Sólo 132 contribuyentes declaran más de 30 millones

Los datos del Ministerio de Hacienda corroboran que el impuesto sobre el patrimonio, creado como un tributo para gravar las rentas más altas, recae en realidad sobre las clases medias y medias altas, ya que las grandes fortunas se refugian en sociedades patrimoniales. Hay cerca de un millón de personas que pagan este tributo cedido a las autonomías, por el que éstas recaudaron 1.442 millones en 2005. Eso representa el 0,15% del PIB. En España, sólo 132 personas reconocen un patrimonio sUperior a 30 millones.

- ¿En qué consiste? Es un tributo directo y personal que grava los bienes y derechos económicos, descontando las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como las deudas y obligaciones de las que deban responder. Afecta a los bienes inmuebles, cuentas corrientes, bonos, acciones, joyas, vehículos, seguros de vida, objetos de arte, antigüedades y embarcaciones, entre otros.

- ¿Quiénes deben declarar? Las personas físicas cuya base imponible sea superior a 108.182,18 euros. El tipo de gravamen viene fijado por una escala progresiva (entre el 0,20% y el 2,5 %) determinada por la legislación de cada comunidad. 957.503 contribuyentes presentaron declaración de patrimonio en 2005. El 56% declaró bienes inferiores a 300.000 euros.

- ¿Se debe declarar una vivienda en propiedad? No están gravadas con este impuesto las viviendas cuyo valor sea inferior a 150.253 euros o aquellas casas sobre las que pese una hipoteca.

- ¿Se puede realizar la declaración conjunta? No. En caso de matrimonio se determina individualmente los bienes de cada cónyuge. Si existe régimen de gananciales, se atribuirá la mitad a cada cónyuge, salvo que se justifique otro reparto.

- ¿Cómo se recauda? La mayoría de las comunidades obtuvieron la cesión de este tributo en los años ochenta. La autonomía con mayor recaudación por este concepto es Madrid (408 millones).

- ¿Se tributa igual en todas las autonomías? No. País Vasco y Navarra tienen su propio sistema y Madrid anunció una rebaja en 2008, y la supresión en 2010. Las autonomías pueden establecer el mínimo exento que quieran y deducciones.