Hacienda estudia un alivio de la deuda regional a corto plazo

Cataluña no apareció ayer en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano de interlocución del Ministerio de Hacienda y las comunidades. Los consejeros regionales criticaron esa ausencia y mostraron un rechazo frontal a que el Gobierno pueda entablar negociaciones bilaterales sobre el modelo de financiación con la Generalitat, extremo que el Ejecutivo descartó. El Consejo aprobó —con siete votos a favor, seis en contra y una abstención—, un acuerdo para dar más margen fiscal a las autonomías; hasta dos décimas de PIB, que equivalen a unos 2.500 millones. Tras unos años de contención presupuestaria, el Ejecutivo está decidido a ofrecer algo más de manga ancha: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que estudia un alivio de la deuda autonómica.

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Se trata de reestructurar el endeudamiento a corto plazo para que las autonomías vuelvan a emitir en los mercados y empiecen así a desligarse del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), impulsado por el Gobierno del PP. Cataluña y la Comunidad Valenciana serían las regiones más beneficiadas, según los planes —poco concretos todavía— de Hacienda. "Este Gobierno está comprometido con que las comunidades recuperen la totalidad de la autonomía financiera", afirmó Montero en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo.

"No habrá negociación bilateral con ninguna comunidad autónoma. El único foro en el que el Gobierno va a proceder a discutir de forma abierta y transparente será el Consejo de Política Fiscal y Financiera", afirmó la ministra, rechazando la pretensión de Cataluña de hablar sobre financiación en encuentros bilaterales.

Pero la parte del león del Consejo está relacionada con el margen fiscal extra obtenido en Bruselas. La nueva senda de consolidación fiscal se traducirá en un alivio de dos décimas en el objetivo de déficit del año que viene, que pasa del 0,1% al 0,3% del PIB para las regiones. En 2020 aumenta también una décima, hasta el 0,1% y en 2021 se mantiene en equilibrio presupuestario. Las comunidades dispondrán de fondos adicionales para financiar servicios públicos como la sanidad y la educación. El Gobierno reparte el margen de déficit de cinco décimas que le concedió Bruselas asignando un 40% a las autonomías, un 40% a la Seguridad Social y solo un 20% a la Administración central. Según la ministra, esta distribución pone de manifiesto que para el Gobierno “el ciudadano está en el centro”, con independencia de qué administración le provea servicios.

El color político de los consejeros se deja notar en esas reuniones. Los consejeros del PP, que votaron en contra junto a Canarias, recelan del margen fiscal extra: consideran que el aumento del objetivo del déficit implica —a la larga— un aumento de la deuda, al que se oponen. “Galicia optó hace muchos años por la senda de la seriedad”, criticó Francisco López. "No se entendería que no se aprovechase ese margen que ofrece Bruselas", señaló Montero.

Los consejeros del PSOE, en cambio, agradecen la concesión y votaron a favor, junto a Cantabria. La Comunidad Valenciana se abstuvo porque consideró “insuficiente” la medida. Todos ellos coinciden sin embargo en que necesitan un nuevo modelo de financiación autonómica y le han recordado a la ministra que ella misma, cuando era consejera, reclamaba la reforma con urgencia. Por ahora, El Gobierno ha acordado crear un grupo de trabajo para estudiar cómo mejorarla.