España, abocada a subir los impuestos según los expertos

La hecatombe económica causada por la pandemia dejará una herencia amarga en las cuentas públicas: un déficit desbocado y una deuda en niveles inéditos desde principios del siglo pasado. Estas previsiones ya han hecho saltar todas las alarmas y el fantasma de los ajustes ha vuelto a planear sobre la economía. Aunque no será ni hoy ni mañana, todo apunta a que en el medio plazo habrá que intentar cuadrar el círculo. La pregunta es cómo. Los expertos recuerdan que España aún tiene un amplío margen fiscal respecto al resto de Europa y reflexionan sobre cómo atajar la cada vez más abultada factura de las pensiones.

Todavía es pronto para saber cómo será la vida tras la pandemia. Pero la magnitud de la crisis ya obliga a pensar en el después. Un futuro que augura ajustes para compensar el esfuerzo mayúsculo que están realizando las Administraciones en el presente, con las arcas públicas tensionadas por el lado del gasto y desinflándose los ingresos. Así lo sugirió hace dos semanas la Autoridad Fiscal (Airef), que auguró futuros ajustes para revitalizar las depauperadas cuentas públicas tras el coletazo de la covid-19. Y así lo remarcó hace unos días el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, al invocar “una estrategia clara de saneamiento” en el medio plazo a través de un pacto de varias legislaturas. Lo que suele traducirse en recortes y alza de impuestos.

Bruselas decidió no pedir recortes ahora a los países pese a que el déficit está desbocado y la deuda pública amenaza con alcanzar niveles sin precedentes en más de un siglo. Sin embargo, recordó que cuando pase la tormenta habrá que retomar la consolidación fiscal. “Como país hay que decidir: si desmantelar parte del Estado de bienestar o aumentar los ingresos”, dice Ignacio Conde-Ruiz, profesor de la Complutense y subdirector de Fedea.

“Está escrito que se van a pedir esfuerzos, pero hay que ir con muchísimo cuidado para que no se frene la inversión”, alerta Valentín Pich, presidente del Consejo de Economistas. Ahora nadie duda de que hay que gastar más y endeudarse: mientras las rentas y el consumo sigan decaídos y los beneficios empresariales mermados, aumentar la imposición fiscal puede ser contraproducente, según todos los economistas consultados. Pero el momento de la consolidación llegará y habrá que tirar de un lado u otro de la manta: aumentar los ingresos o reducir los gastos.

El tsunami económico golpea dejando muchos interrogantes y pocas evidencias, aunque contundentes: hachazo al PIB, más paro y una importante “mochila de deuda y déficit”, dice Pich, que se tardará en vaciar. El Gobierno calcula una caída del crecimiento del 9,2% en 2020, un salto de la deuda hasta el 115,5% del PIB y un déficit del 10,3% (más de 100.000 millones), por el aumento del gasto en sanidad y protección social y un desplome de recaudación de unos 25.700 millones. Una previsión que otros ven excesivamente optimista y que puede empeorar si hay un rebrote en otoño.

Pero también está la otra cara de la moneda: se prevé un vigoroso repunte en 2021 que compensará parte del derrumbe. “Otra cosa es que sea tanto como para no poner orden en las cuentas públicas”, matiza Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). El también catedrático de la Universidad de Valencia explica que, a medida que la situación se normalice, algunos desembolsos, como el sanitario, irán reduciéndose. Otros se quedarán más tiempo, como el causado por el previsible aumento de la desigualdad y la renta mínima que se pondrá en marcha para limarla. “El gasto también se puede disminuir con una mejora de la eficiencia y modificaciones en el funcionamiento de las Administraciones”, apunta Pérez. Por el lado de los ingresos, aboga por meter mano, ante todo, a la miríada de beneficios y deducciones que merman la recaudación —la Airef, que prepara un estudio sobre ello, sitúa su coste en unos 55.000 millones—, y luego ir a por aquellas figuras que, en su opinión, más potencial tienen: revisar los tipos reducidos del IVA y aumentar la fiscalidad verde.

La presión fiscal en España se situaba en 2018 en el 35% del PIB, según Eurostat, seis puntos por debajo de la eurozona. Las figuras que más se alejan del promedio son las que más recaudan: el IRPF y las cotizaciones sociales, reflejo de un mercado laboral lastrado por un elevado paro y baja ocupación. También la recaudación por IVA, impuestos verdes y sociedades es algo inferior.

Pero pese a tirar de los ingresos, hay gastos que lo condicionan todo. Y entre todos destaca el de las pensiones, que se come casi dos de cada cinco euros del desembolso total de las Administraciones. A partir del próximo año empezará a jubilarse la generación del baby boom y la carga para la Seguridad Social será aún más pesada. También crecerá la factura para pagar a los inversores por tener una deuda pública cercana al 120% del PIB. Una minuta más elevada que la actual.

José Carlos Díez, de la Universidad de Alcalá, considera casi inevitable tocar las pensiones, cuya factura en 2019 se situó en los 135.000 millones. Propone que la edad de jubilación se mueva ya a los 67 años —en lugar que esperar hasta 2027—, que las pensiones empiecen a calcularse sobre el total de la vida laboral y se congelen en 2020 y 2021. “A partir de 2022, en función de la situación, revalorizar las más bajas”, detalla. En cuanto a los ingresos, coincide en que hay que eliminar los agujeros que merman la recaudación, además de subir los tipos más altos del IRPF y el IVA.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que no habrá “recortes masivos de gasto ni subidas masivas de impuestos”. Por lo menos ahora y salvo lo que ya está sobre la mesa: la tasa Google y a las transacciones financieras, que confía activar en el último tramo del año. Su estimación de recaudación (1.800 millones entre las dos) no cubriría ni dos décimas de déficit. La llegada del coronavirus ha aparcado las otras subidas que planteaba el Gobierno —a las rentas altas vía IRPF y patrimonio, entre otras—, y tampoco parece tener mucho recorrido el impuesto a los ricos propuesto por Unidas Podemos.

“El problema es que tenemos tipos marginales altos y efectivos bajos porque todas las bases imponibles están llenas de agujeros”, insiste Conde-Ruiz. También su propuesta pasa por suprimir los huecos por donde se pierden ingresos, además de revisar los precios públicos como matrículas universitarias o peajes de carretera. “En cuanto a las pensiones, hay que buscar un mecanismo de control, por ejemplo alargar la vida laboral, igual para quien se jubile dentro de 10 años”, detalla.

El catedrático en Economía de la Universitat de Barcelona e investigador del IEB Alejandro Esteller incide en el mismo punto: “Hay que tener claro qué sector público se quiere, y si queremos mantenerlo o que sea más grande, habrá que aumentar los ingresos”. ¿Cómo? “Creo que la única opción es tocar el IRPF”. Pero no solo los tipos marginales máximos, sino los intermedios, junto a una subida de los tipos del ahorro y la eliminación de deducciones y bonificaciones que hacen perder ingresos.

Jorge Onrubia, profesor en la Complutense, coincide con el análisis y sugiere una receta fiscal basada en dos patas. Por un lado una reforma permanente para “compensar esos seis puntos de diferencia en la presión fiscal” con la eurozona, que pasaría por “cubrir los huecos existentes y reestructurar beneficios fiscales”, reforzar los impuestos verdes y los especiales al tabaco y al alcohol y armonizar y modificar el impuesto de sucesiones y donaciones. Por el otro lado, propone un recargo temporal en el IRPF a partir del importe máximo del subsidio de desempleo (unos 15.000 euros brutos al año) para cubrir la factura de la crisis, algo parecido a lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. “No soy partidario de recortar pensiones o en funcionarios ni veo al Gobierno actual haciéndolo, salvo que lo imponga la UE”, añade. Esa será otra incógnita a despejar.

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