La Generalitat propone contratar los VTC con al menos 15 minutos de antelación
El taxi ve insuficiente la medida y la patronal Unauto advierte de que se perderán 500 empleos en el sector de los vehículos con conductor
El decreto que prepara el Consell para regular las condiciones de prestación del servicio de vehículos de turismo con conductor (VTC) establece como líneas básicas un periodo mínimo de 15 minutos de precontratación y la prohibición tanto de circular por la vía pública en busca de clientes como la geolocalización.
La consejera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha expuesto este martes en dos reuniones a las asociaciones de taxistas y a Unauto, asociación de empresas de VTC, las líneas generales en las que trabaja para elaborar el decreto.
El sector del taxi valenciano ve insuficientes las medidas planteadas y considera que la Generalitat "ha perdido una oportunidad" de solucionar el problema, por lo que no descarta iniciar movilizaciones si la regulación se aprueba.
La patronal de las VTC, Unauto, ha advertido de que la regulación que prepara el Consell para ese servicio supone la eliminación de estas licencias de transporte en Valencia y Alicante, así como el despido de 500 trabajadores, informa Efe. Esta organización ha advertido incluso que dejará de operar en la comunidad autónoma si el nuevo decreto de regulación que ha presentado la Generalitat "va por donde han dicho".
La propuesta de la Generalitat establece una regulación para que los dos sectores puedan convivir y ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio "sin conflictos que les puedan perjudicar", ha manifestado Salvador.
Las asociaciones representativas del taxi en la Comunidad Valenciana pedían en su escrito de alegaciones a la Generalitat un periodo de 12 horas de precontratación para los VTC, la vuelta a la base de los vehículos y la imposibilidad de que circulen buscando clientes.
El decreto que se prepara establece un periodo mínimo de 15 minutos entre el momento de la solicitud del servicio y su inicio, un periodo que los ayuntamientos podrán incrementar en el ámbito urbano si así lo consideran necesario.
Definirá además con mayor exactitud lo que se entiende por "captación de clientes" y no se permitirá que circulen por las vías públicas en busca de clientes, sino que deberán estar en garajes o aparcamientos, con el fin de evitar conductas de intrusismo. Tampoco se permitirá la geolocalización.
También se introducirán otras medidas como que los vehículos deberán tener menos de 10 años y en el caso de ser sustituidos deberán ser menos contaminantes y cambiarse por coches ecológicos.
Salvador ha señalado que estas líneas van a marcar unas reglas del juego que permitan la convivencia entre los dos sectores "para que no se perjudique a los usuarios" con el objetivo de que los ciudadanos reciban "el mejor servicio posible y la forma de desplazamiento que cada uno elija no se vea afectada por ningún conflicto".
Una licencia por cada 14 taxis
En la Comunidad Valenciana existen 4.685 licencias de taxi por 323 licencias de VTC (lo que equivale a un VTC por cada 14 taxis, mientras que la ley establece una relación 1/30).
La Generalitat redactará el borrador de decreto, que será sometido a información para que las asociaciones que han participado en el proceso de presentación de propuestas puedan opinar y, una vez se recabe el informe de la Abogacía, se aprobará por el pleno del Consell.
La consejería de Salvador se centrará en regular solo los servicios de transporte interurbano que realicen las VTC, mientras que permitirá que los Ayuntamientos regulen, ordenen e intervengan en los servicios urbanos en función de su realidad territorial.
Fuentes de la Concejalía de Mobilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia han añadido, tras conocer la posición de la Generalitat, que en la Mesa del Taxi, creada hace unas semanas, "se contemplarán todas las opciones, incluida la de ampliar el tiempo de precontratación. En todo caso, estaremos a la espera de la convalidación del decreto para que se haga efectivo el traspaso de competencias en la regulación".
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