La deuda de la Seguridad Social superó en agosto los 50.000 millones por primera vez

Desde que en 2017 la Seguridad Social dejó de recurrir en exclusiva al Fondo de Reserva para cubrir el déficit de las pensiones, su deuda no deja de crecer. En agosto superó por primera vez los 50.000 millones. En concreto, debe 51.193 millones al Tesoro Público. En estos tres años, el pasivo ha crecido en algo más de 34.000 millones. Estos datos ha sido divulgados este lunes por el Banco de España en una serie que muestra también como en agosto volvió a aumentar la deuda del conjunto de las administraciones públicas hasta los 1,2 billones, hasta el 97,38% del PIB.

Ya hace siete años que el sistema de pensiones cierra en números rojos cada ejercicio. Los tres últimos años, incluso, ha superado de largo los 18.000 millones. Esta situación llevó al Gobierno del PP en 2012 a recurrir al Fondo de Reserva, conocido popularmente como hucha de las pensiones, para pagar las pagas extraordinarias de verano y Navidad. Desde entonces y hasta 2016 el Ejecutivo recurrió a este colchón para financiar las pensiones. De haber seguido así, esa hucha se habría agotado ya. Para evitarlo, en 2017 Hacienda concedió un préstamo de más de 10.000 millones de euros a la Seguridad Social.

El crédito aumentó en 2018 en 15.000 millones, cantidad similar a la que se espera para este año. Esto ha propiciado que la deuda de la Seguridad Social se haya disparado. En agosto de este año superó por primera vez los 50.000 millones y es probable que se acerque a los 55.000 al acabar el año.

En este volumen de deuda no solo está incluido el pasivo del sistema de pensiones, también está el del Servicio Público de Empleo y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). No obstante, la mayor parte procede del sistema de pensiones.

La evolución de los últimos tres años revela cómo las decisiones políticas han afectado a las finanzas de la Seguridad Social. Antes de que se recurriera a los créditos para compensar el desfase entre ingresos y gastos, la deuda de la Seguridad Social estaba estabilizada en torno a los 17.200 millones (acumulada, sobre todo, en los años noventa del siglo pasado, cuando todavía se pagaba parte de la Sanidad con cotizaciones). Desde julio de 2017, coincidiendo con la paga extra de verano, hasta agosto de este año el salto ha sido de más de 34.000 millones.

La política de recurrir a créditos para pagar las pensiones por la insuficiencia de recursos de la Seguridad Social ha sido criticada por diferentes autoridades y organismos, entre ellos el actual secretario de Seguridad Social, Octavio Granado. También lo ha hecho el Tribunal de Cuentas: “Este tipo de medidas coyunturales [en referencia a los préstamos] no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, [...]. Más bien al contrario, dejan a este organismo en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia”, exponía este órgano fiscalizador en su análisis del balance general de Estado de 2017. Para resolverlo, el Tribunal de Cuentas proponía que Hacienda hiciera directamente transferencias y no otorgara créditos “mientras estos problemas de naturaleza estructural no sean solventados y no se lleven a término las reformas que sean precisas para resolver de forma estable dicha situación”.

Transferencias estatales

Esta posición es muy parecida a la que mantiene la Autoridad Fiscal (Airef). La institución que preside José Luis Escrivá divulgó un informe el pasado marzo donde lanzaba propuestas para abordar los números rojos de la Seguridad Social. Planteaba medidas que suponen financiar con impuestos algunas de las actuales prestaciones de la Seguridad Social. Con ello, defiende que sea el conjunto del Estado el que asuma los números rojos del sistema de pensiones evitando así que se extienda la incertidumbre sobre su viabilidad.

Los datos del Banco de España sobre la evolución de la deuda de la Seguridad Social están incluidos en la serie sobre deuda pública española. En estos se aprecia que en agosto volvió a subir el pasivo público, hasta los 1,2 billones y acaricia su máximo histórico.

El Ministerio de Economía calcula que esa cifra equivale a una tasa de deuda del 97,38% del PIB, ligeramente inferior al del mismo mes del año anterior (97,98%). Economía añade que esta ratio es compatible con el objetivo de deuda comprometido con Bruselas para el conjunto del año, situado en el 95,9% del PIB. El departamento que dirige Nadia Calviño precisa que estos datos son “volátiles y están muy condicionados” por la concentración de emisiones en los primeros meses del año y de los vencimientos en enero, abril, julio, octubre y, por primera vez este año, noviembre.