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La Generalitat estudia recuperar licencias VTC y venderlas a empresas que cumplan con el decreto

La patronal de las VTC anuncia miles de despidos pero no presenta los ERE ante Trabajo

Aparcamientos para VTC vacíos en el aeropuerto del Prat. En vídeo, ERE en el sector del VTC.Foto: atlas | Vídeo: ALBERT GEA (REUTERS) | atlas
Josep Catà

Con la entrada en vigor este viernes en Cataluña del decreto ley que obliga a precontratar con 15 minutos de antelación los servicios de coches con licencia de vehículo de transporte concertado (VTC), hoy ha sido el primer día en el que en Barcelona no se han podido obtener los servicios de las plataformas Uber y Cabify, que anunciaron ayer su marcha. La patronal Unauto-VTC ha anunciado que estas restricciones les obligan a cerrar, y preparan los primeros ERE, aunque pese a su anuncio todavía no los han comunicado formalmente a la administración. La Generalitat cree que su decreto es proporcional y justo, y considera que si estas empresas no van a usar sus licencias VTC, otras podrían hacerlo adaptándose a la nueva normativa. Así, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha revelado que estudia cómo recuperar estas licencias, aunque la patronal ya ha advertido de que no están en venta.

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Después del golpe que supone la aplicación del decreto, las empresas que operan con licencias VTC buscan su lugar y tratar de dar una respuesta. En una dura rueda de prensa, la patronal ha asegurado que el decreto pone en riesgo 3.500 puestos de trabajo, y ha anunciado que tres empresas presentarán próximamente sendos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que suman 2.080 despidos (1.000 son de la empresa Vector Ronda, 750 son de Moove Cars y 330 corresponden a Auro). Los responsables de la patronal han explicado que los despidos se deben a que el 95% de la facturación viene de su colaboración con las plataformas que han dejado de operar en Barcelona.

"Es uno de los mayores ERE que se llevan a cabo en Cataluña en los últimos 40 años, y solo hay un responsable, el señor Calvet, que no ha dudado en ceder al chantaje del taxi", ha dicho en rueda de prensa Eduardo Martín, presidente de Unauto-VTC. Sin embargo, estos expedientes no se han presentado todavía formalmente ante la autoridad laboral, y ya no podrán presentarse hasta el lunes, según el departamento de Trabajo.

"Hoy nos expulsan, y a Barcelona la expulsan del siglo XXI, sentando un precedente tremendo por la falta de seguridad jurídica que hay en Cataluña a la hora de invertir", ha añadido Martín. El consejero Damià Calvet rechaza que su decreto tenga como consecuencia el cierre de estas empresas y los despidos, y en una atención a los medios ha anunciado que la Generalitat quiere recuperar las licencias VTC que ya no usen las empresas. "Hay vida más allá de Uber y Cabify", ha dicho. Calvet apuesta por volver a poner estas licencias en el mercado en condiciones de concurso para que las puedan obtener otras compañías dispuestas a operar de acuerdo con el decreto. "Lo que estudiaremos es la manera de que no nos secuestren licencias VTC", ha dicho.

La patronal ha rechazado tajantemente una reventa de las licencias. "Las pondremos en un cajón, nosostros no estamos aquí para vender licencias, estamos para explotarlas, y no nos dejan", ha dicho Martín, quien ha pedido la dimisión del consejero.

En un momento de la rueda de prensa, la patronal del sector ha pasado al ataque y ha lanzado una grave acusación hacia la Generalitat, a la que ha acusado de ofrecer a las empresas de VTC "un pacto corrupto" para evitar que se fueran. Según Josep Maria Goñi, presidente de la patronal en Cataluña, la oferta la hizo el secretario general de Movilidad, Isidre Gavín, en una reunión en la que no estaba el consejero Calvet. Siempre según la patronal de VTC, Gavín habría asegurado a estas empresas que podrían seguir operando "irregularmente" y que las sanciones no tendrían efecto, pese al decreto que este viernes ha entrado en vigor. Goñi ha asegurado que tiene pruebas del contenido de esta reunión, y ha dicho que la patronal se negó "rotundamente".

"Así pretendía contentar a los taxistas y al Área Metropolitana de Barcelona, salvar el Mobile World Congress e intentar contentarnos a nosotros ofreciéndonos seguir trabajando ilegalmente. Pero dijimos que no", ha afirmado el presidente de la patronal en Cataluña, quien ha asegurado tener pruebas de esta conversación y estar preparado por si las personas a las que acusa de estos hechos deciden defenderse. "En el ADN de Calvet perduran las viejas maneras de hacer de la antigua Convergència, y no estamos dispuestos a jugar a eso", ha afirmado.

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Sobre la firma

Josep Catà
Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.

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