Los que están en primera línea de la alerta social

La pandemia ha revelado la precariedad en la que viven muchos ciudadanos. Pero un segmento de la población aparece como especialmente vulnerable: quienes no han podido acogerse a un ERTE y tampoco cuentan con la ayuda del paro. Mientras esperan el ingreso mínimo que el Gobierno prepara, estas familias ven un futuro lleno de nubarrones.

María Blanc, de Cáritas Madrid, dice que el mayor problema de estas familias es no tener cubiertas las necesidades básicas. Las ayudas de la organización muchas veces es lo único con que cuentan hogares como el de Fernando Grisales, de 47 años, y Maricruz Franco, de 32. Ambos licenciados llegaron a España en mayo de 2019 desde Colombia, con su hijo de dos años y otro de camino. Vivieron en una habitación diminuta por la que pagaban 300 euros. Aunque la situación es, en general, poco esperanzadora, Grisales es optimista y cree que las cosas “irán a mejor”. La semana pasada recibió los papeles de residencia y ahora esperan ansiosos esa vuelta a la normalidad que les permita trabajar. No saben muy bien qué es la renta básica, como el reto de los preguntados, pero antes de recurrir a ella preferirían volver al tajo. “Lo que más quisiéramos es conseguir un trabajo, pero si no tenemos de otra y si es que podemos optar, pues claro que la aceptaríamos”.

En el tiempo que llevan en España Grisales ha tenido contratos temporales en la construcción, como camarero o cargador, entre otros, y Franco ejercía de cuidadora y limpiadora en una casa hasta antes del estado de alarma. La familia ha recibido el apoyo de Cáritas para pagar la fianza del lugar donde se han establecido; también les da ayuda alimentaria que complementa en especie la Cruz Roja. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid les han apoyado con medicamentos y dado becas para que los niños puedan ir a la guardería. La familia se siente agradecida con la ayuda recibida, aunque no pierde de vista que son apoyos “son puntuales” y que en cuanto se agoten, y la situación lo permita, tendrán que empezar de nuevo.

Mely Rodríguez tiene 52 años y vive en Sevilla. En 2008 abrió un restaurante con su exesposo que se vieron forzados a cerrar por la crisis en 2013. Después llegó la separación, y a los 48 años tuvo que “reinventarse”. Hace tres que trabaja como camarera de piso con contratos de días o de horas. En febrero consiguió un contrato “en condiciones”. La pandemia interrumpió su trabajo y ahora solo se ha quedado con la paga de los días que restaban. No pudo acogerse a un ERTE ni a las ayudas del Gobierno. “Si no eres fija o fija discontinua tienes mucha precariedad”. Cuenta con el subsidio familiar de 430 euros al mes y con una ayuda del Ayuntamiento de 120 euros mensuales. “Con 550 se supone que tengo que pagar 350 euros de alquiler, luz, agua, Internet para que mi hijo haga sus tareas, y también comer”. Confía en que la renta mínima “sea una ayuda directa, que vaya a tu cuenta, porque si le tienes que pedir a un banco... No será fácil”.

Cáritas Española ha solicitado al Gobierno conocer las disposiciones en las que trabaja sobre renta mínima para poder orientar a la gente. Pero sigue sin haber nada claro.

Las camareras de piso, también conocidas como kellys, es otro de los colectivos que han quedado aún más desprotegidos tras la pandemia. Antonina Ricaurte, de 50 años, tiene un hijo de 13 y vive con su marido, a quien le han reducido el sueldo. Desde hace seis años trabaja en hoteles de Palma de Mallorca como eventual. No pudo acogerse a ninguna ayuda. “He hecho trámites con las entidades bancarias para que me perdonen o retrasen las cuotas, pero no lo he podido. No cumplo los requisitos”. Así que ha tirado de sus tarjetas de crédito. Dice que será la primera vez que no pague a tiempo. “Me toca elegir entre pagar los recibos o dar de comer a mi familia”.

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