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Zapatero sigue su viaje al centro con la supresión del impuesto de patrimonio

"Se ha convertido en un tributo que recae en la clase media", dijo el presidente

El PP lo celebró e IU se escandalizó. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se sumó ayer a la carrera electoral de promesas de recortes de la presión fiscal, en la que sacaba ventaja el PP, con el anuncio de la supresión del impuesto sobre el patrimonio (IP) si vuelve a gobernar. Este impuesto, que recaudan las comunidades autónomas, recae sobre todo en las clases medias. La mitad del millón de contribuyentes que lo abonan declaran un patrimonio de entre 120.000 y 300.000 euros. Este dato, unido al aplauso de la derecha y la estupefacción de la izquierda y los sindicatos, define ideológicamente la medida, ya considerada "controvertida y discutible" en sectores del PSOE. No obstante, sólo el 3,7%, declara más de un millón y medio.

Los redactores del programa del PSOE preveían reducirlo, no suprimirlo

El impuesto sólo está vigente en España, Francia y Suecia

El anunció de Zapatero sorprendió a las decenas de personas que trabajan en las propuestas económicas del programa electoral. Hace 15 días, la opinión mayoritaria caminaba por otra dirección. Se hablaba de "reforma", pero no de supresión. La idea era dejar exento del pago de este tributo al 80% de los contribuyentes. "¿Para quién estamos trabajando?", se preguntaba ayer uno de los expertos. "Los expertos hacen propuestas pero la decisión última es del presidente y del vicepresidente", zanjaron ayer en la dirección del PSOE. El propio vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, apuntaló ayer en Bruselas la supresión.

Este impuesto, que grava el ahorro, lo soportan cerca de un millón de declarantes. 957.503 lo declararon en 2005, con una recaudación 1.442 millones de euros (el 0,40% de los ingresos de impuestos). Toda esa cantidad va a parar a las comunidades autónomas y son Madrid (con casi el 30%), Cataluña (el 25%) y la Comunidad Valenciana (10%), las más representativas. Tanto Madrid como Valencia habían anunciado su voluntad de eliminarlo.

En septiembre, el nuevo líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, se mostró partidario de la supresión del impuesto, en línea con lo expresado por la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Detractores de la medida, siempre dentro del PSOE, vieron de inmediato la doctrina de Miguel Sebastián, ex asesor económico del presidente del Gobierno. La tesis de que la larga mano de Sebastián está detrás de la medida, sin embargo, se debilita por el apoyo que ha recibido de Solbes.

Para los partidarios de la reforma, que no de la supresión, supone "un paso atrás en la corresponsabilidad fiscal del Estado con las comunidades autónomas; un bocado al superávit presupuestario y, se diga lo que se diga, beneficia a los más ricos". Zapatero prometió ayer compensaciones a las comunidades autónomas por lo que dejen de ingresar si se elimina el impuesto.

El Jefe del Ejecutivo explicó sus razones en unas jornadas organizadas por The Economist: "El impuesto sobre el patrimonio se ha convertido en un tributo que recae sobre las clases medias, pero no sobre las más altas, que encuentran diversos instrumentos y fáciles mecanismos de elusión". En su opinión, el tributo "incide desigualmente en el tratamiento fiscal de los españoles", cuando se creó para regularizar el patrimonio no declarado, sobre todo de las clases más poderosas. En opinión de Zapatero, con su supresión, además de garantizar la igualdad, supone un "estímulo para que en este país no se penalice el ahorro".

Este impuesto se instauró en la ley de 1977 dentro de la reforma fiscal abordada por el Gobierno de UCD, siendo ministro de Hacienda Francisco Fernández Ordóñez. Nació como un tributo extraordinario y transitorio, complementario del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF).

En la actualidad, además de España, sólo está vigente en Francia y Suecia. Su supresión, 30 años después, responde, según Zapatero, al deseo de contar con un sistema "razonable, equilibrado y simplificado".

También justificó que esta medida descansa en la buena salud las cuentas públicas, que arrojaron un superávit del 1,8% del PIB el año pasado y tendrá un comportamiento similar este ejercicio. El mismo razonamiento le permite aventurar que "sigue habiendo margen" para una nueva reducción de impuestos en la próxima legislatura, aunque matizó que dicha rebaja deberá hacerse "prudentemente".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de diciembre de 2007