Colau presiona al Govern para que blinde al sector del taxi

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, rompió ayer su silencio, en el cuarto día de huelga del taxi, para posicionarse en el conflicto que enfrenta al sector con el de las VTC (las licencias con las que operan Uber o Cabify) y presionar a la Generalitat. Colau reivindicó haber promovido la primera regulación de las VTC desde el Área Metropolitana. Una norma que fue suspendida por la justicia, pero que convirtió a la alcaldesa en la heroína de los taxistas. Colau también acusó a la Generalitat de “provocar” y “crear un incendio” al proponer que se puedan contratar VTC con solo 15 minutos de antelación. Colau apostó por “al menos, una hora”.

No es sencilla la solución al conflicto entre los operadores de VTC y los taxistas, puesto que estos últimos se encuentran en una espiral de complicada salida: adquieren licencias muchas veces a golpe de hipoteca con la esperanza de poder venderlas para sufragar su jubilación. De ahí su furibunda reacción contra los VTC, cuya irrupción ilustra cómo los fenómenos globales surgidos de internet impactan en las ciudades, cuyas competencias son limitadas.

La regulación impulsada por Colau en julio pasado desde la presidencia del AMB contemplaba la limitación de las VTC (una licencia por cada 30 de taxis) y una habilitación especial a los vehículos con conductor para operar en Barcelona y su entorno. Pero las empresas recurrieron y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pidió la suspensión de la norma. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya les dio la razón y afirmó que las competencias las tiene el Ministerio de Fomento.

En septiembre, el ministerio aprobó un real decreto ley que dicta que en cuatro años las VTC solo podrán operar entre ciudades, y mientras, habilita a las comunidades autónomas y ayuntamientos para regular su funcionamiento. Las comunidades, dice, fijarán las condiciones de precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos, horarios y especificaciones de los vehículos. Y las ciudades podrán regular sobre la utilización del dominio público viario, la gestión del tráfico y la protección del medio ambiente.

Es en este punto donde estamos: con la propuesta de la Generalitat, las críticas de Colau a los 15 minutos de prereserva de las VTC y las dos administraciones asegurando que es la otra la que tiene competencias. El Ayuntamiento mantiene que la Generalitat debe fijar el tiempo de precontratación: si el AMB fijara un periodo más largo, la CNMC podría volver a tumbar la regulación. “La Generalitat debe hacer una propuesta de sentido común entre las 24 horas que pide el taxi y los 15 minutos de Calvet, para diferenciar los dos sectores”, manifestó ayer. La Generalitat es partidaria de fijar un tiempo mínimo y que sean los entes locales los que lo puedan ampliar en función de la contaminación, la duración del trayecto y sus habitantes.

En el Ayuntamiento, los grupos municipales critican la gestión de Colau en el conflicto y algunos la acusan de haber creado en los taxistas unas expectativas que no se han cumplido. Mientras, estas son sus recetas en el conflicto.

PDeCAT. Análisis previo. El portavoz metropolitano del PDeCAT en el sector del taxi, Raimond Blasi, pidió ayer a Colau que “se moje” y que haga una propuesta de tiempo de precontratación “técnicamente justificada por un estudio de impacto económico en la actividad del taxi”.

ERC. Interés general. El candidato Ernest Maragall es partidario de “soluciones globales y útiles” aunque admite que “no hay una solución fácil” y que hay que modernizar al sector del taxi, al que muestra su apoyo.

Ciutadans. Una sola regulación. El candidato Manuel Valls defiende una regulación que garantice “la supervivencia del taxi como servicio público, el respeto a los derechos adquiridos por VTC con licencias en vigor y el justo equilibrio entre el respeto a la libertad de mercado y de competencia con las necesidades de un servicio público”. Valls ve bien la propuesta de 15 minutos de preserva de la Generalitat pero cree que la regulación “debería estar unificada a nivel español”.

PSC. Una hora. El candidato Jaume Collboni defiende “un sector del taxi de calidad y luchar contra los que quieren hacer competencia deseal” y apuesta por “mínimo una hora de prereserva” del servicio de VTC, una licencia “pensada por otras finalidades y cuyas licencias son mucho más económicas que las de los taxis”.

PP. Regulación estatal. El candidato de los populares, Josep Bou, apuesta por “soluciones dentro de la ley que sean normas iguales para toda España”. “El taxi es un sector muy regulado y las VTC también deben tener sus normas”, apunta, e insta a Colau a impulsar un “plan de garantía del servicio del taxi”.

CUP. Limitar VTC y seis horas. La CUP apuesta por limitar las licencias VTC e incluso revocar algunas de las existentes; y “garantizar un mínimo de seis horas de precontratación”. Respecto al taxi, pide regular de nuevo el precio de las licencias, liberalizadas en 2003, y “dotar el Instituto Metropolitano del Taxi de capacidad real de gestión del sector”.

Jordi Graupera. Rescatar licencias. El candidato surgido de un proceso de primarias abiertas apunta que es necesario "rescatar las licencias de los taxistas que han invertido miles de euros, romper el monopolio y abrir el mercado". "Hay que adaptar las licencias VTC a los nuevos usos que se les está dando y para los que no fueron creadas. La competencia debe servir para innovar y mejorar la calidad del servicio, no para precarizar las condiciones de trabajo", apunta.