José Luis Escrivá: “Necesitaremos mucha inmigración para mantener el nivel de ocupación”

En poco menos de un mes, José Luis Escrivá (Albacete, 61 años) cumplirá su segundo aniversario como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Un periodo que ha estado marcado indefectiblemente por la pandemia, pero en el que su departamento ha lanzado una prestación dirigida a combatir la pobreza, como el ingreso mínimo vital (IMV), y ha aprobado una reforma de las pensiones, que las ha vuelto a vincular con la inflación. Con un bolígrafo y un taco de folios en la mano acompaña algunas de sus respuestas con dibujos.

Pregunta. El 2020 fue el año de la covid en el que tuvieron que lidiar con los ERTE, pero en este 2021 han tenido que aprobar la reforma de las pensiones. ¿Cómo lo ha vivido?

Respuesta. 2020 fue un año claramente singular en todos los sentidos, especialmente por la incertidumbre con la que tuvimos que afrontar todas las circunstancias, principalmente en el ámbito sanitario, pero también en el económico y de la protección social. En 2021, aunque la reforma de las pensiones tiene muchos elementos que se han ido resolviendo progresivamente, no tengo la sensación de haber pasado por un proceso particularmente complejo. En julio alcanzamos un acuerdo muy extenso.

P. La patronal se descolgó y el PP presentó una enmienda a la totalidad.

R. La patronal se descolgó de un punto muy concreto [el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)]. Por eso, creo que hay que valorar que gran parte de la reforma está acordada también con la patronal. Y con el PP diría casi lo mismo. Lo que hemos desarrollado es básicamente lo que se acordó en el Pacto de Toledo.

P. ¿Hay mucha diferencia entre lo que se ha aprobado y lo que a usted le hubiera gustado?

R. No. Creo que está muy cerca de lo que nosotros habíamos configurado al principio y que se reflejó en el Pacto de Toledo. Se han sustituido los elementos centrales de la reforma de 2013, que generaron una incertidumbre enorme, por un conjunto de medidas muy equilibradas que, al mismo tiempo, mantienen el poder adquisitivo de las pensiones y refuerzan la sostenibilidad del sistema. Si hay un punto en el cual hemos sido incluso más ambiciosos es en la rapidez con la que estamos reconociendo los gastos impropios.

P. Tanto la OCDE como el Banco de España cuestionan que el MEI sea suficiente para costear la revalorización de las pensiones.

R. El MEI está diseñado para alcanzar la potencia cuantitativa del factor de sostenibilidad al que sustituye, si fuera necesario. Además, creo que es importante tener en cuenta que estamos haciendo una reforma muy profunda y hay algunos elementos que aún no se han aprobado, por lo que su impacto no se está teniendo en cuenta. También, que nuestra guía sigue siendo las previsiones de impacto del plan de recuperación, acordadas con la Comisión Europea, con quienes seguimos trabajando.

P. ¿Qué elementos quedan por aprobarse?

R. Se ha de concretar un sistema de cotización para los autónomos por ingresos reales, el impulso de los planes de pensiones colectivos, la elevación de la pensión máxima y, por lo tanto, de forma equivalente destopar la base de cotización máxima de la Seguridad Social para mantener la contributividad estricta del sistema. También falta por abordar la realidad de nuevas carreras profesionales y nuevas realidades en el mercado de trabajo, donde las cotizaciones son más volátiles y las de los últimos años no son necesariamente las mejores.

P. ¿La ampliación del número de años para calcular el cómputo de las pensiones también estaría dentro de ese paquete pendiente?

R. Puede que el cómputo tenga que modificarse como resultado de ese análisis. Pero ese análisis aún está por hacer.

P. ¿Y ahí estaría la integración de las lagunas de los peores años de cotización?

R. También podría ser, podemos trabajar sobre lagunas o podemos permitir al trabajador excluir sus periodos de años laborales. Pero aún tenemos pendiente hacer los análisis con cuidado.

P. ¿Lo tienen definido?

R. No. Está en los términos genéricos en los que lo planteó el Pacto de Toledo y que se incorporó como un hito al plan de recuperación y resiliencia. Se determinará en el diálogo social el próximo año.

P. ¿Cómo se explica a los ciudadanos que pueden subir las pensiones máximas cuando se está haciendo un ejercicio bastante exhaustivo para garantizar la sostenibilidad de las pensiones?

R. La subida de la pensión máxima es neutral, porque lo que aumenta el gasto en pensiones y aumenta también en ingresos. El problema de sostenibilidad o de mayor tensión financiera en el sistema está concentrado en la década de los 2030 y la década de los 2040, porque a partir de 2050 volveremos a un perfil que nos acerca a la situación actual. Por lo tanto, cuando abordamos la sostenibilidad de las pensiones tenemos que pensar en medidas que incidan en ese periodo. ¿Qué es lo que ocurre si destopamos base máxima y al mismo tiempo aumentamos la pensión máxima? Existirá un decalaje en el tiempo entre los ingresos adicionales que supone esta medida y los gastos adicionales, por lo que, si lo hacemos progresivamente, esos ingresos extra contribuirán a reforzar el sistema en las décadas de 2030 y 2040. Y a partir de 2050, cuando la medida suponga mayores gastos, el gasto total en pensiones sobre el PIB ya estará descendiendo por motivos demográficos.

P. ¿Tiene la sensación de que esta explicación que ya ha avanzado en alguna de sus comparecencias no se ha entendido bien por parte de la ciudadanía?

R. La sostenibilidad del sistema de pensiones debe entenderse como la capacidad de mantener en el tiempo y autofinanciar el nivel actual de pensiones con relación a nuestro salario medio, sin afectar el nivel de suficiencia. Ha habido reformas, como las de 2013, que abordaban el tema de la sostenibilidad exclusivamente desde el lado del recorte de gastos y no del aumento de ingresos para la Seguridad Social. Al clarificar qué parte del déficit corresponde a gastos impropios se presenta una foto mucho más realista de la situación del sistema de pensiones, mucho más cercana al equilibrio presupuestario, y permite adoptar medidas sobre los retos demográficos, muy semejantes a los que afrontan el resto de países desarrollados, en el horizonte correcto, con la gradualidad necesaria y sin alarmismo. Nosotros lo que hacemos es establecer un mecanismo que asegura el poder adquisitivo y la suficiencia de las pensiones en su nivel actual con distintas medidas. Una de ellas es acercar la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria.

P. Según los cálculos de la Airef, con estos números se venía a aumentar en cuatro puntos sobre el PIB el gasto en pensiones.

R. Los cálculos que debemos tomar ahora son los del último Ageing Report de la Comisión Europea, que están dando 2,8 puntos de aumento de gasto como resultado de la eliminación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y 0,8 puntos como resultado del factor de sostenibilidad. Con el conjunto de medidas que estamos tomando, al mismo tiempo que estamos manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones, abordamos este aumento de gasto en parte con un aumento de los ingresos gracias al MEI y al destope de bases máximas y con el conjunto de medidas destinadas a alinear la edad efectiva y ordinaria de la jubilación, que es la medida más potente para reforzar la sostenibilidad del sistema.

P. Tal y como está concebida la jubilación anticipada actualmente se trata como un ahorro para la Seguridad Social.

R. Cuando uno se jubila anticipadamente, su pensión depende de los coeficientes reductores. El problema que había hasta ahora es que los coeficientes reductores a las personas que estaban en base máxima de cotización eran muy poco desincentivadores y por ello eran regresivos. Es decir, lo que estábamos viendo es que había una tendencia a la jubilación anticipada de quienes van a tener mayores pensiones debido a que el coeficiente reductor era muy poco desincentivador.

P. El movimiento de pensionistas seguirá protestando en 2022 porque asegura que han perdido tres puntos de poder adquisitivo. ¿Qué le parece?

R. El mantenimiento del poder adquisitivo hay que hacerlo teniendo en cuenta periodos razonables de tiempo. No es una evaluación puntual cada mes, porque si la hiciéramos todos los meses estaríamos metiendo una enorme volatilidad en las pensiones.

P. ¿Y el poder adquisitivo no se podía haber mantenido, por ejemplo, con la referencia de la evolución de los salarios privados?

R. El Pacto de Toledo lo discutió exhaustivamente y evaluó esta posibilidad. Sin embargo, se concluyó que era mejor el IPC.

P. Algunos países toman como referencia el IPC y lo corrigen con salarios.

R. Sí, pero eso puede llevar a revalorizaciones más altas, porque los salarios en general tienden a crecer más que la inflación. Si tenemos en cuenta periodos largos, los salarios reales tienden a crecer algo más que el IPC, porque la productividad del trabajo tiende a crecer secularmente.

P. En España no se ha dado el caso.

R. Sí, otra cuestión es que en España tenemos una singularidad que corregir, que son los últimos años de depresión salarial. Es algo que se ha producido como resultado de la crisis financiera y de la congelación del salario mínimo, pero en épocas anteriores sí ha sido así.

P. El MEI consiste en unas aportaciones adicionales en las cotizaciones de empresas y trabajadores para crear un fondo en torno a 45.000 millones y que sirva de apoyo a los años más difíciles. Echando la vista atrás, el fondo de reserva llegó a tener 67.000 millones y el Gobierno del PP lo gastó en cinco o seis años. ¿Va a ser suficiente con lo que se ahorre para dos décadas de tensión?

R. El fondo se acabó por los gastos impropios. En estos momentos se nos ha pedido hacer un ejercicio para ver exactamente qué hubiera pasado con el fondo de reserva si la decisión que se ha tomado ahora de reconocimiento de estos gastos impropios se hubiera tomado en 2012. El MEI es eso, y además un mecanismo de seguimiento y corrección de la evolución del gasto en pensiones en caso de que sea necesario.

P. ¿Va a tener sentido ir ahorrando en un fondo cuando es posible que se vaya generando déficit en los próximos años?

R. Nuestra idea es que no va a ser así. Es decir, nuestra expectativa es que el año que viene el déficit de la Seguridad Social termine en el 0,5% del PIB; muy por debajo de los niveles precovid; y todavía nos queda una parte de la asunción de gastos impropios y la recuperación de ingresos en los próximos dos años por la creación de empleo. Por ello, al final de la legislatura, nuestro escenario previsto es que la Seguridad Social va a estar básicamente en equilibrio presupuestario, que es la imagen fiel de su situación.

P. ¿Cuánto tiempo va a pervivir la Seguridad Social con el déficit cubierto?

R. Hemos tomado medidas para que el sistema esté equilibrado indefinidamente y manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones en todo momento.

P. La reforma laboral encara la recta final, pero aún no hay grandes acuerdos.

R. Soy optimista, creo que habrá un acuerdo pronto. Hay que buscar puntos de encuentro en algunos elementos, pero yo creo que están los mimbres para abordar los problemas de fondo que tiene el mercado español que son la precariedad, la tasa estructural de paro tan alta y el hecho de que durante los ciclos económicos se destruya muchísimo empleo que después no termina recuperándose por la descapitalización de esas personas. Por eso hay que poner mucho énfasis en la formación y también en que los mecanismos de ERTE se utilicen para la formación.

P. Algunos de los aspectos más lesivos de la reforma del PP de 2012 como la reducción de las indemnizaciones no se van a alterar. ¿Se está planteando un acuerdo de mínimos para intentar que salga adelante con el acuerdo de las tres partes?

R. No, soy optimista en que se llegue a un acuerdo entre todas las partes y ese acuerdo sea ambicioso.

P. Vista la evolución favorable del mercado de trabajo en los últimos meses, ¿por qué es tan necesaria una reforma laboral?

R. Sí, se está creando empleo, pero necesitamos reducir la temporalidad y la precariedad, no podemos conformarnos, sobre todo, pensando en los jóvenes y en las mujeres.

P. ¿Cómo se explica que los datos del empleo sean tan buenos y, sin embargo, la economía no vaya tan bien?

R. Igual que muchos economistas, admito mi extrañeza con los datos de PIB publicados, porque lo que están mostrando los datos de empleo es una recuperación muy sólida y robusta. No es ya solo que alcanzáramos hace unos meses los niveles prepandemia, es que en diciembre estamos recuperando la trayectoria tendencial del empleo que se hubiera manifestado en ausencia de esta crisis. Históricamente, los datos de empleo y los datos de PIB han evolucionado de forma extraordinariamente estrecha. Sorprendentemente ha dejado de ser así por primera vez en los últimos trimestres generándose una brecha inédita de seis puntos en la productividad del trabajo. Si cabe, lo esperado es que el empleo se retrase respecto a la actividad económica. Así ha sido en todas las recuperaciones cíclicas anteriores en España y lo está siendo ahora generalizadamente en los países de nuestro entorno. Y una cosa es cierta: los datos de empleo no se revisan y la estimación del PIB, en cambio, está sometida a muchas revisiones y no descarto que más aún en el futuro cercano por los problemas de medición estadística que ha planteado la pandemia.

P. Respecto a las previsiones demográficas, alguna vez ha dicho que sería bueno absorber a unos seis millones de inmigrantes para completar la brecha entre trabajadores y pensionistas.

R. Lo que yo he dicho es que va a ser inevitable recurrir a la inmigración para mantener el nivel de población ocupada que hay ahora, dada la demografía de los nacionales. Además, será algo endógeno a las necesidades de nuestro mercado de trabajo. Es un reto que van a tener todos los países de nuestro entorno, y lo que tenemos que hacer es gestionar este proceso a través de un modelo de inmigración legal, regular, ordenada, y que seamos capaces de que vengan aquellas personas con aquellos perfiles que realmente hacen falta en nuestro mercado de trabajo en primera instancia.

P. ¿Y cómo se hace eso con la postura sobre la inmigración de partidos como VOX?

R. La sociedad española no va a tolerar empobrecerse como consecuencia de la falta de mano de obra que vamos a tener en las próximas décadas, y va a querer que la inmigración contribuya a solucionar este problema. El reto es gestionar este proceso para que nos beneficie a todos. Soy optimista, porque España ya lo ha hecho en el pasado.

P. El ingreso mínimo vital (IMV) fue una de las grandes medidas aprobadas el año pasado, pero ha tenido numerosos problemas. ¿Cómo está ahora?

R. Estamos en una etapa en la que queremos ir a buscar a las familias o a las unidades de convivencia vulnerables a las que todavía no hayamos podido llegar. Una primera medida que ya va a entrar en marcha es trabajar, no solamente con los servicios sociales de ayuntamientos, sino también con organizaciones del tercer sector (ONG) para que entren en lo que se llama el Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital para que en situaciones singulares, donde podríamos pensar que ha habido dificultades para acceder, puedan llevar a cabo certificaciones. La Cruz Roja ha sido la primera en hacerlo el pasado viernes. La segunda línea en la que estamos trabajando es en intentar acceder a todos aquellos que siendo potenciales receptores del ingreso mínimo no lo han solicitado, entender por qué no lo han hecho y ofrecerles vías de acceso. Y el IMV seguirá creciendo a través del nuevo complemento de ayuda a la infancia.