¿Cuánto pagan los ricos en España?

El impuesto sobre el patrimonio vuelve a estar en el ojo del huracán. Aunque afecte a menos del 0,5% de la población, la más rica, cada tanto —muy a menudo en épocas cercanas a las elecciones— se convierte en el protagonista absoluto del debate político. Incluso ahora, con una guerra en marcha en el corazón de Europa y una inflación desbocada. El último terremoto es muy reciente y tiene epicentro en Andalucía. El sismógrafo empezó a enloquecer cuando la Junta (PP) anunció que suprimirá el gravamen, y el Gobierno contraatacó desvelando que quiere imponer un nuevo tributo temporal a las grandes fortunas. La polémica está servida en bandeja de plata: el plato principal es un impuesto controvertido, que es motivo de trifulcas entre comunidades y que solo conserva España dentro de la UE. Aunque esto no significa que en los demás países no exista imposición fiscal a las grandes fortunas.

El impuesto sobre el patrimonio grava el conjunto de la riqueza de los más adinerados: inmuebles, dividendos o bienes de lujo, entre otros, con valor total superior a 700.000 euros, excluidos 300.000 euros de la vivienda habitual. Ya ningún país vecino, salvo Noruega y Suiza, tiene un tributo similar: progresivo, periódico y que grave la riqueza en general. “Ahora bien, al menos en el caso español, una cosa es tenerlo y otra es que cumpla con los objetivos para los cuales fue diseñado”, puntualiza Alejandro Esteller Moré, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. “Sí, somos los únicos de la UE con un impuesto sobre el patrimonio neto, pero en otros países se gravan aspectos puntuales de la riqueza. Francia, por ejemplo, tiene un impuesto sobre la fortuna inmobiliaria”, añade Ransés Pérez Boga, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

Los impuestos sobre la riqueza se pueden agrupar en dos grandes categorías: por un lado están aquellos que afectan la tenencia de bienes, como el IBI o el mismo patrimonio, o que gravan los rendimientos del capital, y por el otro los relativos al traspaso, por ejemplo el gravamen sobre las herencias y las donaciones o las transmisiones patrimoniales. La OCDE y Eurostat agrupan el grueso de estos tributos bajo el epígrafe impuestos sobre la propiedad, y Francia destaca como el país donde más peso tienen: en 2020 brindaron casi 70.000 millones, cifra equivalente al 4,6% del PIB y al 6,6% de la recaudación total del país. Le siguen Bélgica y Grecia (un 3,5% y un 3,4% del PIB, respectivamente); España ocupa el cuarto lugar (30.000 millones y un 2,7% del producto interior bruto, frente a la media del 2,4% de la eurozona), pese a ser el único en contar con un tributo sobre el patrimonio neto.

Este recaudó 1.200 millones en 2020, el 0,6% de la recaudación total. La cifra en términos absolutos se ha mantenido estable en los últimos años, con una ligera tendencia al alza, pese a que la concentración de la riqueza y el patrimonio medio declarado hayan crecido. También se ha mantenido el debate sobre la permanencia o supresión del impuesto, que entre 2008 y 2011 se llegó a eliminar. Y no lo hizo un Ejecutivo ultraliberal: al frente del Gobierno estaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Una década después, pocas cosas han cambiado. Los detractores del tributo critican que grava bienes sobre los cuales ya se han pagado otros impuestos, como el IRPF o el IBI, produce pocos ingresos y ya no existe en otros países. Sus partidarios coinciden en que necesita ser reformado, pero lo defienden como instrumento de equidad, que grava dimensiones de la riqueza que se escapan a otros impuestos y como una fuente importante de información censal.

“También cobramos todos los meses y pagamos por el IRPF, luego vamos al supermercado, compramos con ese dinero y pagamos IVA. Jurídicamente, no hay doble imposición”, zanja Santiago Lago, catedrático en la Universidad de Vigo y miembro del comité de expertos para la reforma fiscal. “Creo que la riqueza es un buen indicador de la capacidad de pago de los individuos. Aunque no necesariamente esta tributación deba instrumentarse a través de un impuesto sobre el patrimonio neto. Existen fórmulas alternativas para hacerlo”, señala.

El Libro Blanco de los expertos defiende mantener el impuesto como instrumento que “puede contribuir a la redistribución de la riqueza y a la reducción de la desigualdad”, aunque recomienda reformarlo. Una eventual supresión, señala, “debe venir necesariamente acompañada de una imposición sólida sobre las rentas y ganancias del capital y manteniendo o estableciendo impuestos sobre determinados elementos patrimoniales”.

“Hay activos que mientras no se vendan no tributan en el IRPF, a pesar de obtener un rendimiento o ganancias no realizadas, lo cual genera una ventaja para su poseedor a través de diferir el pago de impuestos hasta el momento de la enajenación. Mientras, además, su poseedor puede incluso aumentar su riqueza, por ejemplo, gracias al apalancamiento financiero que les genera esa fuente de capacidad económica: la riqueza. El impuesto sobre el patrimonio hace que tributen por esta capacidad”, ejemplifica Esteller Moré, partidario de reformar el impuesto estableciendo un mínimo exento elevado, una base comprehensiva y un tipo bajo. Si se decidiera eliminar, añade, habría que compensar a las comunidades, por ejemplo, con una subida de los tipos del ahorro en el IRPF y sin descartar concederles capacidad fiscal.

Competencia fiscal

El impuesto sobre el patrimonio es un gravamen estatal, pero su gestión está cedida a las comunidades, que tienen capacidad para modificar tipos y aplicar bonificaciones y deducciones que pueden de facto anular la recaudación. Madrid fue la primera autonomía en bonificar el impuesto al 100%, y hasta ahora la única. Andalucía quiere seguir el mismo camino; Murcia también pretende suprimir el impuesto y Galicia acaba de anunciar que ampliará la rebaja del 25% al 50%. Es decir: hay una competencia fiscal a la baja, que ya había empezado hace una década con el impuesto de sucesiones y donaciones, también cedido a las autonomías.

Hasta el momento solo Madrid estaba en el punto de mira, acusada por otros Gobiernos regionales de hacer dumping fiscal y aprovechar su capitalidad para bajar impuestos. Según un estudio de los investigadores Dirk Foremny, David R. Agrawal y Clara Martínez-Toledano, Madrid ha atraído a contribuyentes acaudalados gracias a la rebaja de patrimonio, en un juego que no es de suma cero: lo que pierden las otras autonomías no lo recauda la región capitalina. Se pierde, y con ello se reduce la financiación para los servicios públicos.

“Lo que está pasando pone en evidencia que el impuesto sobre el patrimonio está herido de muerte, y que hay que poner encima de la mesa un nuevo sistema de financiación autonómica que replantee los impuestos autonómicos en España”, opina Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, quien considera que hay que plantear la eliminación del impuesto, que ha perdido potencia recaudatoria y genera externalidades negativas entre territorios.

El Gobierno todavía no ha desvelado los detalles del nuevo tributo a las grandes fortunas que está estudiando, pero fuentes gubernamentales apuntan que podría complementarse con un recargo en el IRPF, con un alza en los tipos de la base imponible del ahorro, que es donde se concentra la fortuna de los más ricos, recuerda el inspector de Hacienda Pérez Boga. “Haría falta una reforma ambiciosa del sistema en general, pero ahora es muy difícil, por la coyuntura económica y el momento político”, zanja.