Estabilidad presupuestaria

En 2017 España fue el único país de la Eurozona que incumplió el Pacto de Estabilidad al registrar un déficit superior al 3% del PIB. En 2018 España cumplirá el pacto y entrará en el mecanismo preventivo, un nuevo protocolo que se aprobó en 2011. La pasada semana la ministra de Economía, Nadia Calviño, se comprometió en el Eurogrupo a cumplir este mecanismo. No hacerlo suponía situarse con Italia, país al que la estrategia de confrontación le está costando muy cara. El bono italiano a 10 años cotiza al 2,5% y el español al 1,25%. España tiene que emitir unos 300.000 millones de deuda pública cada año, por lo que si el bono español cotizase como el italiano los españoles tendríamos que pagar unos 3.000 millones de euros más de intereses por la deuda pública.

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El mecanismo preventivo fija sus objetivos sobre el déficit estructural que elimina los efectos del ciclo sobre los ingresos y los gastos públicos. Por lo tanto, la negociación sobre la nueva senda de déficit era innecesaria ya que la única exigencia para 2018 era cumplir el Pacto de Estabilidad y cerrar con un déficit inferior al 3% del PIB. Si superamos esa barrera tendremos problemas, como Italia.

La clave es el Presupuesto de 2019. España mantiene un déficit estructural próximo al 3% del PIB que ha aumentado desde 2014 y la Comisión exige un ajuste del 0,65%. El objetivo es reducir los stock de deuda pública y de deuda externa que deben bajar al 60% del PIB y al 35% del PIB respectivamente. Y eso exige aumentar el ahorro. Las empresas y familias españolas ya tienen un exceso de ahorro sobre su inversión del 5% del PIB y el desahorro es público.

Anticipando la aprobación del mecanismo preventivo, España incorporó una regla fiscal al artículo 135 de la Constitución. La regla que los socialdemócratas suecos introdujeron en su constitución en 1934 y que defendía la escuela keynesiana. El objetivo es mantener el equilibrio presupuestario en todo el ciclo económico. En las recesiones los ingresos públicos caen y el gasto por desempleo sube, la regla es flexible y aumenta el déficit. Pero para que haya estabilidad presupuestaria es necesario que el Estado ahorre en las expansiones, cuando aumentan los ingresos y disminuye el gasto por desempleo.

El Gobierno va a presentar subidas de impuestos próximas al 0,4% del PIB y algunos de esos impuestos difícilmente se podrán subir en 2019 y el presidente este miércoles en el Congreso no habló ya de subir el impuesto al diésel. Por lo tanto, el compromiso aceptado ya en Bruselas implica que no hay margen para subir las pensiones, aumentar estructuralmente la inversión pública en Cataluña, eliminar los copagos sanitarios, etcétera. Si el Ejecutivo quiere aumentar esos gastos, deberá presentar subidas de impuestos adicionales.

Si el Gobierno consigue aprobar los Presupuestos y no cumple el ajuste estructural, España podría ser el primer país al que nos devuelven los Presupuestos al Congreso para modificarlos. Eso nos situaría con Italia, aumentaría la prima de riesgo, el pago de intereses de la deuda y el déficit y la corrección en los próximos años sería mayor.