La dimisión del presidente del INE abre un nuevo frente al Gobierno

La dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Manuel Rodríguez Poo, ha abierto un nuevo frente para el Gobierno de Pedro Sánchez. La salida, “por motivos personales” según fuentes del organismo, llega tras meses en los que varios ministros económicos del Ejecutivo han cuestionado los cálculos sobre el producto interior bruto (PIB) y el índice de precios al consumo (IPC). La renuncia de Rodríguez Poo ha despertado las críticas de los agentes sociales y la oposición.

“Los organismos independientes tienen que ser independientes”, ha esgrimido Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que ha añadido: “Es fundamental que evalúen las cosas cuando te gustan y cuando no te gustan”. La polémica se ha desatado por un cambio en la cúpula del instituto estadístico que no tiene precedentes. Aunque formalmente se trata de una dimisión, Rodríguez Poo ha abandonado el cargo después de que el Ministerio de Economía deslizase en el organismo su cese, según han confirmado cuatro fuentes. En el INE se daba por descontado que se cambiaría la cúpula. Y el viernes tuvo lugar una reunión en el ministerio entre Rodríguez Poo y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, después de que el instituto hubiese revisado a la baja el PIB del primer trimestre, de un crecimiento trimestral del 0,3% al 0,2%. Pese al encuentro del viernes, el presidente del INE no tuvo claro el desenlace hasta pasado el fin de semana.

Tras la dimisión del lunes por la noche, los partidos de la oposición han aprovechado esta brecha para aumentar este martes la presión y criticar los últimos movimientos del presidente Pedro Sánchez, en pleno inicio de la cumbre de la OTAN que se celebra estos días en Madrid. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha asegurado que se trata de un error. “Cesar al presidente del INE porque el Gobierno no está de acuerdo con las estadísticas oficiales de España en materia de crecimiento económico y en materia de inflación es sin ninguna duda un error que afecta a la credibilidad, a la fiabilidad y a la reputación [del país]”, afirmó Núñez Feijóo.

En Ciudadanos, por su parte, el portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, ha acusado al Gobierno de tratar de “convertir a España en un partido-Estado”. “Este Gobierno pretende colonizar el Estado y convertirse en el único posible. Es corrosivo, es sosa cáustica para la independencia de las instituciones”, ha rematado Bal. Mientras tanto, el PSOE intenta defenderse como puede: “Hay que desmontar el argumento de que el Gobierno pretende controlar el INE. En absoluto. Este Gobierno pretende actuar con transparencia, no como el anterior del PP que usaba policía patriota para atacar rivales”, ha asegurado este martes Héctor Gómez, portavoz del partido socialista en el Congreso.

El CSIF pide explicaciones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido este martes al Gobierno “explicaciones sobre las razones que han motivado” la dimisión del presidente del INE. El secretario de UGT, Pepe Álvarez, también se ha pronunciado sobre el asunto: “Es ridículo cuestionar el cese y creo sinceramente que si se cuestionan los datos del IPC o los datos del crecimiento del PIB, o del decrecimiento, es igual, el Gobierno lo que tiene que hacer es decirlo y decir por qué lo cesa”. Y ha agregado: “Yo no tengo elementos que me permitan saber si hay razones para cuestionarlos o no, más allá de algunos economistas de renombre que les he oído situar algunas contradicciones que suponen el conjunto de los datos macroeconómicos que tiene en estos momentos España”, ha apostillado.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Izpurua, ha asegurado no tener información sobre lo que sucede en el INE, por lo que no ha querido opinar. En la misma línea se ha situado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha dicho que se le escapa la polémica, porque él no ha visto nunca al Ejecutivo cuestionar en público el trabajo del INE.

Pese a ello, las declaraciones de miembros del Ejecutivo en los últimos meses muestran el descontento con las cifras que comunicaba el instituto estadístico. Ministros como el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la de Hacienda, María Jesús Montero, han señalado abiertamente que los datos de recaudación fiscal y de afiliación indican una evolución de la economía mucho mejor que lo que arroja ahora el INE en sus números del PIB.

El cálculo de la inflación ha sido otro de los caballos de batalla. El Gobierno censuraba que el INE no estuviese computando en sus cálculos del IPC la llamada tarifa libre de la luz, aquella que abarca al 60% de las familias, con la que creía que podía contener algo un alza de los precios desbocada. Con la tarifa libre, seis de cada diez consumidores pactan con las empresas el precio y suele ser más estable —aunque a la larga más cara—. En su defecto, el dato de la inflación solo incluía la evolución de la tarifa regulada y, en consecuencia, reflejaba un alza mayor porque esta va directamente vinculada a los vaivenes de los precios mayoristas, que han subido con fuerza desde el año pasado.

Por tanto, según la opinión del Ejecutivo, el INE no ha sabido dar respuesta a los problemas en el cálculo del IPC. Por su parte, el instituto estadístico ha alegado que no conseguía datos buenos de las eléctricas. Unas asperezas que el Gobierno ha intentado limar sin éxito con un plan para modernizar estos cálculos mediante un mayor uso de registros públicos en detrimento de las encuestas.