Canarias, Madrid y Cataluña, las comunidades donde más crece la financiación regional

El actual sistema de financiación regional, aprobado por el Ejecutivo socialista de Zapatero en 2009, ha sido cuestionado por políticos y expertos. Es complejo, opaco, y difícil de entender incluso para los propios consejeros regionales de Hacienda. Durante los años de la crisis no había político que no lo cuestionase. Ahora en la recuperación está desplegando sus mejores virtudes. Está equilibrando los recursos entre las comunidades y socavando el debate sobre la suficiencia del sistema. De hecho, algún consejero reconoce, desde el anonimato, que ya no tiene tanta prisa en que el Gobierno central saque adelante la reforma del sistema de financiación.

Este polémico mecanismo, por el que se reparte el dinero a las comunidades para prestar los servicios esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, además de financiar otras competencias regionales, está contribuyendo a equilibrar las cuentas de las comunidades. Desde 2015 está aportando cada vez más recursos. Al crecer la economía, mejora la recaudación de los grandes impuestos compartidos (IRPF, IVA y especiales) y se equilibra el reparto. Este año ya se ha superado la cifra máxima que habían recibido las autonomías en 2009.

Ese año, en plena recesión, fue cuando la ex ministra Elena Salgado sacó adelante la última reforma del sistema a cambio de 11.000 millones más. Entonces los presidentes autonómicos pudieron gastar más de 104.885 millones de euros en fondos procedentes del sistema de financiación. El drama llegó dos años después cuando se percataron de que la crisis había laminado la recaudación. Y tuvieron que hacer un ajuste salvaje en sus cuentas.

El año próximo, sin embargo, recibirán un total de 108.995 millones, la mayor cifra que ha proporcionado nunca el sistema de financiación. En esta cantidad se incluyen las entregas a cuenta del sistema: 102.920 millones de euros. Hacienda reparte el 98% de la recaudación prevista de los impuestos compartidos —el 50% del IVA, el 50% del IRPF y el 58% de los especiales—. En el montante total también se incluye otros 6.074 millones, por la previsión del cierre definitivo de 2017. El año pasado el Gobierno del PP hizo unas previsiones de ingresos que fueron superadas por la realidad. Por eso Hacienda ajusta ahora cuentas con los presidentes regionales dos años después, cuando se ha cerrado la contabilidad pública.

Aunque las comunidades recibirán más recursos del modelo de financiación aún no podrán gestionar la cifra de ingresos del periodo 2007-2009. Esos años recaudaban mucho más por sus impuestos propios vinculados al sector inmobiliario, como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Además, en aquel periodo obtenían más fondos procedentes de Europa.

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que pretende reformar el sistema de financiación, que debía ser revisado en 2014, lo cierto es que será complicado que lo logre. Las comunidades reclaman más dinero para sufragar sus gastos públicos esenciales. Son responsables de la sanidad, la educación y los servicios sociales, unos servicios que están sometidos a presiones para mejorar.

Sin los ingresos del ladrillo

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reclamaba hace tan solo cuatro meses, cuando era consejera de Finanzas de Andalucía que el modelo necesitaba 16.000 millones adicionales para que las comunidades pudieran prestar los servicios públicos con la misma calidad que en 2009. Montero aludía al informe elaborado por la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica hace exactamente un año.

Los expertos calculaban, con datos de 2015, que sería necesaria esa cantidad de recursos para alcanzar el grado de prestación de servicios de 2009. La evolución del modelo provoca que el próximo año, cuando las autonomías dispondrán de cerca de 16.000 millones más que en 2015, estas administraciones tengan, sobre el papel, resuelto el problema de la suficiencia. El problema es que hay gastos como el de sanidad que son crecientes. Están afectados por las innovaciones tecnológicas, el envejecimiento de la población y el encarecimiento de los fármacos, que requiere cada vez más gasto.