La Naval de Sestao pone rumbo a lo desconocido

La Naval de Sestao sigue en rumbo de colisión. El viernes entrará en concurso de acreedores y aunque tiene posibilidades de superarlo, los últimos acuerdos suscritos con los trabajadores y con los armadores generan muchas dudas. La carga de trabajo que tiene la empresa, cuatro buques en diferentes fases de construcción, representa su salvación, pero también es parte de su hundimiento al acumular pérdidas con cada barco.

La dirección y el comité de empresa han ratificado este miércoles el acuerdo suscrito por el astillero con el armador DEME-Tideway para terminar el buque cablero Living Stone, al que le quedan unos seis meses de trabajo, fuera del astillero, como una manera de evitar que quede atrapado en el concurso de acreedores. Varios remolcadores lo sacaron el miércoles de las instalaciones de la Naval para llevarlo a un muelle en Santurce, dentro del puerto de Bilbao.

El acuerdo incluye que en los trabajos van a participar las empresas auxiliares habituales de La Naval. La firma ingresará del armador una cantidad de dinero que podría acercarse a los 10 millones de euros, con los que la dirección aseguraría el pago de las nóminas y a los proveedores para acabar el barco en seis meses. En una carrera contra el reloj antes de que la jurisdicción mercantil tome el control, la empresa tiene luz verde sindical para aplicar entre el 9 de octubre y el 31 de diciembre un ERE de suspensión para los 181 trabajadores en plantilla, en vez de los seis meses propuestos inicialmente por la empresa.

El Comité de Empresa se ha avenido a dejar que salga el Living Stone del astillero, pese a sospechar que hay zonas oscuras en el acuerdo con Tideaway. Esa es una de las razones por las que quiere que el Gobierno vasco se convierta en el garante del proceso y vele para que se cumplan dos de los aspectos del pacto que consideran sustanciales, es decir, que la finalización del barco se haga con los en torno a 1.600 trabajadores de las subcontratas habituales y, sobre todo, que el armador no se lleve el barco.

Los trabajadores descubrieron el día 20 de septiembre a varios empleados del armador holandés intentando llevarse el cablero con dos remolcadores que habían llegado a Sestao desde Bélgica. Ya habían cortado varias amarras y comenzaban la maniobra.“¿Quién nos dice que entregas el barco, sale a donde digan y en 15 días se lo llevan, como ya intentaron hacer, porque es suyo?, se preguntan los empleados, pese a todo.

En una carta que los trabajadores entregaron el viernes pasado a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, le piden que además de velar por sus intereses constituya una mesa de diálogo con presencia del sector público vasco, el Gobierno central a través de la SEPI, y los empleados.

Pérdidas con cada barco

La histórica empresa pública privatizada en 2006 que ha construido naves muy especializadas para cargar petróleo directamente en los océanos, dragas de succión en marcha, y buques especializados en el transporte de gas licuado, arrastra un pasivo de unos 150 millones de euros, tras dos años, 2015 y 2016 en los que acumuló 80 millones de pérdidas. Sindicatos y otros astilleros lo atribuyen a graves problemas de gestión. Creen incomprensible semejante desfase entre ingresos y gastos cuando, además del cablero, tiene las dos dragas contratadas con Van Oord en proceso de construcción -el armador se ha comprometido a que sigan en La Naval a cambio de pagar directamente a los proveedores-, y un ferri de pasajeros para Balearia, en fase de desarrollo de ingeniería, que podrían ser dos si el astillero demuestra capacidad.

La empresa y el comité creen que dejar cerrados los acuerdos para que siga habiendo carga de trabajo va a facilitar los trabajos al nuevo administrador concursal que nombre el juez, o en su caso, resulte atractivo para un eventual inversor que quiera hacerse cargo del astillero. El industrial Manuel del Dago, el principal accionista de Naviera del Norte, sigue, al parecer interesado en inyectar unos 30 millones de euros de los 42 que la firma estima mínimo para revertir la situación financiera. Los accionistas principales, Ingeteam y Murueta, con el 30% de la sociedad, prefieren una quita judicial de las cargas.