La salida del presidente del INE se precipitó tras la revisión del PIB

La marcha del presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) trae cola. El Ministerio de Economía insiste en que su hasta ahora presidente, Juan Manuel Rodríguez Poo, ha abandonado el cargo por voluntad propia. Y espera encontrarle una posición como asesor externo del organismo. El propio afectado ha trasladado que deja el puesto por motivos personales. Sin embargo, el pasado miércoles, según han confirmado cuatro fuentes, Economía le transmitió dudas sobre su continuidad. En el INE sobrevolaba desde entonces la idea de que se cambiaba la cúpula. Y el viernes tuvo lugar una reunión en el ministerio entre Rodríguez Poo y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, después de que el instituto estadístico hubiese revisado a la baja el PIB del primer trimestre, de un crecimiento trimestral del 0,3% al 0,2%. Pese al encuentro del viernes, el presidente del INE no tuvo claro del todo el desenlace hasta pasado el fin de semana. Su renuncia puso fin a dos meses de tensiones con el ministerio sobre su futuro.

Con los actuales datos oficiales del INE, España continúa a la cola de Europa en la recuperación de la pandemia. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha criticado abiertamente y en numerosas ocasiones las cifras del instituto estadístico. También la titular de Hacienda, María Jesús Montero. La vicepresidenta económica ha creado incluso un indicador diario para tener datos al margen del INE. En general, el Gobierno señala que las cifras de empleo y recaudación están en niveles récord y muestran una recuperación que no se ve reflejada en igual medida en las estadísticas del INE. Es más, al tener más empleo pero menos PIB, en consecuencia las cifras están arrojando una fuerte caída de la productividad que no tendría sentido en un momento de recuperación: lo lógico sería que la productividad mejorase conforme se recupera la actividad y porque las empresas que han sobrevivido son las más productivas. Muchos expertos consideran que, a la luz de estos datos, los números de PIB podrían ser algo superiores.

Sin embargo, el organismo estadístico apunta que la inflación está haciendo mella: aunque en euros se gaste más, en volúmenes reales se está comprando menos. Queda además por recuperar una parte del turismo extranjero y de la fabricación de vehículos. Es decir, pilares importantes de la economía que todavía no se han recobrado de forma plena. La población cayó el año pasado, afectando necesariamente a los datos económicos. Y las cifras de facturación que tiene el Banco de España a partir de los registros mercantiles indican que la situación de las empresas todavía no se ha restablecido, con unos números todavía peores que antes de la covid y muy desiguales por sectores y tamaños.

Motivos para la discrepancia

Algunos hechos puntuales podrían explicar algo de las discrepancias. Por ejemplo, ha habido un incremento del uso de tarjetas y de las compras por internet que puede haber contribuido al afloramiento de la economía sumergida. La inflación también justifica una parte del incremento en recaudación. Y estas diferencias entre PIB, ingresos y empleo están ocurriendo en todos los países. El aumento de la contratación a tiempo parcial y por horas podría ser la causa de que las horas trabajadas sean menores aunque suba la ocupación. También el uso de los ERTE (ajustes temporales de empleo) o las bajas por la covid, en especial con la variante ómicron. El aumento del empleo público resta algo de productividad, porque en el PIB se contabiliza solo como el sueldo y no recoge un margen por las ventas.

En cualquier caso, todas son explicaciones parciales y que no justifican de forma satisfactoria y completa la brecha existente entre el PIB, por una parte, y el empleo y la recaudación, por otra. Además, España está entre los países que tiene una discrepancia mayor. Incluso así, diversos economistas consultados consideran que el INE ha estado calculando esos números con criterios técnicos avalados por Eurostat. Quizás haya algún margen para adaptar los estándares y ofrecer unas cifras hasta cierto punto mejores. Sin embargo, aunque el Gobierno tenga algo de razón y es muy probable que más adelante los propios técnicos del INE puedan hacer revisiones al alza, el problema ahora, señalan, es que la credibilidad del organismo pueda resentirse. En un momento en el que además han empezado a repuntar las primas de riesgo, los expertos subrayan que no es bueno arrojar una sombra de duda sobre las estadísticas oficiales. El cambio en la cúpula del INE podría ser un tiro en el pie.

Por el contrario, fuentes gubernamentales insisten en que se va a dotar al INE de más recursos y posibilidades para contratar plantilla. Creen que ha habido una descapitalización de su personal durante los últimos años. Y sostienen que hay que añadir transparencia a la forma en que opera la institución, abriendo los datos a profesionales y académicos. El Ministerio de Economía asegura que hay un proceso abierto con varios perfiles para reemplazar a Rodríguez Poo. El candidato que más suena es Israel Arroyo, el secretario de Estado de Seguridad Social hasta la semana pasada, cuando anunció su dimisión. Se trata de un actuario y estadístico de la Seguridad Social con mucho prestigio entre los economistas. Pero incluso así, implicaría que por primera vez un ex alto cargo del Gobierno entraría en la institución.

En cuanto al IPC, el INE solo ha estado utilizando la tarifa regulada para medir los precios de la luz. Sin embargo, únicamente un 40% de los hogares tienen contratada esa tarifa que está directamente vinculada a los precios diarios mayoristas y que en consecuencia se ha visto muy afectada por la subida de costes. El 60% restante tienen la tarifa libre, cuyos precios son negociados con las empresas y suelen ser algo más estables, aunque a la larga por lo general sean más caros que la regulada. Es decir, si se hubiesen incorporado antes los precios liberalizados, probablemente la inflación registrada desde el pasado verano habría sido menor. De ahí que el Ejecutivo haya insistido en que se revise cuanto antes esa medición. Ante esto, el INE ha alegado que las empresas no les pasaban la información para calcularlo, argumentando que no querían que su competencia conociese sus precios. Otra cuestión es que la tarifa libre todavía tiene que reflejar el fuerte incremento registrado de costes y, al incorporarla al IPC, podría hacer que este escale todavía más en los próximos meses.