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El Gobierno prevé aprobar el techo de gasto la próxima semana

El Ministerio de Hacienda pretende convocar el Consejo de Política Fiscal y a los Ayuntamientos para informarles de los objetivos de déficit y deuda pública para 2019

La ministra de Hacienda, Maria Jesus Montero en el Congreso.
La ministra de Hacienda, Maria Jesus Montero en el Congreso. EL PAÍS

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el viernes de la próxima semana el acuerdo de estabilidad presupuestaria que recoge los objetivos de déficit y deuda de las distintas administraciones públicas y el límite de gasto no financiero para 2019, conocido como techo de gasto, como primer paso de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, según informaron fuentes del Ministerio de Hacienda.

Con la intención de dar luz verde al techo de gasto la próxima semana, el Ejecutivo tendrá que convocar antes del viernes 20 de julio el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), en donde se fijarán los objetivos de deuda y déficit de las administraciones autonómicas y municipal.

La semana siguiente se convocaría otra vez ambos foros de discusión con las comunidades autónomos y Ayuntamientos para informarles sobre las entregas a cuenta del sistema de financiación. Este dato es fundamental para que las administraciones territoriales puedan elaborar sus presupuestos.

Dos Consejos de Política Fiscal

El debate y votación de los objetivos de estabilidad se celebrará previsiblemente a finales de mes, primero en el Congreso y luego en el Senado. En el caso de que el Parlamento no lo apruebe, el Gobierno tendrá que volver a remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes, según regula la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El acuerdo de estabilidad que tiene que ser refrendado por las Cortes incluye los objetivos de déficit, deuda y la regla de gasto para las distintas administraciones públicas, así como el límite de gasto no financiero del Estado. Pero fuentes del Gobierno precisaron que lo que realmente se aprueba en el Parlamento son los objetivos de estabilidad presupuestaria y no el límite de gasto no financiero, sobre el que el Ejecutivo se limita a informar a las Cortes.

De esta forma, el posible rechazo no supondría un obstáculo para que el Gobierno pueda aprobar en septiembre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, el cual debe ser remitido por el Gobierno a las Cortes antes del 30 de septiembre, según recoge la propia Constitución. Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría intentar sacar adelante las cuentas públicas de 2019 con independencia de que consiga o no los apoyos suficientes para aprobar los objetivos de déficit y deuda.

Bajo el foco de Bruselas

Eso sí, la no aprobación del acuerdo de estabilidad no sería bien vista desde Bruselas, ya que evidenciaría la debilidad del Ejecutivo y podría despertar recelos de las instituciones europeas, teniendo en cuenta que el acuerdo establece los límites de las cuentas del próximo año y el reparto del esfuerzo en la reducción del déficit entre las diferentes administraciones.

Pedro Sánchez tendrá difícil recabar los apoyos para sacar adelante los objetivos de déficit y deuda y el techo de gasto, dado que deberá conseguir el apoyo de partidos tan dispares como Podemos, PDCaT o el PNV, grupos que apoyaron la moción de censura. De hecho, desde Unidos Podemos reclaman un aumento del techo de gasto de unos 15.000 millones, lo que supondría pasar de los 119.834 millones de este año, al entorno de los 135.000 millones de euros. Esto haría casi imposible ajustar las cuentas por primera vez desde 2012 a pesar de tener una deuda pública que ronda el 100% del PIB.

Otra dificultad añadida será la mayoría absoluta del PP en el Senado, que muy probablemente tumbaría el techo de gasto de ser aprobado en el Congreso. Aunque desde el Ministerio de Hacienda insisten en que no se vota. Lo que se convalidan son los objetivos de estabilidad, défict y deuda pública.

Este mismo lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que su previsión es convocar el CPFF "antes de que termine julio" y aprobar la senda del déficit, informar sobre el techo de gasto y comunicar las entregas a cuenta para 2019.

Más impuestos

La semana pasada aseguró que el techo de gasto se incrementará en 2019 y, aunque no dio cifras, apuntó que se trata de que los ingresos permitan recuperar parte del gasto social perdido en la crisis. La aprobación del techo de gasto en el Consejo de Ministros suele ir acompañada de una actualización del cuadro macroeconómico.

Los Presupuestos del próximo año se elaborarán respetando la senda de reducción del déficit pactada por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy con Bruselas, que para 2019 contempla unos números rojos del 1,3% del PIB, frente al déficit del 2,2% previsto para este año, según fuentes de Hacienda. De esta forma, las primeras cuentas de Sánchez partirían con un recorte del déficit del 0,9%, lo que supone una reducción del desfase entre ingresos y gastos de unos 10.000 millones de euros en un único ejercicio.

En el Programa de Estabilidad comprometido con Bruselas, se contempla para 2019 un déficit del 1,3% del PIB, que se desglosa en unos números rojos del 0,3% del Estado y del 1% de la Seguridad Social, mientras que comunidades y ayuntamientos deberán registrar equilibrio presupuestario. El déficit del 2,2% previsto para este año se divide entre siete décimas del Estado, tres de las CCAA y 1,2 puntos de la Seguridad Social.

Para 2020 se contemplaba en cambio un déficit de cinco décimas procedente de la Seguridad Social y para 2021 equilibrio presupuestario, incluso con un superávit de una décima.

Con el fin de poder alcanzar los objetivos presupuestarios y de resolver el déficit del sistema de la Seguridad Social, el Gobierno tiene previsto mejorar los ingresos tributarios implantando nuevas figuras (impuesto a la banca e impuesto a las empresas tecnológicas) y reformando algunas ya existentes, como el Impuesto sobre Sociedades, con un tipo mínimo del entorno del 15% a partir del cual las empresas no puedan aplicarse deducciones, según confirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la semana pasada.