Ganadores y perdedores de ampliar el cómputo de las pensiones

El Gobierno lleva varios meses dándole muchas vueltas al aumento del periodo de cómputo de las pensiones como una forma de reducir el gasto, como reclama Bruselas. Tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, insisten en que no hay ninguna novedad y la polémica está hinchada, pero lo cierto es que el asunto ha generado discusiones internas muy fuertes en el Ejecutivo y lo sigue haciendo, además de tensiones con los sindicatos.

Todo empezó cuando, en diciembre de 2020, Escrivá introdujo en el circuito interno de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (CDGAE), que preside Calviño, un documento como borrador del Plan de Reformas, que debía enviarse a Bruselas con la reforma de las pensiones, que era claro: el texto planteaba un aumento del periodo de cómputo de 25 a 35 años y calculaba el ahorro que eso supondría en el gasto total de pensiones: un 5,45% de reducción media. En un segundo borrador, que envió la siguiente semana a la CDGAE, los técnicos de Seguridad Social afinaban el cálculo y elevaban esa reducción “de la pensión media inicial” a un 6,3%.

El texto explicaba claramente que todas las ampliaciones del periodo de cómputo, desde los dos años que estaban vigentes en los ochenta hasta los 25 actuales, han supuesto reducciones del dinero que potencialmente habrían recibido los pensionistas de no haberlo aumentado. Aunque hay excepciones de jubilados a los que podría beneficiarles una ampliación así, la media general baja, y ese es el principal motivo por el que se plantea una reforma de este tipo. Por eso, en el texto que estaba preparado como borrador para enviarlo a Bruselas, el ministerio de Escrivá señalaba que la última reforma de 2011, que elevó el periodo de cómputo de 15 a 25 años, está afectando, por ejemplo, al 52% de los pensionistas que se dieron de alta en 2019 con una reducción media de la cuantía de un 3,9%.

Cuando este documento llegó a Unidas Podemos, el socio de la coalición se indignó ante una medida que ni está en el Pacto de Toledo ni había sido pactado en el acuerdo de Gobierno. También los sindicatos se molestaron por algo que Escrivá nunca llegó a explicar. Así que, en la siguiente versión que se envió a la CDGAE, desapareció por completo esta referencia al aumento a los 35 años, y quedó una mención muy genérica, que es la que se envió a Bruselas, sobre el aumento del periodo de cómputo con la posibilidad de que cada pensionista elija sus mejores años.

Después de conocerse la nueva redacción pactada con Bruselas, tanto en Unidas Podemos como en los sindicatos temen que Escrivá quiera recuperar la idea inicial, aunque sería complicado porque hay poco espacio político en el Congreso para aprobar una ampliación sin más del periodo de cómputo a 35 años. Tanto en Unidas Podemos como los sindicatos y también algunos sectores del PSOE, que recelan de esta posible reforma, señalan que hay un año entero para negociarla y aseguran que habrá que hacer un paquete global en el que sí se podría alcanzar un pacto como el de 2011, pero a cambio de que el Ejecutivo concediera cuestiones que defienden los sindicatos y sectores progresistas como el aumento de las cotizaciones de los sueldos más altos, que ahora están muy limitadas como también lo están las pensiones máximas, en un sistema que es más igualitario que el de otros países a la hora del pago pero también menos redistributivo a la hora del ingreso.

Una rebaja de hasta el 8,8%

El acuerdo suscrito con Bruselas para elevar el periodo de cálculo de las pensiones suscita opiniones encontradas no solo dentro de la esfera política. También entre economistas y académicos. Todos ellos, sin embargo, reconocen que los efectos de este incremento deja beneficiados y perjudicados, aunque no siempre a partes iguales. “Los más damnificados de un incremento del tiempo de cómputo serían, principalmente, aquellos trabajadores con carreras laborales cortas”, analiza Enrique Devesa, profesor de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Según sus cálculos, ampliar el periodo de cómputo de 25 a 35 años supondría “una disminución del 8,8%” en la pensión final. Por encima del 6,3% que había calculado inicialmente Seguridad Social, y que después rebajó al 5,45%

El problema para aquellos con trayectorias cortas radica, según Devesa, en que para alcanzar ese cómputo de 35 años sería necesario rellenar las denominadas lagunas de cotización (los años no trabajados), y para ello se rellenan con la base mínima (o el 50% una vez cubiertos determinados meses). “A ellos la pensión final se les podría rebajar hasta en un 14,9%”, concreta Devesa. En sus estudios, realizados a partir de la muestra continua de vidas laborales (MCVL) de 2019 ―“y cuyos resultados apenas habrán sufrido alteraciones en 2020″, incide el académico―, también se determina que ante una hipotética subida las mujeres pensionistas resultarían más afectadas (su merma sería del 10,3%) que los hombres (-7,9%). “Los trabajadores autónomos serían otro nicho de afectados porque tradicionalmente suelen cotizar por una base muy baja y en el menor número de años posible”, remacha Devesa.

En cuanto a la proyección que la disminución estimada por el Gobierno del 5,45% tendría sobre las cuentas, el estudio del IVIE señala que, de producirse la ampliación de 25 a 35 años a lo largo de un periodo transitorio entre 2023 y 2032, “el máximo ahorro” se obtendría “en 2051 con un 0,88% sobre el PIB”.

Por contra, los futuros pensionistas que saldrían beneficiados serían aquellos que hubieran visto mermada su retribución o se hubieran quedado desempleados en el tramo final de sus trayectorias. En este caso, al extenderse el periodo de cálculo, entrarían en juego los mejores años de sus cotizaciones. “Creo que sería una modificación que iría en la dirección correcta”, manifiesta José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid, y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). En su opinión, el sistema actual de pensiones “no es justo”, porque no entrega el mismo valor a todos los años trabajados, y aboga por dirigirlo hacia un modelo de cuentas nocionales en el que cada trabajador realiza sus aportaciones derivadas de las cotizaciones en una cuenta personal virtual (algo que ya se realiza en Suecia, Italia o Polonia).

En UGT consideran que esta alteración afectaría a los jubilados “más negativamente que a favor”, como analiza Cristina Estévez, secretaria de política institucional y políticas territoriales; aunque aseguran que ni siquiera es una medida que esté sobre la mesa. “Tenemos un calendario de reuniones y temas a tratar hasta julio de 2022, y no está programado en ningún momento”, indica Estévez. La negativa a negociar esta cuestión tampoco entra dentro de la hoja de ruta de CC OO. “No se ha hablado ni una sola palabra hasta el momento. En los próximos meses en la segunda fase de la negociación las prioridades son la cotización por ingresos reales de las bases máximas de cotización, aumentar las pensiones mínimas y reducir la brecha de género”, asevera Carlos Bravo, secretario de políticas públicas y protección social de CC OO.