Beneficios caídos del infierno

Energéticas y bancos españoles a punto de ser afectados por los nuevos impuestos (y sus voceros más conspicuos) han respondido públicamente a la iniciativa del Gobierno de fiscalizar sus beneficios caídos del cielo —los generados por el azar del mercado, no por la acertada gestión propia— con el guion habitual.

A saber. O las nuevas tasas atentan a la seguridad jurídica. O no beneficiarán a los consumidores pues les repercutirán su coste. O sus beneficios (en España) son tan exiguos que no merecen el esfuerzo. Y todo ello calificado como un “hachazo fiscal”, expresión usada en toda ocasión, incluso si se trata de meros pellizcos.

Por seguridad jurídica entienden la no retroactividad, respecto a la fecha de la norma, no al inicio de las prácticas o resultados exorbitantes. Y desde luego no la seguridad jurídica de los consumidores, empresas o familias, que sufren esos beneficios celestiales como facturas infernales.

La aptitud de repercutir el coste al cliente y nutrir así la espiral inflacionista dependerá de la textura de la disposición legal: puede establecer techos, topes o límites a determinadas operaciones.

Y la modestia de los beneficios induce a compasión, especialmente en el caso energético, más que en el bancario. Se tomen los baremos que se tomen, los beneficios de las principales compañías del sector en 2021 han multiplicado por entre tres y cuatro veces los de 2020.

En el caso de la empresa más sonora, y con presidente más activista —Ignacio Sánchez Galán—, Iberdrola, fueron de 3.388 millones de euros, no solo superando los del año anterior sino también, en un 12%, los de 2019. Y erigiéndose en la mejor cosecha en el plazo de 10 años. Por su actividad en EE UU y Brasil, sí, pero también gracias a la mayor producción renovable en España “a unos precios más elevados”.

Junto a las cifras estrictas destacan sus conductas heterodoxas. Como los vaciados de pantanos para redoblar su rentabilidad vendiendo sin límite la hidráulica renovable (con saltos amortizados) al precio del gas, gracias al mecanismo marginalista. O la negativa a aportar datos desglosados de consumo a efectos del IPC, presentada como mero retraso. O la manipulación (presunta) de los precios, que ahora enjuicia la Audiencia Nacional, tras imponerle fianzas por más de 600 millones. Todo eso también va (implícito) en la factura.

El caso es que como ha relatado Ignacio Fariza, el nuevo impuesto energético llega a España tras gravar hasta un 25% los resultados extraordinarios de las empresas en Reino Unido, Italia, Grecia y Bélgica.

El impacto de las ganancias bancarias es más acotado. Pero real. El BCE presta liquidez TLTRO (popularmente, litronas) a la banca y le cobra un interés de hasta el menos 1% (la subvenciona), por un plazo de hasta cuatro años, con objetivo de incentivar su crédito a las empresas. La facilidad de depósito replica el esquema, pero a un día. Disponiendo de ese dinero barato o superbarato, la banca se precipita a subir tipos a sus clientes, aunque Fráncfort no lo hará hasta el día 21.

Y se estima que las futuras alzas del BCE puedan generar a las entidades de la eurozona una ganancia extra conjunta poco justificable, cercana a 24.000 millones, que convendrá esterilizar. Una asignatura que debe aprobar el banco emisor, o los Gobiernos, o todos. Regalos, los justos.