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La degradación de la deuda ecuatoriana deja sin margen de acción al Gobierno que salga de las urnas en 2021

Moody's rebaja de B3 a Caa3 la nota crediticia de Quito y pasa de un escenario “especulativo y alto riesgo crediticio” de sus obligaciones a una “posición pobre y de muy alto riesgo”

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno.
El presidente de Ecuador, Lenin Moreno. EFE

La complicidad entre Lenín Moreno y Rafael Correa comenzó a resquebrajarse apenas un mes después de la sucesión, en 2017, cuando el presidente actual de Ecuador descubrió la “mesa servida” y el rastro de deudas que le dejó quien llevaba una década en el poder. Casi tres años después, no hay visos de que Moreno vaya a dejar al próximo candidato presidencial un terreno más saneado. En 2021 habrá elecciones en Ecuador y en 2022 el vencimiento de los bonos soberanos alcanzará tales montos que la calificadora Moody’s ha decidido desde ya rebajar la nota a la economía ecuatoriana —de B3 a Caa1— en una acción que deja sin margen de maniobra al Gobierno que salga de las urnas.

En la práctica, eso significa que el nivel de cumplimiento del país respecto de sus obligaciones pasa de un nivel “especulativo y de alto riesgo crediticio” a una “posición pobre y de muy alto riesgo”. Hay dos factores fundamentales con los que Moody's, una de las tres calificadoras más influyentes del mundo, sustenta su decisión: la fuerte resistencia ecuatoriana a aplicar un ajuste y el calendario de pagos que tendrá que asumir a partir de 2022, cuando haya terminado el programa que el país mantiene ahora con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El país latinoamericano ha emitido 17.750 millones de dólares en bonos soberanos en los seis últimos años, desde que volvió a los mercados durante el Gobierno de Correa, para acceder a financiamiento con el que cubrir su déficit fiscal. Esas obligaciones, la mayoría en plazos cortos de no más de 10 años y altas tasas de interés de entre el 7,85% y el 10,75%, deben empezar a pagarse a partir del presente ejercicio, en un intenso cronograma que se extiende hasta 2030 a razón de 1.000 a 2.000 millones de dólares por año.

“Estamos bastante tranquilos con el escenario que pinta para 2020 y 2021. Nuestra preocupación es para 2022. El tema es que el tiempo se acaba y todavía hay medidas que puede implementar el Gobierno, pero vemos poco probable que se implementen. El programa con el Fondo se acaba en 2021 y para nosotros el panorama es muy complicado en cuanto a fuentes de financiamiento para el Gobierno”, detalló el vicepresidente de Riesgo Soberano de Moody's Investors Service, Jaime Reusche, en una entrevista para el diario ecuatoriano Expreso. “Si no se da un programa nuevo con el Fondo —esa posibilidad es escasa en este momento— vemos que será muy complicado cumplir con todos los vencimientos que se vienen desde 2022”. A su juicio, son preocupantes las declaraciones del ministro de Finanzas, Richard Martínez, de que el Gobierno está dispuesto a reunirse con los tenedores de bonos para reperfilar esa deuda, pues, “dependiendo de cómo se haga, Ecuador podría caer en incumplimiento”.

En respuesta, el ministro Martínez lamentó la decisión de Moody’s de rebajar la calificación crediticia del país. Es “prematura”, dijo, y no reconoce los “esfuerzos significativos” que se están haciendo para corregir el déficit fiscal. Ahí es donde la calificadora ve el otro de los problemas: la resistencia. Cuando el Gobierno de Lenín Moreno decidió en octubre del año pasado retirar el subsidio a los combustibles con el fin de ahorrarse unos 1.400 millones de dólares anuales, una fuerte protesta de los transportistas y de la población indígena forzó, tras dos semanas de violencia en las calles, la retirada de la medida. Como consecuencia, el banco central cree que la economía habrá crecido un 0,5% en el cierre de 2019 y las estadísticas de recaudación se redujeron en casi 900 millones de dólares respecto a 2018.

El Ejecutivo encontró después de las protestas, además, un freno en la Asamblea Nacional a sus reformas económicas y a su presupuesto de 2020, que finalmente fue aprobado, por segundo año consecutivo, por ministerio de la ley. Es decir, sin el apoyo legislativo. Uno de los mayores cuestionamientos venía por un rubro de ingresos —de 2.000 millones de dólares para este año y otros 2.000 para el próximo por ser un presupuesto extendido al año electoral— que debería llegar por la venta o concesión de activos públicos, una maniobra a la que ya quiso recurrir Correa al final de su mandato, con la caída de precios del petróleo, y que no ha podido materializarse hasta ahora.

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