Andorra investiga si FCC pagó sobornos para conseguir obras en Latinoamérica por 434 millones

Tiene nueve páginas, fue firmado el 28 de abril de 2010 en Madrid y refleja comisiones del 4 % por obra. La Policía de Andorra indaga si el contrato que firmó la multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) con un abogado de Panamá ocultó un esquema de pago de sobornos. Un mecanismo para hacerse con adjudicaciones públicas por valor de 434 millones de euros en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, según dos recientes informes confidenciales de los investigadores de este Principado a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Tras suscribir el acuerdo con Mauricio Cort, un letrado español con nacionalidad panameña, FCC recibió siete de las diez adjudicaciones públicas recogidas en los anexos del contrato. Las obras sumaron 434 millones de euros y se ejecutaron entre 2010 y 2014, según las comprobaciones de este periódico.

Gracias a las gestiones del abogado, FCC consiguió proyectos en Panamá como el Hospital Luis Chicho Fábrega (127 millones de euros), la sede del tribunal electoral (27,6) el acceso del cauce del Pacífico del Canal (187) –en consorcio con las firmas ICA y Meco— o la rehabilitación del puente Centenario (27,6). También captó en Nicaragua la ejecución del complejo judicial central de Managua (13,8), el tramo cinco de la carretera Longitudinal Norte de El Salvador (31,2) y la mejora de la ruta nacional tres de Costa Rica (19,7).

FCC inició estas obras durante los mandatos de los expresidentes Ricardo Martinelli (Panamá), Daniel Ortega (Nicaragua) y Mauricio Funes (El Salvador).

Cort fue condenado el pasado año por un tribunal de Panamá a 48 meses de prisión por actuar como intermediario de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama de sobornos de América. La Policía de Andorra rastrea sus movimientos. El motivo: Las cuatro cuentas que este letrado de 49 años manejó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) cobraron fondos millonarios de la constructora brasileña, según los investigadores.

La conexión con Odebrecht

Además, los agentes del país pirenaico analizan la conexión entre FCC y Odebrecht y la figura de Cort como nexo entre ambas compañías. Y apuntan a proyectos donde participaron las dos firmas, como la Línea 1 del metro de Panamá. Un consorcio de Odebrecht y FCC ejecutó en 2010 esta obra de 1.500 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción de España también ha puesto el foco sobre esta infraestructura en una investigación.

En el contrato firmado en 2010 entre FCC Construcción y Cort se recogía una “retribución” del 4 % por obra. El abogado habría cobrado 17,3 millones de euros por sus servicios.

Por parte de FCC Construcción suscribieron este acuerdo, que tuvo una duración de tres años, los entonces directores de América Latina y de Administración y Finanzas. Cort no apareció en el contrato. Sí lo hizo su sociedad Arados del Plata SA, de la que el abogado tiene el 100 % de las acciones, y Juan Carlos Siekavica, un “testaferro” del letrado, según un informe de la Policía de Andorra del pasado tres de abril.

"Los contratos no eran negociados por los firmantes. Se contrató a Cort porque facilitaba los accesos y canales para obtener las obras. Hasta donde yo sé no tengo constancia de que se hiciera algo malo. Es normal contratar a gente de otros países como interlocutores", señala uno de los firmantes, hoy fuera de la constructora.

Aunque el contrato se firmó en abril 2010, el documento recoge en su punto cinco que las partes –FCC y Cort- “han venido colaborando” antes y “están interesadas en continuar su colaboración en el futuro”.

De hecho, la Policía de Andorra tiene acreditado que Cort usó su sociedad Arados del Plata SA para cobrar en la BPA 3,5 millones de dólares (3,1 millones de euros) por trabajos de intermediación a favor de FCC. El propio Cort justificó ante los gestores de este banco que el dinero procedía de la multinacional española, según un acta confidencial de la institución financiera del 7 de mayo de 2013. En el documento, la entidad duda de que el dinero que Cort movió en este país pirenaico blindado hasta 2017 por el secreto bancario fuera de él. 

Los dos informes de la Policía de Andorra sobre FCC forman parte de la causa denominada Operación Pernambuco. Sus pesquisas rastrean los millonarios sobornos de Odebrecht a decenas de altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de Latinoamérica a cambio de adjudicaciones de obras.

FCC ha indicado a este periódico que ninguno de sus directivos y empleados está siendo investigado en Andorra por este caso. Y que los ejecutivos que suscribieron los contratos con Cort han abandonado la compañía. “FCC no hace comentarios sobre investigaciones judiciales en curso de las que no es parte. FCC presta cuanta colaboración le es requerida por órganos judiciales”, dice la constructora en un correo.

Cort eligió para depositar sus fondos la BPA, una entidad propiedad de los hermanos Higini y Ramón Cierco intervenida en marzo de 2015 por las autoridades de este país de 77.000 habitantes por un presunto caso de blanqueo de capitales. El banco abrió supuestamente decenas de cuentas a clientes sin advertir su condición de Personas Políticamente Expuestas (PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por haber ocupado un cargo público, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.

La trama Odebrecht, el presunto blanqueador asiático Gao Ping o los saqueadores de la petrolera estatal venezolana PDVSA eligieron esta institución financiera andorrana para ocultar su botín. En la denominada causa Petróleo, que indaga el expolio de la energética estatal venezolana, están procesados el que fuera director general y consejero delegado de la BPA Joan Pau Miquel y el exdirector de la Oficina Internacional de este banco Pablo Laplana.

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