Las medidas de España no satisfacen los criterios de Bruselas

España ha presentado ante la Comisión Europea una batería de medidas para poder alcanzar los objetivos de déficit y evitar la multa por incumplimiento, que podría incluir una sanción simbólica (aunque en teoría puede elevarse hasta unos 2.100 millones de euros) y la congelación de fondos estructurales. Ninguna de las iniciativas avanzadas presenta un carácter estructural o permanente como exige la Comisión Europea. Bruselas tomó ayer nota en público de las alegaciones enviadas por el Ministerio de Economía. En privado, las fuentes consultadas subrayan las dificultades para ir más lejos por parte de un Gobierno en funciones. En relación con el desvío de 2015, apuntan que los argumentos de España -básicamente, la caída de la inflación- son los esperados. Y añaden que las nuevas medidas permiten parchear las cifras en 2016 con el incremento de los ingresos a cuenta del impuesto de sociedades, pero solo a efectos contables. Bruselas presiona para ir más lejos en los ajustes y las reformas.

Una de las decisiones propuestas a Europa será adelantar el cierre presupuestario de los ministerios a julio. De esta forma, se dejan de aceptar compromisos de gasto salvo aquellos que ya estén aprobados. Esta estrategia sirve para traspasar algunas facturas al año que viene o para retener algunos desembolsos. Sin embargo, su aplicación dependerá, en buena medida, de las necesidades del Gobierno. Bajo la excusa del cierre de los presupuestos, el Ejecutivo puede intentar congelar todos los convenios o partidas que considere necesario, trasladando parte del déficit al año siguiente. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ni siquiera mencionó esta medida en Bruselas. Guindos incluso le resta importancia: señala que el hecho de que Gobierno esté en funciones paraliza automáticamente parte del gasto. "En cualquier caso, el 80% de partidas presupuestarias como salarios, pensiones o sanidad ya están comprometidos", explican diversas fuentes de la Administración.

La medida estrella de las alegaciones es la subida de las retenciones del impuesto de sociedades para embolsarse 6.000 millones de euros. En este punto, queda la duda de cuánto se puede recaudar de verdad al elevar los pagos a cuenta de las empresas. En 2012 se lograron captar 5.939 millones de euros, según los datos de la Agencia Tributaria. Sin embargo, si lo que se quiere es ajustar el déficit de este año, no parece que se pueda recaudar una cantidad similar sólo con los pagos fraccionados de octubre y diciembre. Una posibilidad sería aprovechar el aumento de la retención para retocar el impuesto vía decreto ley, aprovechando que esa medida está incluida en los programas electorales de Ciudadanos y PSOE, potenciales aliados del PP para la investidura del Gobierno. De lo contrario, esta medida simplemente supone un anticipo de liquidez de las empresas a la Administración y, por lo tanto, carece de un carácter permanente o estructural como exige la Comisión Europea.

Por último, las medidas contra el fraude fiscal son, por lo general, bienvenidas. Sin embargo, los expertos siempre explican que no se puede fiar la reducción del déficit público a unos planes cuyos efectos son de todo punto inciertos. Tan sólo aplicando medidas de gestión, el Gobierno aspira a recaudar unos 1.000 millones más sobre el incremento esperado, que asciende a otros 1.000 millones. El plan incluye también 1.500 millones de euros procedentes del ahorro de intereses auspiciado por el Banco Central Europeo.

En definitiva, las tres medidas presentadas para reducir el déficit no tienen el carácter estructural que demanda Bruselas. El Gobierno fía la parte del león del ajuste al ciclo económico: al fuerte crecimiento, que podría rondar de nuevo el 3% este año. Tanto Hacienda como Economía esperan que la expansión económica deje el déficit en 2017 por debajo el 3% del PIB, a pesar de que la recaudación impositiva no termina de arrancar como se quisiera. Madrid considera que los ingresos se recuperarán si la velocidad de la economía se mantiene: en ese caso, se podrá librar de las cadenas del estricto Procedimiento de Déficit Excesivo y los consiguientes mecanismos de controles y sanciones que impone Bruselas. Sólo que esa estrategia presenta dos problemas. Uno: no parece que la Comisión lo vaya a poner tan fácil. Y dos: el escenario post Brexit ha elevado los riesgos en toda la eurozona, tanto los de naturaleza política como los relacionados con el sistema financiero, básicamente el portugués e italiano. Tanto Bruselas como Fráncfort creen que la nueva situación restará medio punto al PIB. Está por ver cómo afecta esa ralentización a España y a las cuentas de Moncloa.