Un sistema fiscal sin reformar, pero con muchos parches

La historia no se repite, pero rima. Después del aluvión de rebajas fiscales anunciadas por las comunidades autónomas, el Gobierno presentó el jueves su batería de medidas tributarias, algunas temporales y otras permanentes, que reducen la presión sobre los trabajadores con ingresos bajos, autónomos y pymes, y la elevan para grandes sociedades y multimillonarios. Al margen de las críticas de electoralismo —en 2023 habrá comicios autonómicos, municipales y generales—, el paquete está lejos de ser la “profunda” reforma fiscal a la que el Ejecutivo se había comprometido antes de la pandemia y la crisis energética, pero se suma a los múltiples ajustes en el sistema que se han ido introduciendo a lo largo de la legislatura: nuevos impuestos, subidas del IRPF a las rentas altas, reducción de los beneficios fiscales en sociedades o cambios en el IVA.

El mismo Gobierno dijo en julio que la reforma fiscal “completa” quedaba aplazada por la incertidumbre económica, pero aseguró que habría cambios. Algunos de ellos se recogen a continuación, tanto los anunciados en el último paquete —muchos irán en los Presupuestos de 2023, que se presentarán en los próximos días—, como los aprobados con anterioridad.

Imposición fiscal a la riqueza. Dos de los principales impuestos que afectan a la riqueza, el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones, están cedidos a las comunidades. Esto restringe el margen del Estado para actuar sobre ellos, pero el Gobierno acaba de plantear otra vía para llegar a las grandes fortunas: un nuevo gravamen temporal a los patrimonios de más de tres millones de euros (unos 23.000 contribuyentes, según Hacienda). El Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, como ha sido bautizado, tendrá un tipo del 1,7% hasta los cinco millones de euros, del 2,1% para bases superiores y del 3,5% para riquezas de más de 10 millones. Estará vigente, en principio, en 2023 y 2024, con una recaudación potencial de 1.500 millones al año.

Para evitar la doble imposición, la cuota del impuesto cedido a las comunidades será deducible en el nuevo gravamen. Esto implica que el tributo acabará cobrándose, de facto, en aquellos territorios que bonifican el impuesto. Madrid es la única que lo hace al 100%, pero Andalucía y Galicia han anunciado hace poco bonificaciones del 100% y del 50%, respectivamente.

IRPF. Habrá rebaja del IRPF para rentas bajas en los Presupuestos de 2023. Estos incluirán una mejora en la reducción por rendimientos del trabajo, que de los 18.000 euros actuales se extenderá hasta los 21.000. La ampliación de este beneficio hará que el umbral a partir del cual se debe tributar se eleve de los 14.000 a los 15.000 euros. Así, un trabajador sin hijos y sueldo de 18.000 euros brutos se ahorraría 746 euros al año, según los cálculos de Hacienda. La merma estimada para las arcas públicas es de 1.881 millones.

El Gobierno ha elegido este instrumento tras criticar las deflactaciones en el IRPF y recortes de tipos propuestas por las autonomías del PP, así como la fórmula diseñada por la Comunidad Valenciana, que prevé subir deducciones y mínimos y remodular la escala autonómica. “Lo dicen todos los organismos internacionales: hay que evitar bajadas masivas de impuestos”, dijo la ministra María Jesús Montero al presentar el nuevo paquete fiscal, y subrayó que sus medidas son “selectivas” y “quirúrgicas”. A la vez, habrá mejoras para los autónomos: la reducción por gastos de difícil justificación en la estimación directa subirá del 5% al 7%, y habrá una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos.

También se elevará la carga fiscal para quien más gane: el tipo de las rentas del ahorro pasará del 26% al 27% para ingresos a partir de 200.000 euros, y hasta el 28% para quien declare más de 300.000 euros. El Ejecutivo ya había elevado el IRPF de las rentas altas, tanto del trabajo como del ahorro, en los Presupuestos de 2021, los primeros que aprobó. Entonces incrementó en dos puntos la base imponible general para ingresos superiores a 300.000 euros, creando un nuevo tramo al 47%. Para las rentas del capital de más de 200.000 euros, el alza fue de tres puntos, del 23% al 26%. Ese mismo año, se redujo el límite máximo de deducción por las aportaciones a los planes de pensiones individuales de 8.000 euros a 2.000 —luego se rebajó hasta los 1.500 euros—, y lo elevó para los planes colectivos.

Sociedades. También este impuesto ha sufrido cambios a lo largo de la legislatura. En 2021 entró en vigor la limitación del 100% al 95% de la exención de dividendos y plusvalías obtenidos por la participación en filiales —con una moratoria de tres años para pymes—, y se fijó un tipo especial del 15% sobre los dividendos no distribuidos de las socimis (sociedades especializadas en inversiones inmobiliarias). En los Presupuestos de 2022 se aprobó un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible de grupos consolidados y empresas con facturación superior a 20 millones, a la espera de una solución internacional sobre la nueva fiscalidad de las multinacionales.

Para el próximo año, el Gobierno quiere limitar la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales de los grupos consolidados. La medida tiene carácter temporal para 2023, afectará a 3.609 empresas, el 0,2% del total, y no implicará que el crédito fiscal se pierda, sino que se aplace su deducción. El beneficio para los ingresos públicos rozará los 2.500 millones. En cambio, el tipo nominal del impuesto bajará del 25% al 23% para las pymes que facturan menos de un millón.

Tributos medioambientales. Es una de las grandes asignaturas pendientes en materia fiscal. Según el comité de expertos para la reforma fiscal, que presentó en marzo sus conclusiones, se podrían recaudar 15.000 millones más en impuestos verdes. Pero la crisis energética ha dinamitado cualquier nueva iniciativa. De momento, se ha puesto en marcha un impuesto al plástico no reutilizable, que empezará a aplicarse en enero de 2023, y la ley de residuos y suelos contaminados.

IVA. A lo largo de la legislatura no se han tocado los tipos —general (21%), reducido (10%) y suprerreducido (4%)—, pero sí se han revisado las tarifas que afectan a determinadas categorías de bienes, tanto al alza como a la baja. El IVA eléctrico ha experimentado la mayor rebaja, inicialmente del 21% al 10%, y después al 5%. Junto a ella, el Gobierno recortó el impuesto especial sobre la electricidad (del 5,1% al 0,5%) y suprimió el tributo de generación. Estas medidas ha supuesto en su conjunto una merma en la recaudación de 6.127 millones de euros desde su entrada en vigor en 2021 hasta agosto, según la Agencia Tributaria. A inicios de este mes, también se ha aprobado una rebaja del IVA del gas del 21% al 5%. La ministra de Hacienda ha subrayado que estos recortes en materia energética suponen “la mayor rebaja fiscal que nunca ha hecho un Gobierno”.

En 2020 también se rebajó al 4% el IVA de las mascarillas quirúrgicas y se aplicó un tipo 0 al material sanitario contra la covid, mientras que el año siguiente el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas subió del 10% al 21%. En los Presupuestos de 2023, el Gobierno ha acordado reducir al 4% el IVA de los productos de higiene íntima femenina, una iniciativa incluida en el acuerdo de coalición que se cayó de la ley del aborto. La rebaja se aplicará también a preservativos y anticonceptivos no medicinales.

Nuevos impuestos. Hay dos nuevas figuras en trámite: un gravamen del 4,8% sobre el margen de los intereses y las comisiones de los grandes bancos, y un recargo del 1,2% sobre la cifra de negocio de las energéticas. Dos sectores que, según el Gobierno, están obteniendo beneficios extraordinarios por la subida de tipos y de los precios energéticos, respectivamente. Los impuestos serán temporales (2023 y 2024) y Hacienda prevé que brinden 7.000 millones adicionales a las arcas públicas para financiar las medidas contra la inflación.

Estos no son los únicos dos nuevos tributos de calado creados en la legislatura. El Congreso también dio luz verde a la tasa Tobin sobre las transacciones financieras y al impuesto digital o tasa Google, en vigor desde enero de 2021.

Inmuebles. El Gobierno ha aprobado un nuevo sistema de cálculo del impuesto de plusvalía municipal, que paga quien vende, hereda o recibe en donación un inmueble por la supuesta revalorización de los terrenos, después de que el Tribunal Constitucional lo tumbara. El nuevo sistema prevé dos fórmulas para determinar el importe del tributo: calcular la base imponible a través del beneficio obtenido por la operación, o aplicar unos nuevos coeficientes al valor catastral del terreno. Además, la nueva ley contra el fraude ha introducido el nuevo valor de referencia de los bienes inmuebles, que sirve de base imponible para gravámenes como el ITP (transmisiones patrimoniales), patrimonio o sucesiones y donaciones. Según los asesores fiscales, este método está suponiendo un aumento de las cargas tributarias.