El Gobierno prohibirá a la banca y las energéticas que repercutan los impuestos extraordinarios a los ciudadanos

El Ministerio de Hacienda trabaja a contrarreloj para cerrar el diseño de los dos nuevos impuestos que graven los beneficios extraordinarios de energéticas y banca con el que espera recaudar 7.000 millones de euros en dos años. La propuesta lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta semana en el Congreso durante el debate sobre el estado de la nación consiste en dos nuevos tributos: uno para las energéticas y otro “temporal y excepcional” a los bancos. No serán modificaciones en el impuesto de sociedades como se especuló en un principio, sino dos nuevos impuestos que irán dirigidos a un reducido número de empresas, las que facturen más de 1.000 millones de euros.

En el ministerio mantienen el secretismo sobre los detalles de los nuevos gravámenes porque quieren negociarlos con Unidas Podemos, su socio de Gobierno. El plan es que lo presenten los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos a través de una proposición de ley, que se tramitará en paralelo a los Presupuestos del Estado para 2023. Al elegir esta tramitación legal, el Ejecutivo confía en acelerar los plazos para que las tasas estén listas a final de año. Además, al no hacerlo como proyecto de ley evita la audiencia pública y multitud de informes preceptivos de organismos como el del informe del Consejo de Estado. El BCE también tendría que publicar un dictamen que así se omite.

“Este es el momento de probar el compromiso social de las grandes empresas”, proclamó Sánchez el pasado martes desde la tribuna del Congreso. “Para que cualquier beneficio indirecto no engorde la cuenta de resultados ni los sueldos de los directivos”, continuó el jefe del Ejecutivo.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apenas ha adelantado detalles de los nuevos tributos. Durante una entrevista este jueves en la Cadena Ser ha dejado claro que trabaja para prohibir a las grandes compañías energéticas y entidades financieras que repercuten el coste fiscal a sus clientes. “En la norma, tenemos contemplado que se va a prohibir la repercusión de ese gravamen al precio final que soporten los ciudadanos y se le va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que alguna empresa se separe de la legalidad”.

Fuentes de Hacienda reconocen la dificultad para evitar que las empresas trasladen el coste fiscal a sus clientes. Las compañías disponen de múltiples vías legales para escapar del escrutinio del regulador. Además, tanto la banca como las energéticas ya han sugerido que recurrirán los impuestos en los tribunales. De hecho, la patronal bancaria ha asegurado que las medidas generan “inseguridad jurídica”.

Montero ha justificado las medidas fiscales por la espiral inflacionista y ha asegurado que en este contexto las grandes compañías energéticas están obteniendo “beneficios caídos del cielo” porque producen electricidad a un coste mucho menor del precio que está cotizando el mercado. “Se llama redistribuir la carga social y que, por tanto, aquellos que más ganan sean los que más aportan a la bolsa común”, ha argumentado la ministra.

El impuesto a las grandes energéticas se aplicará durante dos años sobre los beneficios registrados en 2022 y 2023, con el objetivo de recaudar 2.000 millones de euros al año. El Gobierno se está basando en el impuesto aprobado por el primer ministro italiano, Mario Draghi, en Italia. Respecto al impuesto a las entidades financieras, el Ejecutivo espera recaudar 1.500 millones este año y otro tanto en 2023. “El Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés”, dijo Sánchez el martes.

Montero ha asegurado que han estado en contacto con las empresas a pesar de que desde las patronales energéticas y las bancarias aseguran que se enteraron de los impuestos con el anuncio que lanzó el presidente en el Congreso. “No ha habido falta ni un día de diálogo con las empresas energéticas porque gran parte del incremento de la inflación se ha debido al incremento del precio de la energía”, ha asegurado Montero. “Es un clásico que cuando se anuncian medidas fiscales se plantean dos cuestiones: que se va a ahuyentar la inversión y que inmediatamente va a repercutir sobre los consumidores”, ha reprochado la ministra.

Montero ha hecho una valoración favorable sobre el desarrollo del Debate del estado de la Nación, que termina este jueves, y ha destacado que ha habido propuestas “muy interesantes” y se ha puesto en el centro de la política las preocupaciones de los ciudadanos. “La gente quiere que hablemos de sus cosas y de lo que les quita el sueño”, ha asegurado. Preguntada por el “giro a la izquierda” del Gobierno tras las propuestas planteadas en el Debate, Montero ha asegurado que el Ejecutivo ha sido siempre “bastante reconocible” y basa sus decisiones en lo que afecta a la mayoría de ciudadanos. Así, y ante los señalamientos de la oposición de que el Sánchez ha “copiado” la agenda de su socio de Gobierno Unidas Podemos, Montero ha remarcado que las medidas que salen del presidente “son de todo el Gobierno”. Ello, pese a que la propia ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reclamado parte de las iniciativas como propuestas de la formación morada. “Es lógico que el grupo minoritario del Ejecutivo quiera trasladar su autoría sobre algunas medidas y su visibilidad”, ha señalado Montero.

Respecto a la reforma fiscal que piden desde Unidas Podemos, la ministra recuerda que se lleva afrontando “desde el principio de la legislatura” medidas fiscales y ha asegurado que continuarán haciéndolo, tanto si es por el lado de subir impuestos como de bajarlos. Con todo, Montero dice ser “optimista” con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, aunque ha reconocido que esa negociación “siempre es complicada”. Este año, y pese a las negativas de su socio del Gobierno, Montero pretende que haya una partida superior en defensa. “Es compatible el gasto en defensa con el social”, ha asegurado. “Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo mucha antes de lo que muchos vaticinan”, ha concluido la titular de Hacienda.