Atajar la corrupción sumaría más de 10.000 millones al PIB de España cada año

El estudio presentado este viernes y titulado Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España surgió a raíz de una propuesta de la asociación Acción Cívica, y está elaborado a partir de cinco indicadores del Banco Mundial, basados a su vez en los informes de decenas de organismos públicos, entidades privadas y organizaciones no gubernamentales. La nota global de calidad institucional coloca a España en el puesto 31 de los 154 países analizados, todos con más de medio millón de habitantes.

¿Es el puesto 31 adecuado para España? En cuestión de control de la corrupción y calidad de sus instituciones, España boxea por debajo de su peso económico. Si se divide el mundo por percentiles, en el de productividad, España estaría en el 85 (de cada 100 países, solo 15 tendrían mejor posición). Mientras, en calidad institucional, se queda dentro del percentil 80. Por debajo de Portugal, Irlanda, Francia o Alemania.

Una vez obtenida esa foto fija, los autores calculan el impacto económico que tendría conseguir que, en 15 años, en España el control institucional igualara a la productividad. No se plantean qué ocurriría si la corrupción y las deficiencias en las instituciones desaparecieran del todo, porque lo consideran imposible. Pero solo con mejorar los controles al nivel adecuado al peso económico, el beneficio económico sería multimillonario.

Entre un 8% y un 30% más de riqueza

Según el estudio, el resultado de atajar la corrupción y mejorar el control institucional arrojaría en 15 años varios escenarios: podría sumar un 8% al PIB en la estimación más conservadora y un 30% en la más optimista. El “escenario central” que contemplan los profesores de la Universidad de Murcia Francisco Alcalá —que es también investigador del IVIE— y Fernando Jiménez, es el que indica que avanzaría un 16%, a razón de algo más de un punto al año, que se sumaría a la riqueza.

¿Por qué hacen proyecciones a 15 años? Las mejoras requerirían tiempo para ser implementadas. Es un plazo orientativo, apuntan. Y la riqueza llegaría de forma indirecta: “La mayor seguridad jurídica, la reducción de la corrupción, la eliminación de trabas administrativas, una mejor regulación y una mayor competencia incentivarían la inversión nacional y extranjera, harían más fáciles y rentables el emprendimiento y la innovación, y mejorarían la asignación de recursos privados y públicos hacia las actividades más productivas”, afirma Alcalá, que es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico.

Para la evaluación, el estudio usa cinco indicadores de calidad regulatoria. En el que más cojea España es en el de control de la corrupción, entendida como “el grado en el que el poder público es ejercido para beneficio privado, así como la captura del Estado por las élites y los intereses privados”. O dicho de otro modo: “En la confianza que generan los políticos, los funcionarios, el sistema judicial y el sistema de recaudación de impuestos, así como las sospechas sobre la existencia de pagos irregulares en la adjudicación de contratos públicos”.

Evolución preocupante

El país obtiene mejor resultado en otros indicadores, como los de grado de participación política de los ciudadanos; el de calidad de los servicios públicos; o el que examina el cumplimiento de las leyes y los contratos, que engloba criminalidad y violencia.

El informe contiene un dato preocupante. España ha perdido un punto en el indicador global de calidad institucional (medido sobre 10 puntos): baja de 7,8 a 6,8 entre 2003 y 2017. Un periodo en el que sus instituciones se han visto sacudidas por numerosos casos de corrupción, lo cual, afirma, Alcalá, “ha afectado a la percepción que se tiene del país”. El investigador pide, sin embargo, observar la evolución con prudencia: “Cuando un caso de corrupción llega a los periódicos, a las televisiones o a los juzgados, normalmente ha pasado bastante tiempo, puede que hasta 10 años, desde que ocurrieron los hechos. Existe un desfase cronológico”.

En el estudio se citan los trabajos de otros investigadores, que consideran, por ejemplo, que España también ha sufrido un deterioro de la calidad democrática debido a la “colonización de las instituciones” por parte de los partidos, que empezó antes de 2003. Y Alcalá considera que, sin duda, en el descenso de la puntuación de España ha influido la crisis. “Mientras la economía marchaba bien, los fallos institucionales no eran considerados tan preocupantes como en la época de vacas flacas y de recortes”.