La mano dura de Starmer contra la inmigración irregular divide al Partido Laborista: vídeos con redadas y deportaciones

Media docena de agentes parapetados con chalecos y cascos entran en una vivienda a pie de calle, entre gritos y forcejeos. En el siguiente plano, dos policías agarran por los brazos a un hombre sentado en un sofá, al que un tercero comunica que ha sido arrestado por actividades ilegales de tráfico de inmigrantes. Algunos medios muestran el rostro del detenido. Otros ocultan su cara con una mancha borrosa. En la siguiente secuencia, un detenido arrastra su maleta por el aeropuerto custodiado por dos policías, que ejecutan su deportación. Y, por primera vez, la imagen de decenas de inmigrantes subiendo la escalerilla del avión, bajo la atenta vigilancia de los agentes, para ser devueltos a sus países de origen. Ni siquiera los anteriores gobiernos conservadores llegaron tan lejos en la exposición pública de su determinación.

El Ministerio del Interior del nuevo Gobierno laborista del Reino Unido ha decidido exhibir sin complejo, con la publicación de estos vídeos de operaciones policiales, su supuesta mano dura contra la inmigración irregular, para frenar el avance de la derecha populista de Nigel Farage y su partido Reform UK. Se alzan voces en la izquierda británica y en las organizaciones de ayuda a los refugiados que acusan a Keir Starmer y a su ministra del Interior, Yvette Cooper, de replicar desesperadamente las tácticas de anteriores gobiernos conservadores.

“Demasiadas personas son capaces de venir al Reino Unido y trabajar de modo ilegal. Estamos poniendo fin a esto”, ha escrito este lunes Starmer en la red social X, con un tono más cercano al de un sheriff del Lejano Oeste (o al del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump) que al de un abogado especializado en Derecho Internacional Humanitario, como fue el primer ministro británico.

“El Partido Laborista nunca superará a Reform UK en su retórica antiinmigrante, y no debería siquiera intentarlo”, ha escrito en The Independent Diane Abbott, exportavoz laborista de Interior, la primera diputada negra de la Cámara de los Comunes y una de las voces de la izquierda del partido más críticas con Starmer. “Lo único que logramos de este modo es dar legitimidad a la narrativa de Reform UK. Al final, muchos ciudadanos pueden llegar a la conclusión de que es mejor votar por el original”, ha advertido Abbott.

Un Partido Laborista fragmentado

Encuestas recientes han situado por primera vez a Reform UK a la cabeza de la preferencia de los ciudadanos, aunque con una ventaja mínima. Más preocupantes son otros estudios electorales, como el realizado por la organización contra el racismo Hope Not Hate, que señala cómo gran parte de los futuros escaños que puede llegar a obtener el partido de Farage serán arrebatados al Partido Laborista, en zonas como la llamada Muralla Roja, en el centro de Inglaterra, donde el apoyo tradicional ha sido para la izquierda.

Un grupo de al menos 40 diputados laboristas que ven amenazados sus escaños por la amenaza populista se han organizado para reclamar al Gobierno una mayor publicidad, un mayor exhibicionismo, de su mano dura contra los inmigrantes irregulares. La ministra Cooper ha sido la primera en frenar, por ejemplo, cualquier intento por parte de Downing Street de relajar la entrada de estudiantes o jóvenes trabajadores de la UE al Reino Unido.

“Las normas de inmigración deben ser respetadas y aplicadas. Durante mucho tiempo, algunos empresarios han podido explotar a inmigrantes ilegales [sic ]. Demasiada gente ha sido capaz de llegar hasta aquí y trabajar ilegalmente, sin que nadie hiciera nada”, ha dicho Cooper, que se ha prestado incluso a dejarse grabar mientras participaba, desde el puesto de mando, en una de las nuevas redadas lanzadas este lunes.

El Ministerio del Interior británico asegura que el número de redadas y arrestos contra inmigrantes irregulares se ha incrementado en un 38% en los últimos seis meses respecto al mismo periodo del año pasado. Salones de uñas, tiendas de comestibles, restaurantes, lavaderos de vehículos… Todos aquellos establecimientos donde es habitual la presencia de trabajadores extranjeros han sido objetos de redadas o visitas sorpresas. Se han producido 609 arrestos realizados este enero, frente a los 352 del mismo mes en 2024. El Partido Laborista se hizo con el Gobierno el 4 de julio.

El Gobierno de Starmer presume de haber deportado ya, en poco más de medio año, a 18.987 personas. De ellas, según cifras del Ministerio del Interior, 2.580 eran delincuentes convictos. Frente al fracaso del plan diseñado por el anterior Gobierno conservador de enviar a Ruanda a los irregulares —ni un solo avión llegó a despegar—, el Ejecutivo de Starmer presume de haber fletado los cuatro vuelos con más deportados en la historia reciente, con más de 800 pasajeros cada uno de ellos. En total, han sido 39 aviones con destinos tan diversos como Albania, Brasil o Vietnam.

“Apenas fue el pasado agosto cuando una muchedumbre agitada por las consignas en las redes sociales de un criminal de extrema derecha como Tommy Robinson intentó quemar vivos a los solicitantes de asilo refugiados en un hotel”, ha escrito Enver Solomon, director ejecutivo de la organización Refugee Council, en el diario The Guardian. “Vecindarios enteros siguen intentando recuperarse de aquella violencia escandalosa. El Gobierno no debería alimentar la desconfianza con tácticas performativas [en referencia a los vídeos publicados] que juegan con estereotipos negativos y peligrosos”, ha añadido.

El golpe de efecto de vídeos, cifras y retórica de mano dura lanzado por el Gobierno se ha desplegado horas antes de que la Cámara de los Comunes prosiga, en segunda lectura, la tramitación de la nueva Ley de Inmigración, Fronteras y Asilo, que persigue otorgar mayores poderes a las fuerzas de seguridad en la lucha contra la inmigración irregular, con la creación de un Centro Conjunto de Mando para la Seguridad de la Frontera al que se permitiría el uso de la actual legislación antiterrorista.

En la carrera por endurecer el discurso, el Partido Conservador ha presentado sus propias enmiendas al texto. Entre otras cosas, propone duplicar de cinco a diez años el tiempo necesario para que un inmigrante con permiso de trabajo y en situación de legalidad pueda adquirir el permiso de residencia permanente. Y se denegaría esa posibilidad, según la propuesta tory, a todos los que, durante el tiempo en que han estado trabajando en el Reino Unido, se hubieran beneficiado de ayudas sociales.