LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

La Comisión Europea advierte a España por incumplir las reglas fiscales antes de que estallara la pandemia

La Comisión constata una “desviación significativa” en los objetivos de deuda el año pasado a pesar de la bonanza económica

El vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovksis, durante la rueda de prensa en Bruselas.
El vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovksis, durante la rueda de prensa en Bruselas.Delmi Álvarez

España incumplía con las reglas fiscales europeas antes del estallido de la pandemia. Bruselas determina en su informe sobre la situación fiscal y financiera que España se desvió en 2019 “de forma significativa” de la senda marcada a medio plazo por la Unión Europea para su deuda pública. Y lejos de poder agarrarse a cualquier factor que justifique ese derrape, la Comisión Europea considera que la “falta de cumplimiento” con los requerimientos para reducir su déficit estructural –que empeoró en un 0,5% del PIB— suponen un “factor agravante” en su evaluación, máxime cuando la economía española estuvo creciendo por encima de la media de la zona euro.

El año pasado España salió del procedimiento de déficit excesivo, dejando atrás una década de austeridad. No volverá a estar bajo la tutela de Bruselas este año. Ni España ni los 26 países restantes sobre los que la Comisión Europea ha tenido que elaborar un informe fiscal al haber comunicado que piensan romper los límites que marcan las reglas fiscales de la UE. Sin embargo, la Comisión le afea -con un tono duro- a España que no solo el déficit planeado para 2020 sobrepasará esos límites, sino que “los datos de 2019 suponen un progreso insuficiente” en la reducción de la deuda.

España cerró el año pasado con un déficit público del 2,8% del PIB (tres décimas más que en 2018) y una deuda del 95,5% (2,1 puntos menos). De acuerdo con el Programa de Estabilidad que la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ha remitido a Bruselas, la pandemia hará que el desfase presupuestario vuele hasta el 10,3% del PIB, mientras que la deuda se disparará hasta el 115,5%. Los técnicos de la Comisión advierten de que, si bien ese valor va a ser “excepcional” a causa del brote, no será “temporal”. Es decir, España se mantendrá por encima del 3% del PIB más allá de 2021.

Tras salir de la tutela de Bruselas, España estaba en un periodo transitorio de tres años para ir drenando su deuda. En este tiempo, debía comprometerse a una reducción del déficit estructural, es decir, el que resulta de despojar a ese indicador de los efectos del ciclo económico. Pero los datos notificados, según la Comisión, muestran que “España no hizo un progreso suficiente hacia la referencia en la reducción de la deuda”.

Desviación del déficit estructural

El incremento del gasto explica, según la Comisión, que el déficit público de España haya escalado del 2,5% al 2,8%. El Ejecutivo comunitario recuerda que en julio de 2018 recomendó a España no incrementar el gasto más allá del 0,6% para alcanzar un ajuste estructural del 0,65% del PIB. La desviación fue significativa y el saldo estructural se deterioró un 0,5% del PIB. “La falta de cumplimiento con los requerimientos del brazo preventivo es un factor agravante para la evaluación del incumplimiento prima facie de España con el criterio de deuda de 2019”, apunta el texto.

Bruselas valora si ha habido factores externos, fuera del control del Gobierno, que hayan impedido la consecución de los compromisos adquiridos. Si bien este año sí los hay, el año pasado no existían. Es más, el informe recuerda que España crecía en 2019 por encima de la media de la zona euro. “No se puede argumentar que las condiciones macroeconómicas son un factor mitigante en la explicación de la falta de progreso suficiente de España”, indica el documento. Además, el progreso realizado por España hasta ahora en las recomendaciones de Bruselas, añade, es “limitado”.

La Comisión, pues, parece no haber tenido en cuenta los factores relevantes que el pasado 11 de mayo planteó España, como acontecimientos imprevistos, el progreso hecho en la corrección de desequilibrios económicos o la necesidad de acompasar la reducción de la deuda con el del desempleo. Sin embargo, la activación de la cláusula de escape general ha librado a España de una reprimenda mayor.

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