Los caseros piden al Gobierno 713 millones en ayudas para los inquilinos más vulnerables

Un aumento más que sustancial de las ayudas directas a los inquilinos. Es la propuesta que la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), una organización que echó a andar en marzo y agrupa casi 35.000 viviendas en arriendo, ha puesto sobre la mesa del Gobierno. Según su análisis, los 350.000 arrendatarios más vulnerables de España destinan como media un 48% de sus ingresos mensuales a pagar la casa donde viven. Sobre un alquiler medio de 413 euros, la factura de reducir ese esfuerzo al 30% (el límite recomendado por los expertos) ascendería a 713 millones al año.

La cifra supondría elevar en un 60% los 446 millones que las comunidades autónomas tendrán este año en sus programas de ayuda de Vivienda, contando con los 100 millones extras que el Gobierno transfirió para abordar la crisis del coronavirus. Y es solo el principio: el propio estudio señala que la epidemia puede provocar que más de 1,2 millones de hogares en alquiler vean elevarse por encima del 40% su esfuerzo inmobiliario. “La continuidad de elevadas tasas de desempleo aumentará el impacto sobre las familias más allá de lo previsto en estas cifras”, sostiene el documento.

Los 713 millones de subvenciones superan todo el Presupuesto estatal en Vivienda de 2019. Y en un contexto de crisis, sin contar con las complicaciones derivadas de las negociaciones políticas, en Asval creen que pretender un aumento por vía presupuestaria es irreal. Joan Clos, presidente de esa asociación de la que forman parte 600 caseros entre empresas y personas físicas, abre otra posibilidad: “Podría estar relacionado con los paquetes de ayuda europeos que se están negociando”.

Reuniones con el sector

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha reunido con diversos actores del sector para identificar los problemas del inmobiliario español y buscar soluciones. Los dirigentes de Asval han aprovechado esos encuentros para transmitir su plan. “Seguiremos analizando las posibilidades que puedan existir para seguir ayudando”, señala un responsable ministerial sin valorar en concreto ninguna de las propuestas recibidas.

En el antiguo Ministerio de Fomento defienden su gestión en la crisis del coronavirus para paliar las consecuencias directas sobre el mercado de alquileres: el mencionado aumento de 100 millones de las subvenciones directas, las medidas para favorecer moratorias o exenciones de renta y la línea de créditos finalistas del ICO. “La política que se ha llevado es la correcta”, argumenta esa misma fuente ministerial que admite que la posibilidad de poner en marcha nuevas iniciativas pasa en buena parte por Bruselas: “En función de las ayudas europeas, veremos”.

Donde la coincidencia es casi absoluta es en la principal necesidad del mercado español en alquileres a largo plazo. “Sector y Administración tenemos que colaborar para desarrollar un parque de alquiler de vivienda asequible, pero eso lleva 10 o 15 años”, explica Beatriz Toribio, directora general de Asval. Mientras tanto la asociación, que fue mal recibida entre los sindicatos de inquilinos por acoger a las marcas inmobiliarias de algunos fondos de inversión que poseen miles de pisos en España, apuesta por aumentar los recursos para subvenciones directas y ve en los fondos europeos una oportunidad de oro. También está trabajando, agrega Toribio, en extender el “contrato garantizado de alquiler asequible”. Esta fórmula, que funciona bien en comunidades como el País Vasco, consiste en que los particulares ceden la gestión de sus casas a agencias públicas. Estas los alquilan por debajo de los precios de mercado y, a cambio, garantizan la percepción mensual de la renta a los propietarios.

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