Rafael Correa se enfrenta a su primer gran juicio por corrupción en Ecuador

Hay dos días clave en los próximos meses para el futuro del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, aunque ninguno tiene aún fecha concreta. El primero será aquel en el que la Corte Nacional de Justicia del país sudamericano dicte sentencia en el caso Sobornos que comenzó este lunes y que tiene el fin de desentrañar una supuesta red de financiación ilegal del partido Alianza PAIS, formación con la que Correa gobernó durante diez años en Ecuador. El segundo, que esta semana se sabrá si es en septiembre u octubre, será el que abra la fase de inscripciones de candidatos para las elecciones presidenciales de 2021 a las que Correa tiene intención de presentarse como número dos.

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Si la sentencia por presunta corrupción se adelanta, complicaría las intenciones de Correa de concurrir a las urnas como número dos de un candidato de su confianza, imitando la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, tal y como anunció hace tres meses el exmandatario en una entrevista con EL PAÍS. El exmandatario latinoamericano, procesado en ausencia dado que reside en Bélgica y tiene una orden de detención en Ecuador, ha declarado ahora al canal ruso RT que el proceso penal tiene una clara finalidad de complicar su regreso a la primera fila de la política ecuatoriana, pero calcula que el tiempo corre a su favor. “Incluso si en noviembre saliera la sentencia, sería la primera instancia”, ha dicho, matizando que podría apelar e inscribirse como candidato en las elecciones. “Están desesperados para evitar mi participación porque saben que los vamos a derrotar”.

La causa judicial contra Correa y otros 20 acusados por un supuesto delito de cohecho castigado con hasta cinco años de cárcel durará varios meses, teniendo en cuenta las más de 800 pruebas que las partes han anunciado van a  presentar. Existen también unos cien testigos que están llamados a confirmar la teoría de la acusación fiscal de que Correa era el líder de una “red criminal” que presionaba a grandes empresas para que entregaran sobornos si querían obtener contratos con el Estado o, de lo contrario, a desmontar esta tesis con la estrategia de la defensa de desvirtuar todo el proceso penal. Según los abogados, el caso ha sido forzado por la Fiscalía y no existe una sola prueba. Se trata de una persecución política, defienden los letrados de Correa. Para tratar de dilatar las fases procesales, la defensa ha recurrido a un sinfín de recursos y formalidades jurídicas. 

La Fiscalía inició la investigación en abril del año pasado tras una publicación periodística del portal MilHojas en la que se exponían los nombres en clave de los altos cargos y los empresarios supuestamente implicados en la trama, las cantidades entregadas en sobornos y la forma de pago: en efectivo o con cruce de facturas a cambio de servicios que no se prestaban o que resultaban infladas.

Por aquel entonces el caso se llamaba caso Arroz Verde, pues era el nombre del documento en el que, según la publicación, se contabilizaban las entregas de dinero y que aludía al color corporativo del partido de Correa, Alianza PAIS. Después fue rebautizado como caso Sobornos 2012-2016, que son los años durante los que, según el Ministerio Fiscal, se extendió la trama de aportaciones económicas irregulares de campaña por más de siete millones de dólares (unos seis millones y medio de euros).

La Procuraduría General del Estado, que actúa como acusación por un perjuicio al país cifrado en 21 millones de dólares (19 millones de euros), aseguró que “demostrará que Rafael Correa cumplió dos roles: uno en la cúspide de la pirámide, como ordenador de gastos; y otro en la base, como beneficiario”. Junto a Correa y la decena de empresarios, está enjuiciado también el que fuera su vicepresidente, Jorge Glas; su secretario jurídico, Alexis Mera; sus ministros Vinicio Alvarado, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte —más un exasesor de esta última—; los asambleístas de su partido Viviana Bonilla y Christian Viteri y dos trabajadoras de Presidencia.

Pamela Martínez, asesora de Correa en Carondelet, y la asistente de esta, Laura Terán, son dos de las piezas clave del caso. Llevaban una contabilidad de los pagos y de las instrucciones que seguían para conseguir que los empresarios pagaran un “peaje”, término utilizado por la Fiscalía, a cambio de obtener contratos de obra pública. Entregaron, en colaboración con la investigación, un cuaderno con anotaciones precisas de los montos y documentos de respaldo como archivos Excel y correos electrónicos.

Uno de los empresarios acusados de pagar sobornos, Pedro Verduga, reconoció este lunes ante la Corte Nacional que sí entregó dinero y que lo hizo por presiones de la asesora presidencial Pamela Martínez. En la investigación periodística inicial constaba también Odebrecht como una de las compañías que entregó sobornos a altos funcionarios del Gobierno de Correa, pero la constructora brasileña quedó finalmente fuera de la acusación.

“Una prensa algo seria estaría averiguando cómo un expresidente puede tener 30 juicios penales, vicepresidente preso, canciller con orden de prisión, secretario jurídico, ministros, etcétera sin haber encontrado un centavo mal habido, ninguna cuenta secreta, excepto las del propio Gobierno actual, que con descaro encubren. (...) Objetivo: impedirnos participar en próximas elecciones. Hablan de sobornos de Odebrecht, pero ni siquiera la acusan”, cuestionó Correa en enero en su cuenta de Twitter cuando se hizo el llamado formal a juicio y Odebrecht quedó definitivamente fuera del proceso penal.