El Gobierno calcula que los VTC se juegan un negocio de 3.800 millones
La Memoria Económica del decreto ley de Fomento calcula unos ingresos anuales de 52.667 euros por cada Uber y Cabify, cuyas licencias están en peligro
El Gobierno admite implícitamente que las empresas que operan los vehículos de transporte concertado (VTC) a través de plataformas como Uber y Cabify perderán un negocio de 3.800 millones de euros en los próximos cuatro años si finalmente las legislaciones restrictivas como la que prepara la Generalitat de Cataluña les fuerza a dejar la actividad.
Así consta en el cálculo de ingresos de los VTC que contiene la memoria económica del impacto normativo que acompañaba al real decreto ley que el Ministerio de Fomento aprobó a finales de septiembre. En este, el Gobierno transfería a las comunidades autónomas la competencia para regular la actividad de estas empresas, a las que, a modo de indemnización en especie, da un plazo de cuatro años para seguir operando en el interior de las ciudades.
En el documento, que no hizo público el ministerio cuando se aprobó el decreto y al que ha tenido acceso EL PAÍS, se calcula que cada vehículo VTC genera un negocio (flujo de caja positivo) de 52.667 euros al año. Si se multiplica esa cantidad por los cuatro años que se le han dado de margen y por los 18.000 VTC que la propia memoria consigna como el parque de vehículos Cabify y Uber (actualmente hay 13.000, pero al menos otras 5.000 licencias están pendientes en los tribunales) resulta una cantidad de 3.792 millones de euros.
Una cifra muy similar a los 3.800 millones de euros que calculó en septiembre un informe de la consultora Ernst & Young encargado por Unauto VTC, la patronal de los vehículos de transporte concertado, que cifró en esta cantidad las indemnizaciones que pedirían las empresas en caso de que se limitara su actividad con el polémico real decreto ley.
Cálculo detallado
La memoria económica, que figura como anexo del informe de impacto normativo, estima que la inversión inicial para la adquisición del vehículo y el coste de la licencia VTC es de 61.000 euros. A eso habría que sumarle una serie de costes que el documento enumera con gran detalle: personal de conducción (un conductor; 28.000 euros al año, incluida Seguridad Social), la amortización del vehículo (3.724 euros), la financiación (468,25 euros), los seguros (1.500 euros), combustible (4.875 euros), neumáticos (315 euros), reparaciones y conservación (1.350 euros) e impuestos (1.500 euros), lo que suma unos gastos totales anuales de 40.532 euros. Es decir, que descontados de los ingresos, cada VTC tendría un beneficio anual neto de 12.135 euros.
Con estas cifras, la memoria concluye que, “en consecuencia y por lo que se refiere a una empresa eficiente y bien gestionada, del análisis realizado se desprende que se recuperaría la inversión en el periodo máximo de cuatro años”.
No obstante, Unauto ha rechazado rotundamente esa “indemnización en especie” y ha advertido que si se aprueban normativas como la de la Generalitat de Cataluña, exigirá indemnizaciones por 4.000 millones, ya que, en la práctica, dichas legislaciones suponen la desaparición de su actividad, con la pérdida de todo el negocio durante ese periodo de cuatro años.
De hecho, la memoria económica con la que Fomento respaldó sudecretazo no tiene en cuenta las consecuencias de las posibles restricciones que tanto comunidades autónomas como Ayuntamientos pueden introducir gracias a ese decreto y, que obviamente, disminuirán notablemente los ingresos de los VTC.
El informe de E&Y presentado el pasado 10 de septiembre, antes de que se aprobara el decreto, cifraba el coste de “expropiación” de las licencias de los VTC (17.549) entre un rango máximo de 3.785 millones de euros y uno mínimo de 2.472 millones. Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) evaluó en 3.236 millones de euros el coste de esas licencias en caso de que se prohibiera su actividad.
El decreto que prepara la Generalitat obligará, entre otras cosas, a precontratar con 15 minutos de antelación ampliable a una hora a estos vehículos. Unauto VTC ya ha señalado que si se aprueba el decreto, los VTC desaparecerán de Barcelona porque su actividad será inviable, y que pedirán indemnizaciones y responsabilidades penales a la Administración catalana.
La Abogacía del Estado también respaldó el decreto ley de Fomento en el que asumía que la norma iba a causar “perjuicios” a los propietarios de las licencias, pero consideró que la “eventual discordancia” entre los cálculos del Gobierno y los que hagan las empresas “queda corregida” en el propio decreto al prever cuatro años de moratoria para seguir circulando en el interior de las ciudades y no solo en trayectos interurbanos, que es lo único que les permite desde septiembre la regulación estatal.
