España se libra de la multa de Bruselas por incumplir el déficit

España ha esquivado una multa humillante por los continuos incumplimientos de las reglas fiscales. Bruselas canceló las sanciones en el tiempo de descuento ante las presiones de Berlín, que finalmente se puso del lado de Madrid. La Comisión justificó la decisión por el duro ajuste aplicado en el pasado —una rebaja del déficit del 10% al 5% del PIB—, por las cicatrices de la crisis que aún están ahí, por el enésimo recorte prometido por el Gobierno y porque la UE le ha visto las orejas al lobo y teme que el látigo no sea lo más adecuado “cuando los ciudadanos dudan de Europa”. A España le espera un duro ajuste: 10.000 millones de recortes estructurales (sin el efecto del crecimiento) en 2017 y 2018. Pero Bruselas evita el disparate de multar a dos de los países más golpeados por la crisis. Y de alguna manera ofrece un doble regalo al presidente en funciones, Mariano Rajoy, para allanar la investidura: no habrá sanción ni necesidad de sacar la tijera hasta el año que viene.

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La larga mano de Berlín jugó esta vez en favor de España y Portugal. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, llamó personalmente el martes a varios comisarios europeos para evitar la multa. Schäuble, según las fuentes consultadas en Bruselas, hizo llegar un mensaje claro a Juncker: “No es necesario”. Alemania maneja el palo y la zanahoria como un director de orquesta su batuta: el control con mano de hierro se combina con algún que otro salvavidas ocasional para quienes se van quedando atrás al caer por la borda. Ese salvavidas llegó prácticamente en el último minuto, cuando los partidarios de una multa mínima eran mayoría. Y decantó la decisión: “El pasado es el pasado”, dijo en un giro pseudopoético el comisario Pierre Moscovici. “Una sanción no hubiera cambiado los incumplimientos anteriores, y en cambio esta decisión garantiza que España y Portugal harán los deberes a partir de ahora”, remató.

Eso está por ver, pero de momento España, junto con Portugal, se libra por los pelos de una multa que hubiera supuesto estrenar el régimen sancionador del Pacto de Estabilidad, jamás utilizado en 20 años, ni siquiera con países que han incumplido las reglas muchas más veces. España presionó hasta el último instante, en Bruselas y desde Moncloa, para evitar esa humillación política. Madrid insistía en que Alemania, Francia e Italia estaban contra la sanción. Cuando Berlín dejó clara su posición, la Comisión tuvo claro que en el Ecofin no habría apoyos para la multa. “Los ministros no habrían apoyado las sanciones”, declaró Moscovici.

España se exponía a una sanción del 0,2% del PIB (2.200 millones), aunque finalmente el ala dura de la Comisión propuso en la reunión una sanción simbólica, del 0,01% del PIB: 100 millones. Solo cuatro comisarios —el letón Valdis Dombrovskis, el finlandés Jyrki Katainen, la sueca Cecilia Mälmstrom y el alemán Günther Oettinger, que se vio obligado a suavizar su posición por la presión de su Gobierno— abogaron por llegar hasta el final. El resto subrayó el “error político” que hubiera supuesto castigar a dos países que han hecho enormes esfuerzos. Más aún en un entorno complicado, con la sacudida del Brexi aún reciente y los populismos al alza. Y con Italia a punto de circunvalar las reglas para salvar sus bancos con dinero público sin castigar a los preferentistas.

Bruselas usó argumentos económicos para justificar la decisión. “España y Portugal han hecho recortes y reformas durante los últimos años”, dijo Dombrovskis. “Y se enfrentan a desafíos sociales profundos, con elevadas tasas de paro, especialmente entre los jóvenes”, apuntó un Moscovici exultante, que le ha ganado ese pulso a los halcones. La Comisión tuvo en cuenta las alegaciones de ambos países, que en el caso español se basan en la promesa de endurecer el impuesto de sociedades. Pero tanto como los argumentos económicos pesaron los políticos: “Las opiniones públicas de España y Portugal no hubieran entendido la humillación de una multa, ni siquiera simbólica, después de los sacrificios que han hecho”, resumió Moscovici.

La cancelación de la multa no saldrá gratis. España se ha metido de lleno en un sistema de vigilancia reforzada, con la política económica de nuevo bajo tutela de la UE. Bruselas concedió dos años más para rebajar el déficit al 3%, pero los objetivos no son un camino de rosas. La Comisión asume que este año Madrid no podrá tomar medidas por la inestabilidad política, y fija la meta de déficit en el 4,6%. Pero el presupuesto de 2017 será de aúpa: Bruselas quiere rebajar el déficit al 3,1% ese año. Una parte puede conseguirse por los mayores ingresos propiciados por el fuerte crecimiento, pero el presupuesto debe incluir recortes estructurales de 5.000 millones en 2017. Y de 5.000 millones adicionales en 2018: 10.000 millones de ajuste estructural en dos años.

Rajoy no deja en herencia una multa, pero sí un doloroso tijeretazo: subidas fiscales o recortes de gasto público. Si España vuelve a fallar, Bruselas dejará congelados algo más de 1.000 millones en fondos estructurales y, esta vez sí, aplicará una multa automática de 5.500 millones de euros. En román paladino: vienen curvas.