El Gobierno se resigna a elaborar los presupuestos con el objetivo de déficit heredado del PP

El Gobierno central y las comunidades autónomas comenzarán a elaborar sus respectivos presupuestos con el objetivo de déficit del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) heredado del anterior Ejecutivo del PP, después de que el Congreso rechazara el pasado viernes la senda de déficit y el aumento del techo de gasto para el periodo 2019-2021 que presentó el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció este martes que “no hay ningún dato” que permita vislumbrar que los partidos de la oposición vayan a dar su visto bueno a sus objetivos de estabilidad presupuestaria cuando el Ejecutivo los presente de nuevo al Congreso y al Senado dentro de un mes, como exige la ley. Por ello, Montero ha instado a las autonomías a que redacten sus cuentas con el límite del 0,1% de déficit actual frente al 0,3% que le permitía a España la Unión Europea y que fue tumbado por las Cortes el 27 de julio.

Montero, que ha presidido junto con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, el tradicional Consejo de Política Fiscal y Financiera de finales de julio, ha anunciado que en septiembre, a la vuelta de las vacaciones, se iniciarán los trabajos políticos para pactar un nuevo sistema de financiación autonómica que sustituya al actual, vigente desde 2014. Este sistema impide a las comunidades tener mayor margen presupuestario para sufragar políticas como sanidad, educación o dependencia, mayoritariamente transferidas a las regiones. Montero ha reconocido que en lo que queda de legislatura no será posible contar con un nuevo marco financiero para las autonomías, pero confía en que antes de las próximas elecciones generales –previstas para finales de 2020 si la debilidad parlamentaria del Gobierno no lleva a Sánchez a adelantarlas- se haya logrado al menos un consenso sobre las deficiencias económicas de las 15 comunidades que no cuentan con un sistema de hacienda foral, todas excepto País Vasco y Navarra.

En la reunión del órgano de coordinación presupuestaria del Estado y las Comunidades Autónomas, Montero ha trasladado a los consejeros de Hacienda autonómicos –el catalán Pere Aragonès, como estaba anunciado, no ha acudido- que el volumen de recursos netos que recibirán del Estado las regiones y Ceuta y Melilla ascenderá a 108.058 millones de euros, de los cuales 102.920 millones corresponden a entregas a cuenta, un 7,23% más que en ejercicio anterior.

La segunda cuestión esencial que ha planteado Montero a los consejeros, y que supone una munición política de mayor calibre, es la imposibilidad de aplicar el objetivo de déficit más flexible del 0,3% que la Comisión Europea otorgó a España tras el veto del Congreso, en el que PP y Ciudadanos votaron en contra y todos los partidos que apoyaron a Sánchez en la moción de censura, excepto el PNV, optaron por abstenerse. Montero recordó que el Gobierno no puede presentar una senda de déficit superior a la que impone Bruselas, como pretende Podemos, y tampoco va a plantear un objetivo que no aproveche al máximo las posibilidades de aumento del déficit y el gasto que permite la Unión. “Algunos entienden que hay que seguir practicando políticas de recortes y otros que no hay que tener el paraguas de Europa”, se quejó la ministra.

El rechazo de la senda de déficit supone una merma de 1.200 millones de euros para las comunidades en un presupuesto conjunto de unos 125.000 millones. Montero afirmó que este límite tiene un impacto mucho mayor en la financiación autonómica y de la Seguridad Social que en el del Gobierno central. “El PP, que no sabe cómo justificar la exigencia de recortes, que se ha abonado a cuantos más recortes mejor, no va a llegar a acuerdos de estado que permitan el avance y está practicando la peor de las políticas: la oposición desde el bloqueo por incapacidad de acordar materias que son buenas para los ciudadanos”, manifestó la titular de Hacienda.

Los consejeros autonómicos socialistas y populares se dividieron en dos bloques a la hora de valorar el veto del legislativo al techo de gasto. El titular de Hacienda valenciano, Vicent Soler, afirmó que el bloqueo ha sido un “autocastigo a nivel español difícil de entender” Su comunidad, la peor financiada del toda España, dejará de ingresar, según sus cálculos, 220 millones de euros, que suponían una “respiración asistida” para sufragar gastos sociales. El consejero andaluz, el también socialista Antonio Ramírez de Arellano, manifestó que con los 350 millones de euros que no recibirá su región se podría haber atendido a 50.000 nuevos dependientes, contratado a 7.000 profesionales sanitarios o 3.000 nuevos profesores. Enfrente, la consejera madrileña de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, afirmó que el aumento de la capacidad de déficit en dos décimas no implicaría un mayor gasto social, para lo que es necesario modificar, según ella, la regla de gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Los consejeros de ambos partidos, sin embargo, se mostraron de acuerdo de forma unánime en la necesidad de reformar de forma “urgente” el sistema ya obsoleto de financiación autonómica. La consejera de Castilla y León, Pilar del Olmo manifestó que "lo importante es que haya más recursos del nuevo modelo de financiación y en eso las comunidades vamos a estar de acuerdo”.