La semana en la que Sánchez Galán hizo saltar chispas

Para sacar adelante un partido de tenis hace falta algo más que dominar con soltura los registros de la disciplina. El saque, el resto, el revés y los remates en la red son fundamentales para ganar puntos, sí, pero ante todo hay que evitar los errores no forzados. En eso, la raqueta y la empresa no se distinguen tanto: ante todo, los directivos —como los jugadores— tienen que evitar esa clase de fallos. Esos, y no los errores de gestión, son los que suelen bajar de los altares a quienes nunca pensaron que caerían.

Mayo va camino de ser el peor mes para Ignacio Sánchez Galán (Salamanca, 71 años) desde que asumió la presidencia de Iberdrola, en 2006. Una racha solo equiparable con la de finales de junio del año pasado, cuando el juez Manuel García Castellón le imputó —junto con tres de sus más estrechos colaboradores— por los encargos de espionaje al excomisario José Manuel Villarejo. Doce palabras arrastraron el pasado jueves día 5 a su propio laberinto al ejecutivo mejor pagado del Ibex (13,2 millones en 2021): “Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada pagan ese precio”, decía, en un acto público y entre las risas de sus compañeros de estrado, en referencia a la brutal escalada de la luz en los últimos meses. Ni 24 horas, y ya en el ojo del huracán, llegaba un segundo golpe: la justicia rechazaba su recurso de apelación y le mantenía como imputado en el caso Villarejo por dos supuestos delitos de cohecho, falsedad en documento mercantil y otro contra la intimidad.

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Galán (Iberdrola): "Solamente los tontos pagan la tarifa regulada por el Gobierno"

Su crítica a las tarifas PVPC, de largo las menos rentables para las eléctricas, está lejos de ser una novedad. Pero nunca nadie del sector había llegado tan lejos. Tampoco pensaban que él lo haría. Menos aún, con una invectiva directa al mentón a un buen número de sus propios clientes —un buen número de ellos, acogidos al bono social— que ha soliviantado a propios y extraños. Y que ha enfriado aún más su relación con el Ejecutivo, que ya venía tocada desde el verano pasado, en especial tras la polémica del vaciado de pantanos y los movimientos del Gabinete para rebajar los beneficios de las energéticas y abaratar la luz.

“Sus declaraciones nos causaron bochorno a muchos”, se despachaba esta semana la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en EL PAÍS. Una opinión que también comparten en privado varios de sus competidores, que creen que sus palabras echan más leña al fuego y agravan la crisis reputacional de las empresas del sector. De poco sirvieron las disculpas posteriores, en condicional —”en el caso de que alguien se hubiera sentido ofendido”—, en forma de escueto mensaje en la red social Twitter y en nombre de su presidente, aunque desde una cuenta corporativa.

Con un patrimonio actual que se calcula superior a los 100 millones de euros, su carrera como ejecutivo empezó en Tudor en la década de los setenta. Allí aprendió inglés, un idioma que muy pocos dirigentes de su generación dominan con soltura y al que él ha sabido sacar especial partido: bajo su batuta, el exponencial crecimiento de Iberdrola ha sido, sobre todo, por el mundo anglosajón. Después de Tudor pasaría por la aeronáutica ITP y la teleco Airtel, antes de aterrizar en la eléctrica bilbaína. Corría el año 2001, José María Aznar acababa de ganar sus segundas elecciones por mayoría absoluta y el mercado eléctrico era otro: la liberalización acababa de salir del horno e Iberdrola —nacida de la fusión de Iberduero e Hidroeléctrica Española— no tenía ni una década de vida. Nada que ver con lo que es hoy: un gigante multinacional volcado en las renovables, en cuya construcción tuvo mucho que ver el empresario.

Ya en el grupo energético, su ascenso fue rápido: en 2006 dio el salto de vicepresidente y consejero delegado a presidente, en sustitución de Íñigo de Oriol —que había intentado, sin éxito, la fusión con Endesa—. Desde ese cargo ha pilotado la muy exitosa expansión internacional del grupo —Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, México...—, lo que le ha granjeado el favor de los accionistas y un poder omnímodo en la que es, desde julio de 2020, la mayor cotizada de España. Hoy, en plena vorágine, Galán está a punto de relevar a la máxima responsable del negocio en España, Ángeles Santamaría. Salvo giro inesperado de guion, el chileno Mario Ruiz-Tagle, hasta la semana pasada jefe de la filial brasileña, tomará el relevo. Un nombre que conviene no perder de vista de cara al futuro: el salmantino tiene 71 años.

“Galán tiene olfato empresarial y ha sabido ver por dónde soplaba el viento en la industria. Pero su estilo es muy personalista”, apunta un antiguo colaborador. “Tiene claro lo que quiere y es claro en sus órdenes”, señala otra persona que trabajó con él. Y añade: “No le van las grandes ideas filosóficas ni las grandes frases: es un hombre de acción, muy operativo y muy pegado al terreno, que no descansa hasta conseguir sus objetivos”. Buena prueba de ese estilo, dice, es el vídeo que se viralizó tras una reunión con inversores internacionales hace tres años. En él, y tras pedir que bajaran la luz del auditorio, Galán recriminaba a los operarios: “No piensen, por favor, no piensen: ejecuten. Ya piensan otros, no se preocupen”.

A poco más de un mes de la junta de accionistas, que afronta con inquietud porque es la primera que tendrá tras su imputación, la incertidumbre es palpable. Su consejo de administración le ha mostrado una confianza inquebrantable y, hasta ahora, los grandes accionistas —con los fondos soberanos catarí (8,7%) y noruego (3,4%), y el gigante estadounidense BlackRock (5,1%) a la cabeza— han primado la rentabilidad y la buena marcha de la empresa en lo financiero sobre la reciente sacudida reputacional.

“Este año, sin embargo, las cosas han cambiado: algunos inversores se han dado cuenta de que el tema reputacional ya está afectando a los negocios”, apunta Juan Prieto, fundador y CEO de Corporance, la primera firma española de asesoría de voto para inversores institucionales, que susurra al oído de un grupo de accionistas europeos (aseguradoras y gestoras francesas y alemanas, fondos de pensiones suizos y, ahora, españoles también) que suman, según sus estimaciones, entre un 10% y un 20% del capital de las principales cotizadas españolas, incluyendo la eléctrica.

Prieto se refiere, sobre todo, a la compra de la energética estadounidense PNM Resources, paralizada por el regulador de Nuevo México aludiendo directamente al caso Villarejo. “Va a haber guerra en esta junta: pensamos que el consejo va a encontrar una oposición más fuerte que otros años”, desliza por teléfono. Consciente de que será una prueba de fuego, Iberdrola acaba de anunciar un dividendo extra a sus accionistas si la junta alcanza un quórum de al menos el 70% y un sorteo de diez bicicletas eléctricas entre quienes voten. El objetivo: incentivar la participación de los minoristas, habitualmente menos activos y también menos contestatarios con la dirección de las cotizadas. En cinco semanas, los dueños de Iberdrola tendrán la palabra.