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Solo Madrid (y a lo mejor Andalucía) resisten el embate de los taxistas contra Uber y Cabify

La mayor parte de las comunidades autónomas legislan contra las VTC siguiendo el ejemplo catalán en un conflicto muy politizado

Concentración de taxistas madrileños en la Puerta del Sol.
Concentración de taxistas madrileños en la Puerta del Sol.

La desconvocatoria de la huelga indefinida por los taxistas de Madrid el pasado miércoles tras 16 días de paros ha supuesto un punto de inflexión en el conflicto enconado que mantiene el sector del taxi con las empresas de vehículos de transporte concertado (VTC) que usan aplicaciones como Cabify y Uber.

La Comunidad de Madrid, en la que se concentra la mitad (49,8%) de los VTC de España con 6.632 licencias, ha sido la única administración autonómica que ha resistido claramente las presiones del taxi, y no ha legislado para restringir la actividad de esta nueva forma de movilidad que tiene el móvil como principal aliado.

En el otro bando, la Generalitat de Catalunya se ha decantado sin ambages por defender los "intereses anticompetitivos" de los taxistas, como los califica la autoridad de Competencia, mediante un decreto-ley que impone la precontratación de los VTC con al menos 15 minutos de antelación lo que, en la práctica ha supuesto la desaparición de un servicio cuya principal ventaja es la inmediatez ya que el 98,5% de sus viajes se realizan con tiempos inferiores a ese cuarto de hora de espera.

El Gobierno vasco no ha tardado en seguir los mismos pasos aprobando una legislación muy similar a la catalana, y los ejecutivos de Valencia y Aragón y Baleares preparan normativas casi idénticas para expulsar a los VTC. La incógnita ahora es saber qué hará el nuevo gobierno andaluz de PP y Ciudadanos que, como en otras materias, se mueve en la ambigüedad y no ha definido su postura.

El conflicto se ha politizado abiertamente como demostraron las manifestaciones de ambas partes en Madrid: los taxistas concentrándose frente a la sede del PP, y los conductores de VTC frente a las del PSOE y Podemos. Esa politización se ha trasladado a la legislación. En general, los gobiernos dominados por nacionalistas o socialistas han sido los que han recogido el guante del decreto del Ministerio de Fomento que traspasaba la competencia de la normativa sobre VTC a las comunidades autónomas, y han aprobado normas tan restrictivas que, en la práctica, suponen un veto a la actividad de estos vehículos.

Por el contrario, las comunidades gobernadas por el PP han rechazado esa competencia, aunque con excepciones como Galicia. El gobierno de Alberto Núñez Feijóo también se ha puesto del lado de los taxistas y estudia la "viabilidad legal" de obligar a que los VTC se tengan que reservar con una antelación mínima de tres horas, pese a la escasa implantación de estos vehículos en la región.

Debido a esa politización, las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo pueden suponer un cambio radical en la evolución. Este es el panorama legislativo en las comunidades autónomas donde están implantados los VTC

Cataluña

El Gobierno catalán ha aprobado un decreto-ley que establece que los vehículos VTC deberán fijar un periodo de precontratación de al menos 15 minutos, ampliable hasta una hora por los distintos ayuntamientos. También introduce la eliminación de la geolocalización que solo se podrá activar una vez que el usuario haya contratado el servicio y medidas para evitar que los vehículos se mantengan circulando vacíos como hacen los taxis.

Una pasajera camina por el aparcamiento vacío de VTC en el aeropuerto de Barcelona.
Una pasajera camina por el aparcamiento vacío de VTC en el aeropuerto de Barcelona. REUTERS

Uber y Cabify anunciaron que dejaban de dar servicio en la ciudad desde el 1 de febrero, coincidiendo con la entrada en vigor del decreto. Las empresas propietarias de las licencias como Vector Ronda presentaron expedientes de regulación de empleo para sus 3.500 trabajadores, en el mayor ERE de los últimos 40 años en la región.

Además, las empresas ya preparan la batalla jurídica. Van a recurrir el decreto del Govern ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y además solicitarán ante los tribunales ordinarios indemnizaciones por daños y perjuicios por 1.100 millones de euros. Incluso no descartan la vía penal contra el presidente Quim Torra y nueve miembros de su gobierno.

Madrid

Al principio del conflicto, el Gobierno del popular Ángel Garrido se mostró favorable a las tesis de los taxistas, y pactó con el Ayuntamiento de la capital dirigido por Manuela Carmena un borrador de normativa que establecía el concepto de "precontratación espacial" y no temporal de estos coches. En lugar de pedir el servicio con antelación, el vehículo solicitado y el viajero debían estar a una distancia mínima de 300 o 500 metros.

Esta peculiar condición fue rechazada incluso por las taxistas, que radicalizaron su postura con cortes de calles (tuvieron que ser desalojados del Paseo de la Castellana) y manifestaciones frente a la sede del Gobierno regional y del PP. Garrido se negó entonces a "legislar para hacer desaparecer" un sector de los VTC y los 3.000 trabajadores que emplea, y ni siquiera aceptó la última propuesta de los taxistas de dejar que fuera el ayuntamiento de Carmena -favorable a sus tesis- el encargado de legislar.

Los taxistas votaron levantar la huelga el pasado día 6 y se emplazaron a después de las elecciones del 26 de mayo a reiniciar sus movilizaciones con el nuevo gobierno regional que salga de las urnas. Entretanto, y a falta de esa legislación sobre VTC, el Gobierno de Garrido tiene ya preparado el nuevo reglamento del taxi, con el que trata de compensar al sector al permitir que los ayuntamientos puedan poner en marcha planes de amortización (recompra) de licencias, para adaptar la oferta y la demanda.También se establece una especie de precio fijo al introducir la posibilidad de que "los servicios previamente contratados puedan ser realizados con contratación por plaza y pago individual", y que las tarifas del taxímetro tengan el carácter de máximas de forma que el usuario podrá conocer el precio del servicio antes de su realización.

Valencia

Protesta de taxistas en la calle Colón de Valencia.
Protesta de taxistas en la calle Colón de Valencia.

El Gobierno socialista de la Generalitat Valenciana, apoyado por nacionalistas y Podemos, ha replicado la normativa catalana sin disimulo. Ya tiene lista una normativa que introduce un periodo mínimo de 15 minutos entre el momento de la solicitud del servicio y su inicio, un periodo que los ayuntamientos podrán incrementar en su ámbito urbano si lo consideran necesario. También prohíbe la geolocalización, impone que los VTC tengan que estar en garajes o aparcamientos cuando no estén ocupados e introduce medidas como que los vehículos deban tener menos de 10 años y en el caso de ser sustituidos cambiarse por coches ecológicos.

La patronal Unauto ya ha avisado que cuando se apruebe esta norma supondrá la suspensión del servicio de los 323 Uber y Cabif que operan en la región, y la desaparición de 500 puestos de trabajo, así como la petición de indemnizaciones a la Administración según señala el presidente de la asociación en la Comunidad Valenciana, Ricardo González.

Pero a diferencia de Cataluña, el Gobierno de Ximo Puig tiene un problema de calendario. Debe enviar el borrador del decreto a todos los implicados y esperar luego el dictamen de la Abogacía General de la Generalitat, para que el pleno del Consell lo apruebe. De ahí, pasará para su aprobación a Las Cortes pero la disolución de la cámara está prevista para la primera semana de abril, de modo que los plazos son muy apurados. Si no da tiempo, tendría que ser la Diputación Permanente de la cámara la que validara el decreto-ley, aunque algunos juristas dudan que este órgano puede aprobar la norma ya que su función es atender solo medidas muy urgentes.

Andalucía

Una parada de taxis en Sevilla.
Una parada de taxis en Sevilla.

El nuevo Gobierno andaluz de coalición entre el PP y C’s sigue titubeando a la hora de dar una solución al conflicto. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, se ha limitado a ofrecer al taxi “diálogo y colaboración para encontrar su equilibrio con los VTC”. A falta de una propuesta concreta ha creado un grupo de trabajo con todos los sectores implicados que se reunirá el próximo 14 de febrero.

El Ejecutivo andaluz no lo a va tener fácil. Los ayuntamientos de ciudades como Sevilla, Granada o Córdoba, todas ellas gobernadas por el PSOE con el apoyo de Podemos/IU, se muestran a favor de restringir las VTC, que tienen 1.869 licencias en la región. El patrón lo ha fijado el ayuntamiento hispalense que ha acordado con las principales asociaciones de taxistas pedir a la Junta que la futura regulación de los VTC supedite sus servicios a una precontratación previa de entre 30 y 60 minutos y les sea obligatorio regresar a base tras cada porte. Algunos ayuntamientos amenazan incluso con rebelarse si no se atienden estas peticiones.

Baleares

La Conselleria de Movilidad de Baleares está ultimando un decreto con el que pretende que los VTC, que tienen solo 214 licencias en las islas, tengan que ser contratados con una hora de antelación y a través de una agencia. Se prevé que el decreto sea aprobado antes de que concluya la presente legislatura.

Además la Administración sacará a concurso la creación de una futura aplicación para móviles que le permitirá al cliente reclamar un taxi a través de la app y visualizar la ubicación del coche que acude a recogerlo. El coste correrá a cargo del contribuyente, no de los taxistas.

País Vasco

El Gobierno vasco va a dar luz verde a una normativa que obligará a contratar las VTC (actualmente 95 vehículos) con al menos una hora de antelación, salvo en “circunstancias especiales” como urgencias, mutuas de accidente y asistencia en carretera, entre otros supuestos. Los VTC no podrán en ningún caso circular por las vías públicas en busca de viajeros y la geolocalización de los vehículos solo la conocerá la empresa y nunca los clientes.

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