La economía ecuatoriana, ante el eterno abismo fiscal de fin de año

La calurosa y soleada Navidad no es el único signo distintivo de las fiestas en Ecuador. En los últimos años también se ha vuelto tristemente tradicional el agobio fiscal del cierre de ejercicio: con un ojo puesto en las urgencias inmediatas y otro en las dificultades del siguiente año, el país sudamericano se ha acostumbrado a cerrar cada diciembre con apuros y postergando una solución más o menos definitiva para su recurrente desajuste fiscal. Desde la fuerte caída en el precio del petróleo en 2014, el Estado lidia con un abultado desfase entre ingresos y gastos que le obliga a recurrir, en el último trimestre del ejercicio, a nuevas fuentes de financiación. Esta vez no será distinto.

Con el mercado exigiendo a Quito uno de los intereses más altos de América Latina, en 2018 el Gobierno de Lenín Moreno tuvo que recurrir a Pekín para cuadrar las cuentas con 1.000 millones de dólares (algo más de 900 millones de euros) que permitiesen cerrar el ejercicio, paga extra navideña de los funcionarios y compromisos de deuda incluidos. En 2019, se sumará un nuevo actor: tras el rescate del FMI, en febrero, Quito se verá obligado a mover ficha para lograr la aquiescencia del organismo multilateral para el desembolso de 500 millones a corto plazo. A cambio de ajustes profundos y un compromiso de enderezar el déficit, el ente con sede en Washington acordó desembolsar 4.200 millones de dólares en tres años. Un potente balón de oxígeno para que Ecuador sobrelleve la situación. Pero los recientes tropiezos políticos y la marejada de fondo en las calles han dejado congelado, por el momento, el segundo tramo de ayuda del Fondo que en el equipo de Moreno esperaban para pasar el difícil trago de cuadrar nuevamente las cuentas públicas. “Desde hace ya muchos años, Ecuador se ha acostumbrado a cerrar con más déficit de lo anunciado. Y, sobre todo, sin transparencia en las cuentas públicas”, critica Leonardo Izquierdo, economista de la Universidad Técnica Particular de Loja, que recuerda que “el techo de deuda del 40% ya fue superado hace tiempo”.

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El rechazo de la Asamblea Nacional a la reforma tributaria pactada con el FMI ha sido la puntilla de la incertidumbre: aunque tanto el Gobierno como el Fondo han tratado de apaciguar la inquietud externa, a nadie se le escapa que el panorama político nubla las perspectivas de consolidación fiscal a medio plazo. “El horizonte se ha deteriorado”, constata Carlos de Sousa, de Oxford Economics. “Y el resultado será un ajuste mucho más gradual que la reducción del déficit de cinco puntos porcentuales originalmente pactada [con el organismo dirigido por Kristalina Georgieva]”. La reacción del mercado a esta noticia, sin embargo, ha ido un paso más allá de lo esperable por los propios analistas. “Ha sido extrema: el equipo del Fondo está al tanto de la situación y parece dispuesto a dar más flexibilidad si ve una senda clara de reducción del déficit y progresos en otras cuestiones, como la independencia del banco central”, enfatiza Sousa. Sin embargo, el riesgo país —el interés exigido por los inversores para comprar deuda de un Estado— se disparó la semana pasada por encima de los 1.400 puntos, récord histórico, solo superado por Argentina y Venezuela en América Latina.

Todo, pese a la buena voluntad, explicitada por los legisladores, de avalar el segundo intento de reforma que debe tramitarse en un máximo de 30 días. “Incluso si ese es el caso”, subrayan Risa Grais-Targow y Laura Duarte, de Eurasia, en una reciente nota para clientes, “el Gobierno tendrá dificultades para seguir cumpliendo los términos del programa en 2020 dada su limitada capacidad política y la dinámica preelectoral [ante las elecciones presidenciales de 2021]”. La segunda propuesta gubernamental no contempla ninguna subida del IVA ni de otros impuestos que afecten a los sectores más desfavorecidos, pero incluye contribuciones de las empresas que facturan más de un millón de dólares, grava servicios digitales como Netflix —a los que solo acceden las clases medias altas o altas— y elimina las deducciones tributarias para quienes tienen rentas por encima de los 100.000 dólares anuales, una cifra inimaginable para el común de los ecuatorianos. Según los planes oficiales, se conseguirán 600 millones adicionales para el próximo año. A costa, por supuesto, de un crecimiento que —a lomos del gasto y la inversión pública y del petróleo— llegó a superar el 7% en pleno boom de las materias primas y que este año será del 0%, según las últimas proyecciones de la Cepal.

La cuenta atrás para el desbloqueo en el Legislativo no es el único pendiente en la agenda de las autoridades ecuatorianas a corto plazo: además de los 500 millones de dólares del multilateral, necesitan otros 1.000 millones más para afrontar un gasto corriente que se duplica en diciembre por las pagas extraordinarias a los funcionarios, cuyas retribuciones se comen cada año en torno a un tercio de los 35.000 millones del presupuesto. El año pasado, Moreno recurrió a China y regresó de su primera visita oficial con varios créditos por un importe total de 1.000 millones, pese a haber demonizado las negociaciones y contrataciones de obra pública con el país asiático dirigidas por el expresidente Rafael Correa, su predecesor, antiguo aliado y hoy enemigo. In extremis, consiguió los fondos.

El lastre de la deuda adquirida

El tramo final del año también es para Ecuador el momento en el que más duelen las deudas adquiridas. Porque debe honrar las ya existentes y porque debe concretar más prestamistas para el siguiente ejercicio. Las necesidades de financiación de este año rozan los 9.000 millones de dólares, entre déficit fiscal y amortización de deuda viva. Y, para el próximo, la propuesta presupuestaria remitida a la Asamblea calcula el requerimiento de nuevos préstamos por encima de los 6.600 millones, de los que 4.710 se irán al pago de compromisos contraídos con el exterior.

Esta cifra, no obstante, podría terminar siendo más abultada si, como también ya es habitual, las previsiones de entradas de caja terminan por no cumplirse. La propuesta de Presupuesto, por ejemplo, contempla 2.000 millones de ingresos procedentes de la “monetización” de activos del Estado —esto es, de la privatización o concesión de empresas o entes públicos como la telefónica CNT, el Banco del Pacífico o varias centrales hidroeléctricas—, que, por ser un año electoral sin presupuesto, contarán en las previsiones de ingresos también para el 2021. En total, 4.000 millones de dólares en dos años, cuando en las cuentas de 2019 ya se incluyeron 1.000 millones de dólares por ese rubro y nunca se concretaron. Lo mismo ocurre con los sueldos del sector público: para 2020 se espera un recorte de 400 millones, una tarea harto complicada habida cuenta de que este año —y por primera vez— la cifra se ha reducido en apenas 100. “Ecuador”, concluye Izquierdo, “no tiene otra salida que generar 2.000 millones de nuevos ingresos tributarios o un recorte similar en los subsidios. Si no lo logra, es muy probable que haya más despidos en el sector público”.

Para cubrir la brecha entre ingresos y gastos y para cumplir con las amortizaciones de una deuda que roza los 57.000 millones de dólares —el 52% del PIB— Ecuador espera solo para el próximo ejercicio la llegada de 2.684 millones de dólares de organismos multilaterales —1.400 millones, exclusivamente del FMI—, 303 millones de dólares de créditos bilaterales, 250 millones de la banca y otros casi 1.500 millones de fuentes aún indeterminadas, como podría ser, la emisión de bonos soberanos como ya ha hecho este 2019 con 3.000 millones en dos operaciones. Desde su regreso a los mercados en 2014, Ecuador se ha endeudado en bonos por 17.750 millones, con plazos cortos y tasas de entre el 8% y más del 10%, con un calendario más que retador para la segunda mitad de esta década. En esos cinco años, el país tendrá que cumplir con casi 12.500 millones de dólares. Una cifra mareante, que ya enciende las alarmas en Quito. La prioridad inmediata, sin embargo, es otra: con cerrar el año es suficiente. Por ahora.