Portugal cobrará un impuesto a las cadenas de distribución alimentaria por los beneficios extraordinarios

Los grupos de la distribución alimentaria pagarán en Portugal una tasa temporal por los lucros extraordinarios que les está aportando la inflación. El primer ministro luso, el socialista António Costa, aprovechó el debate sobre los Presupuestos del Estado para 2023 para anunciar que la presión fiscal de este ejercicio no solo se elevará para las empresas de los sectores energéticos que han logrado grandes beneficios por el impacto de la crisis causada por la guerra de Ucrania en sus negocios, sino también para el sector de la distribución, que tributarán por los beneficios que “están teniendo injustificadamente debido a esta crisis de inflación”.

Costa no detalló si el impuesto a las cadenas de supermercados será similar al que se aplicará a refinerías y empresas de petróleo, gas y carbón, que pagarán al menos un 33% sobre los beneficios extraordinarios de 2022. Dejó claro, sin embargo, su carácter temporal y, de momento, limitado a este ejercicio. Esto obligará a que la tramitación de la medida se realice en un proyecto de ley al margen de los Presupuestos Generales, que pueda aprobarse antes de que acabe el año.

La tasa de inflación en Portugal en septiembre alcanzó el 9,28%, la más elevada de los últimos 30 años, debido al empuje de los precios en el sector energético y en la alimentación, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En el conjunto de la zona euro, la subida fue del 10%. El Banco Central de Portugal prevé para 2022 una inflación del 7,8%, ligeramente superior a la que baraja el Gobierno portugués, y un deterioro de la situación económica a partir de 2023. En su último boletín había un respaldo implícito a las medidas fiscales extraordinarias en un contexto inflacionario también extraordinario: “El efecto diferenciado del aumento de la inflación sobre las familias y las empresas puede justificar la adopción de medidas temporales y específicas, que permitan amortiguar el impacto sobre los sectores más vulnerables”.

La ampliación a las cadenas de distribución de una tasa sobre los beneficios imprevistos fue una de las pocas medidas de António Costa que pueden contentar a la izquierda parlamentaria, que considera que el proyecto de Presupuestos de 2023 ayuda más a las empresas que a las familias. Costa realizó su anuncio durante una respuesta al líder del Partido Comunista Portugués, Jerónimo de Sousa, al que desafió: “Esperamos contar con su voto”.

La segunda medida que también era un guiño al ala izquierdista de la Asamblea de la República fue el anuncio de que se obligará a la banca a renegociar los préstamos hipotecarios de las familias con más apuros económicos. Esta medida será aprobada en el Consejo de Ministros de la próxima semana y obligará a las entidades a renegociar los créditos cuando los intereses superen los analizados en las pruebas de estrés realizadas a los clientes cuando solicitaron el préstamo.

El proyecto de Presupuestos para 2023, que inicia ahora el trámite de las enmiendas en las comisiones, saldrá adelante con comodidad gracias a la mayoría absoluta del Partido Socialista. Está previsto que voten en contra los tres partidos de la derecha (PSD, Chega e Iniciativa Liberal) y los dos de la izquierda que en el pasado formaron la alianza parlamentaria que permitió gobernar a los socialistas entre 2015 y 2021 (Partido Comunista Portugués y Bloco de Esquerda). Los dos diputados ecologistas de Livre y PAN anunciaron que se abstendrían.

El ministro de Finanzas, Fernando Medina, rechazó que las cuentas respondan a una política de “austeridad” y destacó las ayudas por valor de 2.000 millones en distintas medidas dirigidas a trabajadores, pensionistas y menores, además de los acuerdos firmados para subidas salariales en la función pública y en el sector privado. “Si tuviésemos un déficit del 3%, ¿qué margen tendríamos para apoyar a las familias y a la economía? Ninguno. Esa es la verdadera austeridad”, ha señalado ante la Cámara esta mañana. Medina subrayó el contexto difícil que afronta el país y la importancia de no desmadrar la política presupuestaria: “No vendemos ilusiones. Hacemos elecciones. Es un presupuesto que protege los rendimientos de las familias y las cuentas correctas”.

Los Presupuestos contemplan un crecimiento económico del 1,3%, una reducción de la deuda pública (110,8% del PIB) y del déficit (0,9%) para el próximo año y subidas de pensiones y salarios que no son suficientes para compensar la escalada inflacionaria de los últimos meses. La obsesión de António Costa por reducir el déficit y la deuda pública es muy criticada por la oposición, que le acusa de cuidar más de los intereses de Bruselas que de las familias portuguesas. No parece que los reproches vayan a mover la política presupuestaria socialista. Costa anunció que sus metas hasta 2026 son crecer un punto anual por encima de la zona euro, aumentar del 45% al 48% el peso de los salarios en el PIB y bajar la deuda pública del 100% del PIB.