Las grandes economías sacan la chequera para amortiguar el golpe de la inflación y la crisis energética

La inflación aprieta y nadie está dispuesto a quedarse cruzado de brazos. Mientras los bancos centrales han dado un giro de 180 grados a su política monetaria, con una subida de tipos sin precedentes en el caso del Banco Central Europeo, los gobiernos preparan la herramienta a su alcance: la política fiscal. Como España —que ha anunciado impuestos temporales a la banca y las energéticas, descuentos fiscales a los carburantes y el recibo eléctrico, o cambios en el IRPF y sociedades —, todas las grandes economías continentales han perfilado cambios en las últimas semanas. Desde el macropaquete de ayudas alemán, que ha suscitado recelos en el resto de socios, hasta la rebaja fiscal anunciada por el Reino Unido, que generó turbulencias en los mercados y obligó al Banco de Inglaterra a intervenir. Así están respondiendo distintos países a la crisis energética e inflacionaria:

Alemania, el plan más ambicioso

El ministro de Economía alemán, el liberal Christian Lindner, presentó el jueves en Berlín el último y contundente fondo con el que pretende combatir la inflación y ayudar a empresas y ciudadanos a aliviar los desbocados precios de la energía. El Gobierno de Olaf Scholz ha sacado la chequera: empleará 200.000 millones de euros (equivalentes a la cuarta parte de todo el fondo europeo de recuperación) sobre todo en poner un tope al precio de la electricidad y otro al del gas.

El mecanismo, que ha desatado críticas entre los socios europeos por el impacto que puede tener en la competencia, aún tiene que desarrollarse. El acuerdo inicial apunta a que, en el caso de la electricidad, se establecerá un precio máximo para un tramo de consumo básico y se utilizarán los beneficios extras de las empresas para ayudar a financiarlo. Para el gas, Scholz ha designado un comité de expertos que hará su propuesta en dos semanas e incluirá también un consumo básico con precio acotado.

En agosto, Berlín anunció también la reducción del IVA del combustible, del 19% al 7%. En principio estaba pensado para compensar el controvertido recargo al gas que iban a pagar los consumidores en sus facturas a partir del 1 de octubre, pero este ha sido suprimido. Las importadoras de gas que tengan problemas, como Uniper, que se va a nacionalizar, recibirán ayudas específicas. Se calcula que el IVA reducido costará unos 14.000 millones a las arcas públicas. El Ejecutivo del socialdemócrata Scholz ha puesto además en marcha tres paquetes de ayudas muy centrados en colectivos especialmente afectados por la inflación, que incluyen pagos directos y únicos a jubilados, estudiantes y trabajadores para hacer frente a las facturas de este invierno.

Francia contiene la inflación

Francia, con todo el peso de su Estado omnipotente y de una arraigada tradición intervencionista, se ha movilizado como pocos para contener la subida de los precios. Por ahora lo ha logrado. Es el país de la UE con inflación más baja, un 6,2%, según los últimos datos de Eurostat. Lo ha conseguido, en gran parte, con el llamado escudo energético que puso en marcha a finales de 2021. Este ha limitado para 2022 el aumento del precio de la electricidad a un máximo del 4% y ha congelado el precio del gas. En 2023, limitará a un 15% tanto el aumento del gas como el de la electricidad. Su coste se estima en 30.000 millones este año y, según el proyecto de presupuestos presentado recientemente, 45.000 millones en 2023.

Otras medidas son la reducción en 30 céntimos por litro del precio de la gasolina (10 céntimos a partir de noviembre) y un tope del 3,5% durante un año para la subida de los alquileres. También hay ayudas dirigidas a los colectivos más vulnerables, como el aumento en un 4% de los subsidios sociales (también aplicable a las pensiones), o un cheque energía de entre 100 y 200 euros que recibirán hasta final de año los 12 millones de hogares más modestos.

Las limitaciones de precios en la energía han dejado un agujero en Électricité de France (EDF). La empresa semipública, que está a punto de volver a ser nacionalizada, ha llevado ante el Consejo de Estado a su primer accionista, la República francesa, por las pérdidas ocasionadas. El presidente, Emmanuel Macron, estableció al llegar al poder en 2017 una línea roja en política económica: no subir impuestos. Lo que sí ha hecho es ralentizar el ritmo de bajada del impuesto sobre la producción de las empresas. Y para pagar la cuenta de las medidas aprobadas, confía en obtener mayores ingresos del mecanismo de compensación que permite al Estado recuperar una parte de los beneficios excesivos que, gracias a la subida de los precios, reciben las empresas de energías renovables. Las futuras reformas del seguro de desempleo y de las pensiones también deben servir para reducir el déficit y atenuar la deuda.

Italia baja las cotizaciones

El Gobierno italiano, bajo la guía del primer ministro saliente, Mario Draghi, aprobó en verano un paquete de medidas extraordinarias destinadas a paliar los efectos de la elevada inflación, que en el país transalpino ha rozado el 9% en septiembre. Italia gastará 17. 000 millones de euros en ese plan, centrado en proteger a las empresas y familias del aumento de los precios energéticos y al consumidor. Se suman a los 35.000 millones presupuestados desde enero para mitigar el impacto de los altísimos costes de la electricidad, el gas y la gasolina.

Del total, 1.200 millones irán destinados a reducir la llamada cuña fiscal, la diferencia entre el salario que paga el empresario y lo que le llega al empleado. En esta línea, se reducirán las cotizaciones de los trabajadores un 2%, lo que no es un aumento real de los salarios, pero en la práctica supondrá un incremento efectivo de la nómina que perciben los trabajadores con ingresos anuales de hasta 35.000 euros.

Roma, además, ha extendido la rebaja de 30 céntimos en el precio de los carburantes hasta mediados de octubre; ha suspendido las “modificaciones unilaterales de los contratos de suministro” y ha eliminado los denominados gravámenes de costo del sistema, que representaban hasta el 20% de las facturas de energía. También ha reducido al 5% el IVA del gas metano para uso doméstico e industrial. Las medidas son temporales, muchas están prorrogadas y expiran en diciembre. Se prevé que el nuevo Ejecutivo, aún por conformar tras las elecciones de la semana pasada, pueda extenderlas en caso de necesidad.

El Reino Unido, a contracorriente

La nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, se alzó con la victoria en la lucha por liderar el Partido Conservador el pasado verano, a base de prometer una rebaja impositiva que todos los expertos desaconsejaban, pero que fue música para los oídos de los poco más de 80.000 afiliados que la auparon hasta Downing Street. El ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, tan convencido como su jefa de la necesidad de resucitar las políticas neoliberales de la década de los ochenta para impulsar una economía aletargada desde hace más de una década, presentó el 23 de septiembre la mayor propuesta de bajada de impuestos del último medio siglo. El plan, por un valor superior a los 50.000 millones de euros, incluye la reversión de la subida de las cotizaciones a la seguridad social aprobadas por el anterior Gobierno y destinada a financiar el maltrecho Servicio Nacional de Salud. También anula el incremento para 2023 del impuesto de sociedades del 19% al 25%; acaba con el tipo máximo del 45% del IRPF para las rentas más altas; y, finalmente, baja del 20% al 19% el tipo básico del impuesto sobre la renta.

Si la decisión ya lanzaba un mensaje políticamente tóxico, al beneficiar fiscalmente a los más ricos con una rebaja impositiva generalizada, todo se agravó aún más por la decisión del nuevo Gobierno de destinar cerca de 150.000 millones de euros a ayudas directas a hogares y empresas para hacer frente a las elevadas facturas de luz y gas. Todo ese dinero, junto al de la rebaja de impuestos, saldría directamente de la deuda pública, porque la primera ministra Truss se negaba además a volver a gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.

Inmediatamente, los mercados intuyeron que el nivel de deuda previsto, con una inflación galopante (9,9%) y unos tipos de interés al alza, era insostenible. El valor de la libra se desplomó a su peor nivel en casi 40 años y la prima de riesgo de los bonos a largo plazo se disparó. El Banco de Inglaterra, que apenas seis semanas antes había anunciado su decisión de dejar de otorgar liquidez masiva con el famoso quantitave easing (expansión cuantitativa), tuvo que dar un giro drástico y anunciar que retomaría la compra, “en la escala que fuera necesaria”, de bonos de deuda pública a largo plazo. El FMI, los principales bancos y fondos de inversión, y muchos diputados conservadores comenzaron a sumar voces en las últimas horas para que el Gobierno dé marcha atrás. La respuesta llegó este lunes, con la retirada de la medida más odiada, la supresión del tipo máximo del 45% del IRPF para las rentas más altas. El Banco de Inglaterra se ha comprometido a gastar más de 70.000 millones de euros hasta el 13 de octubre. A partir de ese momento, los mercados dictaminarán si la credibilidad económica de Truss se sostiene.

Holanda sube impuestos a los ricos

Con un 17,1% de inflación este septiembre, el recuento más alto desde la II Guerra Mundial, el Gobierno de Países Bajos espera que la inyección de 17.000 millones incluida en los Presupuestos Generales del Estado sirva para apuntalar el poder adquisitivo. Sigrid Kaag, ministra de Finanzas, ha calificado la subida de precios como “terrible”, pero también ha pedido tranquilidad: “Es preciso ser cautos para no quedarnos sin dinero en caso de que haya una recesión; intervenir ahora gastando más podría reforzar la inflación”.

Según el Plan Fiscal para 2023, presentado al Parlamento el 20 de septiembre, se mantendrán hasta el próximo junio los vigentes impuestos sobre los combustibles, con reducciones para la gasolina, el gasóleo y el gas licuado. También bajará la tasa del impuesto sobre la renta de los trabajadores: pasará de un 37,07% a un 36,93% en el tramo de hasta 73.071 euros. Unido a ello, habrá topes para el precio del gas y la electricidad que pagan por los hogares, absorbiendo el Gobierno una parte. Se calcula un descuento de 1,5 euros por metro cúbico de gas y de 70 céntimos de euro por un kilovatio de luz, aunque la cifra está sujeta “a la incertidumbre del momento”, según el Gabinete. A la vez, el impuesto sobre el rendimiento del capital de las rentas altas pasará del un 31% a un 34 %. Y habrá exención impositiva sobre los activos de ahorros de hasta 57.000 euros, para ayudar a los denominados pequeños ahorradores.

Bélgica: huelga general

El 21 de septiembre, unas 10.000 personas se manifestaron en Bruselas, un ensayo para la huelga general que han convocado los sindicatos el 9 de noviembre en Bélgica. Reivindican la indexación total de los salarios al IPC, que desde julio muestra subidas por encima del 10% y en septiembre ha llegado al 12%. Como en toda Europa, la causa principal de la inflación está en la energía. De ahí que tres días antes de esa manifestación, el Gobierno belga aprobara un nuevo paquete de medidas para rebajar la factura. Extendió hasta el 31 de marzo la rebaja del IVA del gas y la electricidad del 21% al 6%, que se suma a otras ayudas para que los hogares más vulnerables puedan pagar la calefacción. Y a todo esto se añade una rebaja de los impuestos especiales sobre la gasolina y el gasóleo.

El paquete fiscal se completó con la presentación de un proyecto de ley para crear el impuesto sobre los beneficios extraordinarios que están obteniendo las energéticas por los altos precios del gas. El Gobierno de Alexander de Croo se adelantaba así a la aprobación definitiva por el Consejo de la UE de la recomendación de gravar los denominados beneficios caídos del cielo. Al margen de este paquete coyuntural, el ministro de Finanzas, Vincent van Peteghem, se ha mostrado partidario de reducir impuestos “a las clases medias”. Su propuesta es reducir una contribución extraordinaria a la Seguridad Social que pagan todos los trabajadores desde 1994. Y su argumento es que en principio era un gravamen para ricos pero ahora lo pagan más las clases bajas y medias.