El año de las luces: cómo se disparó el precio de la luz en 2021

8 de enero de 2021. La tormenta Filomena dispara el precio de la electricidad a casi 105 euros el megavatio hora (MWh), el doble que una semana antes. Pasados los días duros, el precio se modera y el último domingo de enero cae a 89 céntimos MWh. En la subasta diaria que realiza el operador del mercado para España y Portugal, OMIE, no vuelve a haber sorpresas hasta mayo, cuando transita a una media de 67 euros MWh con picos que se acercan a los 90, barrera que supera con más frecuencia en junio.

Suenan las alarmas en el Ministerio para la Transición Ecológica, que justo por entonces anuncia el establecimiento desde el 1 de junio de la discriminación horaria con tres tramos de precios (punta, medio y valle) para racionalizar el consumo en los hogares. Se arma un alboroto alentado por las asociaciones de consumidores y la oposición que coincide con nuevas subidas del precio del MWh por cuestiones que nada tienen que ver con los tramos, que por cierto han pasado desapercibidos el resto del año.

La escalada continúa en julio con el precio del MWh por encima de los 100 euros en varias ocasiones. En agosto llegan a 130 el último día del mes, como si fuera un presagio de la carrera que tomaría en septiembre. Se acerca a los 200 euros, récord que se pulveriza en octubre. Ya parece sin control. Noviembre supone una calma dentro de la gravedad, pero en diciembre vuelve a romper moldes con precios que superan los 300 euros varias jornadas consecutivas (el récord está en 383,67 euros MWh) hasta llegar a rebasar los 400 en la mayor parte del jueves 23 de diciembre.

Y así acabó el año de las luces más caras. Comenzó con una gran nevada que paralizó media España y terminó bajo el síndrome de unos precios sin control. Y así continúa. La curva del mercado de futuros indica que van a seguir en cotas desorbitadas durante el primer trimestre para empezar a bajar a partir de abril.

La causa radica en el encarecimiento del gas natural, materia prima que ha marcado el precio marginal del mercado mayorista de la electricidad por ser la última tecnología que entra en la puja. El gas ha sustituido al carbón (ahora solo supone el 4% en España), que abarataría la electricidad. Al gas se añade el precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO₂), cuyo precio se ha multiplicado por cuatro (cotiza por encima de los 80 euros por tonelada) influido por el proceso alcista de los combustibles fósiles a los que está ligado e impulsado por la especulación masiva de los fondos de inversión. Para cerrar el círculo, se suma que durante mucho tiempo del año hubo escasez de viento, lo que hizo que entrara poca energía eólica en la subasta. Conclusión: precios caros.

El precio del gas, que repercute 2,1 veces en el precio de la electricidad (por cada euro de subida en el gas, la luz sube dos), se disparó a principios de verano por la fuerte demanda, sobre todo de China, y la reducción de la oferta por parte de los países productores, principalmente Rusia, que ha recortado el suministro debido básicamente a sus problemas fronterizos con Ucrania y a razones geopolíticas difícilmente explicables con Europa. En ese sentido, se suma que el regulador alemán ha suspendido temporalmente el proceso de certificación del gasoducto Nord Stream 2, que duplicaría la capacidad de entregas por el lecho del mar Báltico del Nord Stream 1 sin pasar por Ucrania. Rusia lleva años diversificando las vías de exportación de su gas y tratando de evitar el paso por territorio ucranio (por el norte, con los Nord Stream, y por el sur con el TurkStream, por el mar Negro), pero los expertos no entienden muy bien que no abra más el grifo.

En consecuencia: volatilidad del mercado, problemas de abastecimiento, inseguridad de suministro, retraso de la certificación para el gasoducto ruso por parte de Alemania, cierre del tubo entre Argelia y Marruecos que afecta directamente a España, voracidad de los fondos de inversión en el mercado del CO₂…, un montón de obstáculos que se han agolpado en muy poco tiempo y han formado una tormenta perfecta y una de las crisis más severas del sector energético.

Los niveles sin precedentes de los precios de la electricidad extremaron la preocupación de la Comisión Europea y de los países de la UE, alarmados por el impacto directo que supone en la inflación y en la recuperación económica, que se había canalizado a través de los fondos Next Generation después de la pandemia. La situación desencadenó una actividad frenética para analizar el diseño del mercado mayorista que rige en la UE, cuestionado por varios Gobiernos, entre ellos el español, que probablemente ha sido el más activo a la hora de plantear actuaciones para frenar la escalada. Junto a Francia, Rumania, Grecia y Chequia presentó una propuesta para reformar algunos artículos del sistema de fijación de precios. Se opusieron otros 11, entre ellos Alemania antes de cambiar de Gobierno.

El diagnóstico está claro (el aumento de la demanda, el incremento del precio del gas y el del CO₂) en un contexto de dependencia de la UE, que importa el 90% del gas natural que consume. Del total, el 40% corresponde a Rusia. La solución pasa por el consenso. La Comisión plantea realizar compras conjuntas, establecer un almacenamiento obligatorio de la materia prima e intensificar la cooperación entre los países. Al mismo tiempo, propone potenciar la energía renovable, en línea con las previsiones de la UE para la transición energética y la descarbonización. En la medida en la que las fuentes de energía de combustibles fósiles sean menores y se incremente el porcentaje de energía renovable, la UE estará en una situación de menor volatilidad de los precios. Es decir, a más renovables, menos dependencia y precios más bajos.

De momento, Bruselas espera el informe de la Agencia de la UE para la Cooperación del Regulador de la Energía (ACER) para evaluar el actual mercado mayorista cuya entrega debe presentarse en abril. En el adelanto preliminar, en noviembre, aparecen algunos factores que explican que los países con alta dependencia del gas están más expuestos a los altos precios y que no hay evidencias de manipulación de los mercados. Asimismo, observa cómo el cambio hacia una fijación de precios al contado del gas en Europa (en lugar de contratos a largo plazo) ha generado importantes beneficios durante la última década.

Plan de choque español

Mientras se dirimían las discusiones en Bruselas, el Gobierno español, que había empezado a realizar reformas para cumplir con los compromisos de descarbonización (cierre de las centrales de carbón, autoconsumo, rehabilitación de edificios, movilidad eléctrica...), aprobaba el 14 de septiembre un plan de choque con una serie de medidas de carácter temporal para frenar el impacto del precio del gas en el recibo de la luz. Confiado en que las iniciativas que preparaba dieran resultado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en una entrevista con EL PAÍS el 5 de septiembre a que el consumidor medio pagaría en 2021 una cuantía semejante a la de 2018, el año más caro, descontada la inflación.

Entre las medidas aprobadas por Real Decreto-ley se recogían la reducción de impuestos (el IVA del 21% al 10%; el de electricidad del 5,11% al 0,5% y la supresión del 7% de generación) y el recorte un 96% de los cargos de la tarifa, que financiaría con el aumento de los derechos de emisión en 900 millones de euros (hasta los 2.000 millones). Además, incluía una medida específica para minorar los “beneficios extraordinarios” obtenidos por las compañías eléctricas por vender energía barata (hidráulica, renovable, nuclear) al precio de la más cara (gas natural). Mediante esa medida el Ejecutivo esperaba recaudar 2.600 millones de euros hasta marzo de 2022.

Las empresas más afectadas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) tomaron las armas y provocaron que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, emprendiera una ronda de contactos. Reclamaban que esa minoración no se aplicara a las tarifas a precio fijo suscritas con los consumidores ni a los PPA (contratos a precio pactado, por sus siglas en inglés) para clientes industriales. El Gobierno aflojó ante el peligro de que la convalidación del decreto-ley en el Congreso no saliera adelante y evitó el levantamiento del sector, que había amenazado con acudir a los tribunales. Transición Ecológica facilitó a las comercializadoras de energía que firmasen contratos a largo plazo con los clientes a precios cerrados, blindados de la volatilidad y, por tanto, con precios más reducidos.

A final de año y ante la permanencia de los precios altos, el Consejo de Ministros decidiría ampliar el plazo previsto de las medidas, así como otras para acelerar la movilidad y el autoconsumo. De esta forma, se mantiene la rebaja del IVA y del impuesto de la electricidad hasta finales de abril y la supresión del de generación eléctrica hasta finales de marzo. No obstante, la rebaja sobre los cargos fijos pasa del 96% a poco más de un 30%. La cobertura a los colectivos vulnerables que se benefician del bono social eléctrico, que comprende descuentos de hasta el 60% y el 70% en su consumo de electricidad, también se mantendrá hasta el 30 de abril. Con esta modificación, la merma de la rebaja fiscal en las arcas públicas se elevará de los 4.000 millones previstos a alrededor de 6.000 millones, según estimaciones gubernamentales. Una cifra que se compensa en unos 2.500 millones por el aumento de los derechos de CO₂.

El 19 de octubre el Gobierno volvió a celebrar una subasta de renovables, a la que no acudieron algunas de las principales eléctricas, enzarzadas con el Ejecutivo por las medidas de los beneficios caídos del cielo. En total se adjudicaron 3.123 MW de potencia a un precio medio de 30,56 euros MWh. La eólica se llevó 2.258 MW y la fotovoltaica, 866 MW. Los resultados de esta subasta, unidos a la de 26 de enero de 2021, suman un total de 2.902 MW asignados a la fotovoltaica y 3.256 MW a la eólica. Con una primera estimación, la ejecución de las instalaciones en esta subasta canalizará una inversión de unos 3.000 millones de euros y creará más de 30.000 empleos.

Adicionalmente, el Gobierno planteó sacar del mercado mayorista (el llamado pool) la producción de las plantas de renovables, cogeneración y residuos con retribución específica (lo que se conoce como régimen especial Recore) para vincularla a los consumidores domésticos acogidos a la tarifa regulada PVPC (unos 10,7 millones de hogares) y a la industria. La propuesta daría lugar a una especie de mercado paralelo con el objetivo de proporcionar una tarifa a un precio intervenido y más reducido a los consumidores domésticos y pymes con tarifa regulada PVPC a un precio fijo (de entre 57 y 60 euros el MWh). Esto supondría tener que devolver la diferencia que hay entre ese precio fijado con el de mercado actual.

Las comercializadoras independientes y algunas firmas de renovables, principalmente eólicas, pusieron el grito en el cielo, dando al traste con la reforma. Según estas empresas, el proyecto va en contra de la libre competencia y la liberalización del mercado eléctrico. A su juicio, su implantación provocaría un trasvase de clientes que ahora están en el mercado libre al regulado, las comercializadoras perderían la posibilidad de vender energía procedente de esas plantas y, consecuentemente, una merma en sus cuentas que llevaría al cierre de muchas instalaciones. Ante “la falta de consenso” Ribera decidió buscar fórmulas alternativas para ayudar a las comercializadoras como la concesión de créditos ICO como los aprobados durante la pandemia. Sobre las comercializadoras pende, además, la investigación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por no emitir facturas a partir de junio.

Sánchez defendió en el balance del año el compromiso de septiembre. Pertrechado con gráficos, el presidente sostuvo que la factura media sería cercana a los 613 euros por año frente a los 635 euros de 2018 en términos reales (teniendo en cuenta la inflación) y los 696 euros que, según apuntó, habría subido la factura de no haber tomado las medidas. Las asociaciones de consumidores, sin embargo, mantienen que la factura de la luz de 2021 superó con creces la de 2018 y cuestionaron los cómputos del Gobierno, que tienen en cuenta no solo a los 10,7 millones de hogares con tarifa regulada (PVPC), sino también a los 17 millones con tarifa libre.

8 de enero de 2022. Un año después de Filomena, los precios continúan desmandados entre 200 y 300 euros por megavatio. Por cierto, megavatio aparece como una de las 12 palabras más destacadas de 2021 en la encuesta que hace la Fundeu. Por razones obvias, la elegida en primer lugar fue vacuna.