— la inflación en la alimentación. Para el presidente, Emmanuel Macron, la subida de precios en la alimentación es un motivo de preocupación. El temor es que el malestar estalle en algún momento, aunque por ahora lo que saca a centenares de miles de franceses a las calles no es la inflación, sino la reforma de las pensiones. Las demandas de salarios más altos ya motivaron en otoño huelgas en las refinerías. Podrían volver.

El Gobierno ya ha gastado 110.000 millones de euros desde 2021 para contener la subida del gas y la electricidad. Así mantuvo la inflación en los niveles más bajos de la UE el año pasado. Pero Macron no quiere gastar un euro, como sí hizo con la energía, con la alimentación, y aboga por un acuerdo voluntario con las empresas, acuerdo que debería concretarse en los próximos días. “El presidente no es capaz de proponer otra cosa que la caridad a las multinacionales de la alimentación, hay que dejar de capitular ante la inflación”, ha denunciado el diputado de extrema derecha Jean-Philippe Tanguy.

Macron confía en que la presión pública lleve a las multinacionales a contener los precios por propia iniciativa. El modelo es Total Energies, que hace unos días se comprometió, después de anunciar resultados estratosféricos, a que la gasolina diésel no superase en 2023 el precio de 1,99 euros por litro en las estaciones de servicio francesas.

Protestas en Bélgica

Las tensiones de precios en Bélgica son considerables y en los últimos meses ha habido protestas para pedir subidas salariales ante la escalada inflacionista. El precio de los alimentos escaló un 19,2% en enero en tasa armonizada, por encima de la media de la UE. El instituto belga de estadística calcula que los huevos han subido en los últimos meses un 38,6%; la leche, un 33,5%; el pan, el 20%; el pescado, un 15,7% y la carne, el 14,8%.

Desde que comenzaron a subir los precios en Bélgica, el Gobierno de coalición, formado por siete partidos, ha desplegado medidas muy similares a las de otros países europeos. A finales de 2022, por ejemplo, liberó unos 26 millones para la cesta de la compra de los hogares más vulnerables (unos 450.000). Se aumenta de 475 horas a 600 horas al año el tiempo que podrán trabajar los estudiantes con cotizaciones reducidas y sin perder otras ayudas familiares. Pero donde se puso más acento fue, sin duda, en las ayudas para pagar la factura energética: extensión del bono social a un millón de hogares, bajada del IVA del gas y la electricidad al 6% o rebaja en impuestos especiales a gasolina y gasóleo.

Rebaja fiscal en Italia

Tampoco se ha escapado Italia de la subida de la cesta de la compra, aunque la tasa armonizada está por debajo de la media, en el 12,6%, según Eurostat. Según las asociaciones de consumidores, las familias gastaron de media el año pasado 700 euros más en alimentación.

El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni ha prometido medidas para paliar la escalada de precios. Por el momento, ha rebajado entre dos y tres puntos la llamada cuña fiscal (la diferencia entre el salario que paga un empleador y lo que un trabajador se lleva a casa). Se trata de una medida en la línea de las impulsadas por el Ejecutivo precedente guiado por Mario Draghi que sirve para aumentar los salarios en la práctica entre 10 y 30 euros mensuales. Meloni también tanteó un descenso del IVA al 5% para alimentos de primera necesidad como el pan o la leche que no llegó a aprobarse.

Escalada en los Países Bajos

En Países Bajos, el IPC armonizado se situó en el 17,7% en enero, según Eurostat. Ha subido la leche, el queso y los huevos, la carne y el pescado, las verduras... mientras en los últimos meses ha bajado el precio de los cereales y también las grasas alimentarias, pero el ajuste no se ha notado todavía en el bolsillo del consumidor. Los análisis más recientes publicados por los expertos del banco Rabobank apuntan la posibilidad de que los precios empiecen a descender hacia finales del verano.

En 2023, el sueldo medio holandés es de 40.000 euros brutos anuales, señala el Instituto de Investigación Financiera ADP. Un paquete de pan integral de molde (compra estándar en el hogar) vale 2,49 euros. Si se compra uno diario, sería un gasto de 74 euros mensuales.

Con información de Marc Bassets (París), Tereixa Constenla (Lisboa), Manuel V. Gómez (Bruselas), Lorena Pacho (Roma) e Isabel Ferrer (La Haya).

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