El coste de la renta mínima vital se acercará a los 5.500 millones de euros
El Gobierno busca un pacto con las autonomías completando sus prestaciones
Los trabajos técnicos para configurar la nueva renta mínima vital se aceleran. El Gobierno planea un ingreso familiar que beneficiará a los hogares (un millón) más que a los individuos que los componen (tres millones), según el tipo de familia, el número de hijos y su índice de pobreza. Estos componentes dibujarán un abanico tipológico de 12 casos básicos de hogar. El coste total se estima en cerca de 5.500 millones de euros anuales, una cifra que equivale a algo más de la mitad del coste de las pensiones en un solo mes y que se irá rebajando a lo largo del tiempo, a medida que la renta mínima vaya absorbiendo otras ayudas sociales.
El diseño de la renta corre a cargo del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que encabeza José Luis Escrivá, y el Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero, en contacto con otros como el de Trabajo, de Yolanda Díaz, y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, de Pablo Iglesias.
El Ejecutivo prevé que vea la luz en mayo. La renta vital será un instrumento permanente —y no temporal—, como fijó el pacto de Gobierno del 30 de diciembre. Este preveía (punto 2.4.2) un “mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”.
Su esquema básico ya está consolidado, indican fuentes de la Administración. Se organizará en torno a los hogares: se distinguirán 12 tipologías básicas de familia para incorporar cualquier situación de pobreza extrema. Y se permitirá que sus beneficiarios compaginen la ayuda con un empleo durante unos meses: la idea es incentivar la incorporación de los beneficiarios al mercado laboral, en vez de disuadir de ella. También se computarán todos los ingresos por rentas del hogar y, como novedad en el panorama fiscal español, un examen del patrimonio. Esto, junto al estrecho cruce de datos entre Seguridad Social y Hacienda, intentará desde el principio evitar los fraudes y combatir la economía informal.
Altos cargos de los departamentos implicados han iniciado distintas reuniones con las comunidades y los municipios. Con las autonomías, porque las competencias sociales son compartidas o concurrentes. Ellas ostentan la de la “asistencia social” (artículo 148 de la Constitución y Estatutos), y el Gobierno, la de la Seguridad Social (artículo 149).
Las bases sobre las que se pretende una entente fluida son dos. Una, el respeto a las rentas de inserción autonómicas, existentes desde que en 1989 pusiera en marcha la suya, de forma pionera, el País Vasco. Hoy, las 17 comunidades y Ceuta y Melilla despliegan distintos sistemas, muy heterogéneos en criterios y cuantía (entre 300 y 726 euros mensuales), pero que han sido muy útiles contra la extrema pobreza (310.000 hogares beneficiados). Totalizan ayudas por más de 1.500 millones de euros (dato de 2017). La otra base de cooperación se asienta en el carácter complementario del nuevo ingreso mínimo, hasta alcanzar determinados topes entre uno y otras, o a la inversa.
El diseño de la gestión del ingreso vital atribuye a los municipios un rol clave, para que ejerzan como factor sobre el terreno de una suerte de “ventanilla única” de todas las ayudas sociales.
El planteamiento general de la operación se orquesta sobre el estudio Los programas de rentas mínimas en España, que la Autoridad Fiscal (Airef) alumbró en junio del año pasado, cuando estaba al mando del hoy ministro de Seguridad Social. Ese punto de arranque, que ya prefiguraba el conjunto de propuestas incorporadas ahora al proyecto, está siendo actualizado en las cifras, entonces correspondientes a 2017. Y está buscando el encaje en las disponibilidades fiscales.
El reciente acuerdo europeo del Eurogrupo abonando la disponibilidad del apoyo del Mecanismo de Estabilidad (Mede) para financiar los efectos directos “e indirectos” de la pandemia podría constituirse en desencadenante de la obtención de recursos.
El estudio de la Airef —que también analizaba la iniciativa legislativa popular lanzada por CC OO y UGT—, aparte de respetar las rentas de inserción de las autonomías, preveía un coste total de 5.500 millones, con una mayor efectividad en la reducción de la “pobreza severa” al focalizarse más en los beneficiarios más necesitados.
Y calculaba que la absorción de otras ayudas estatales no contributivas reduciría la factura en unos 2.000 millones. Como estas se irán integrando más paulatinamente en la renta vital a lo largo de una “transición pausada que permita adaptarse a las familias y a los sistemas”, indican las mismas fuentes, el coste del primer año se acercará a los 5.500 millones inicialmente proyectados, para irse reduciendo después.
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