El Gobierno prevé que los ingresos públicos se reduzcan en 25.700 millones en 2020

La pandemia está teniendo un impacto devastador sobre la economía. Según ha anunciado este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la recaudación tributaria se contraerá este año en torno a un 5%. Se trataría del primer retroceso desde 2009, cuando la crisis financiera golpeaba fuerte y se cebaba con el empleo. Entonces, el desplome fue épico: los ingresos cayeron un 17%. Entre las grandes figuras fiscales, el impuesto sobre sociedades será el que peor encajará el golpe, con un desplome previsto del 8,7%. Pero la caída será generalizada: los ingresos por IVA disminuirán un 5,2%, un 2,4% los por IRPF, un 6,7% los impuestos especiales, un 37,9% los relativos a transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y un 5,75% las cotizaciones sociales.

Aun así, la caída en la recaudación será inferior a la registrada en shocks precedentes y también menor a la que experimentarán las demás magnitudes económicas. En el primer trimestre, el PIB sufrió una caída del 5,2%, el peor dato desde los años treinta del siglo pasado. Y la instantánea contenida en el Plan de Estabilidad que el Gobierno acaba de enviar a Bruselas es aún más sombría: la economía se desplomará un 9,2% en 2020, la deuda se disparará hasta el 115% y el déficit alcanzará cotas de dos dígitos, escalando hasta el 10,3% (unos 115.000 millones, frente a los 35.195 millones de 2019), un guarismo cercano al de 2012, cuando el desfase se situó en el 10,7%. Pero entonces de por medio hubo un rescate a la banca.

Déficit del Estado

Deuda pública

En % del PIB

En % del PIB

Gastos

Ingresos

115,5

Déficit

51,5

95,5

10,3

41,9

2,8

41,2

39,1

2019

2020

2019

2020

Fuente: Ministerio de Hacienda.

EL PAÍS

Déficit del Estado

Deuda pública

En % del PIB

En % del PIB

Gastos

Ingresos

115,5

Déficit

51,5

95,5

10,3

41,9

2,8

41,2

39,1

2019

2020

2019

2020

Fuente: Ministerio de Hacienda.

EL PAÍS

Déficit del Estado

Deuda pública

En % del PIB

En % del PIB

51,5

Gastos

115,5

Déficit

10,3

41,9

95,5

2,8

41,2

Ingresos

39,1

2019

2020

2019

2020

Fuente: Ministerio de Hacienda.

EL PAÍS

La ministra de Hacienda ha explicado que esta evolución en la recaudación, menos negativa que otros indicadores, se explica en gran medida por la protección a las rentas con instrumentos como los ERTE o las prestaciones por cese de actividad de los autónomos, también para aquellos trabajadores que no hubieran acumulado el tiempo necesario de cotización para acceder a ella —“nos permiten mantener de alguna forma esa renta y que por tanto el IRPF se comporte de una forma mejor que en cualquier crisis cíclica”—, y la mejora esperada del consumo en la segunda parte del año, que beneficiará los ingresos por impuestos indirectos como el IVA o los especiales.

Pero esta contención no será suficiente para frenar el fuerte aumento del gasto. Las ayudas hasta ahora desbloqueadas suponen ya una factura de casi 140.000 millones. “La previsión del Gobierno es que el gasto se sitúe en el 51% del PIB, lo que supone un incremento de casi 10 puntos porcentuales con respecto al gasto de 2019”, ha señalado Montero. Ni siquiera durante la crisis financiera se alcanzó un nivel tan alto; hasta ahora, el punto más elevado se tocó en 2012, con el 48,7%. Por otro lado, el Gobierno estima que los ingresos caigan 25.700 millones con respecto a 2019, situándose en el 41,2% del PIB. “La irrupción del covid-19 ha modificado totalmente los escenarios. Estos efectos adversos van a impactar lógicamente de lleno en la evolución de las cuentas públicas”, ha recordado la ministra.

Reforma fiscal

España cerró 2019 con un déficit del 2,82%, un resultado por debajo del umbral del 3% fijado en el Pacto de Estabilidad —ahora congelado—, pero tres décimas por encima que el año anterior. “El dato hubiera sido aún mejor si no se hubiera registrado un mal comportamiento del impuesto sobre sociedades, cuya recaudación cayó un 4,4%. El aumento de las devoluciones fiscales superiores a la evolución normal de este impuesto lastraron de forma especial la recaudación”, ha lamentado Montero. En conjunto, los ingresos por impuestos tan solo avanzaron un 2% en 2019, el ritmo de crecimiento más bajo desde 2013.

La imposibilidad de aprobar unos nuevos Presupuestos el año pasado y la decisión de aparcar el diseño de unas nuevas cuentas públicas este año por el estallido de la emergencia sanitaria —el Gobierno ha decidido concentrarse en unos “Presupuestos” de reconstrucción para 2021 de amplio consenso— también impidió al Ejecutivo modificar las figuras fiscales ya existentes para gravar a las rentas más altas. Este compromiso, asumido en el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, sigue sin embargo sigue firme.

“Retomaremos toda la agenda fiscal en el momento adecuado y considero que va a ser uno de los elementos que se discutan en esa comisión de reconstrucción en el Congreso, aunque también aventuro que, efectivamente, en materia fiscal, es donde hay más dificultades para establecer el consenso”. Montero ha asegurado que el Gobierno no plantea “ni una subida masiva de impuestos ni una bajada masiva”, y ha añadido que no se prevé hacer ningún ajuste en el sector público, ya que el objetivo es “mantener” en la medida de los posible las rentas salariales.

Lo que sí ha confirmado es que se avanzará en la tramitación de las dos nuevas figuras fiscales a la que el Ejecutivo dio luz verde el pasado febrero: la tasa Google, que según las estimaciones del Ejecutivo de inicio año brindaría ingresos por 968 millones, y el impuesto a las transacciones financieras. La idea, ha dicho Montero, es que por lo menos el tributo a los servicios digitales esté en vigor para el último cuatrimestre de este año. También está encima de la mesa la tramitación la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal. “Es una cuestión muy importante, que se hace especialmente valida en este momento en el que tenemos que ser capaces todos de contribuir de forma justa”, ha añadido Montero. En 2019, Hacienda consiguió unos ingresos récord gracias a las actuaciones contra el fraude: 15.700 millones de euros.

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