La Generalitat estudia crear un fondo para recomprar licencias de taxis

El Gobierno catalán ha aprobado este martes el decreto que limita la actividad de las empresas que operan con licencias de vehículo de transporte concertado (VTC). Pero, tras este primer paso, que entrará en vigor el próximo viernes y que implica precontratar con al menos 15 minutos de antelación los servicios de un Uber o un Cabify, el Ejecutivo catalán quiere ir más allá. En abril empezará a tramitarse una nueva ley que, entre otras cosas, prevé crear "un fondo especial o una tasa", según ha explicado el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, para que la Administración pueda empezar a recomprar licencias de taxi y permita terminar con la especulación que ha hecho que el valor de estas autorizaciones haya crecido tanto en los últimos años. Ante la aprobación del decreto catalán, las empresas de VTC han desmovilizado a sus conductores, que desde hace diez días protestan en la avenida Diagonal, y aseguran que empiezan a preparar su despido.

En la especulación con las licencias de taxi, que los conductores compran a precio de oro pensando en revenderlas al cabo del tiempo y conseguir una buena jubilación, está buena parte del problema de la convivencia entre los conductores de VTC y los taxistas. Los segundos pagan en Barcelona más de 130.000 euros por su permiso, mientras que los primeros pagan cerca de 50.000 euros en el mercado de segunda mano. Y la irrupción de las nuevas plataformas de movilidad, basadas en la inmediatez, hace que se diluya la diferencia entre la actividad de los taxistas y la de los conductores de VTC. Los taxistas ven en ello un agravio y un ejercicio de competencia desleal.

Por ello, el Gobierno catalán ha emprendido la regulación del sector, amparándose en el Real Decreto Ley aprobado en septiembre por el Gobierno de Pedro Sánchez, que traspasó a las comunidades autónomas las competencias de gestión de las VTC. El primer paso es la aprobación este martes del decreto ley, cuyo punto más polémico es la definición de la precontratación para obtener los servicios de empresas como Uber o Cabify.

Tras ceder a las presiones de los taxistas, que protestaron durante seis días con un bloqueo de la Gran Via de Barcelona y con manifestaciones violentas, el Govern ha aceptado blindar en su decreto que haya un margen de 15 minutos de antelación para precontratar un VTC, y ha sentado las bases jurídicas para habilitar a los Ayuntamientos y al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para que puedan ampliar este tiempo mediante sus propios reglamentos. La AMB, que integra a Barcelona y a 35 municipios de su alrededor, y que preside la alcaldesa Ada Colau, ya ha anunciado que su propuesta es fijar una antelación de una hora.

De momento, y a la espera de que la AMB redacte su reglamento, a partir de este viernes entrará en vigor la antelación de los 15 minutos. "Nosotros somos los de los 15 minutos, es a la AMB a la que hay que preguntarle sobre sus propuestas", ha dicho el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, quien ha detallado que no respetar la antelación prevista en el decreto ley implica una sanción de 1.001 euros.

Las empresas, que han anunciado que esta norma les obliga a cerrar y ya preparan los despidos, han desmovilizado este martes a sus conductores, que desde hace diez días protestan en la avenida Diagonal. "Estamos obligados a empezar los despidos mañana mismo. Pedimos disculpas a la ciudadanía por las molestias", ha dicho Fernando Gatel, director de la empresa Vector, que cuenta con 1.000 de los 3.500 conductores que el sector de las VTC tiene en Barcelona. Todavía no hay sobre la mesa del departamento de Trabajo ningún Expediente de Regulación de Empleo (ERE), pero las empresas reclaman una reunión con la Generalitat y aseguran que se ven obligados a despedir al personal. Cerca de 700 conductores de VTC, según la Guàrdia Urbana, se han concentrado este martes en la plaza Sant Jaume de Barcelona y han presentado más de 150.000 firmas contra el decreto.

Calvet ha asegurado que su propuesta es "proporcional y que no altera la competencia". En este sentido, ha criticado que las empresas que gestionan licencias VTC hayan anunciado despidos. "Creemos que 15 minutos es un tiempo razonable. No queremos ceder ni al chantaje de las calles ni al de los despachos. No nos parecería bien que haya despidos sin un efecto claro y directo en la rentabilidad de las empresas", ha dicho. 

A partir de la aprobación de este decreto, el Govern ya prepara la redacción de una nueva ley sobre el sector. "La ley pondrá el foco en la garantía de los usuarios. La nueva ley deberá abordar aspectos como la formación de los conductores, el concepto de taxi compartido, la generalización del uso de nuevas tecnologías para la contratación de los servicios", ha dicho Calvet. "Y tendrá que entrar en un gran tema", ha añadido, "que es el de las licencias". El Ejecutivo todavía no sabe cómo afrontará la recompra de las licencias de taxistas, pero sitúa como objetivo prioritario "no perpetuar la especulación". "Necesitaremos dinero para afrontar este debate y esta reforma", ha destacado.