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España pasa al ataque en Bruselas y endurece el impuesto de sociedades

En Bruselas se aplaude la medida, pero esperan que se concrete con el nuevo Ejecutivo

Las grandes empresas deberán pagar más a cuenta por el impuesto de sociedades para tratar de cuadrar las cuentas públicas. Tras una campaña marcada por las promesas de rebajas fiscales, el Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado este martes, 16 días después de las elecciones, que prevé ingresar 6.000 millones más con una subida de las retenciones a cuenta de ese impuesto. España pasa al ataque en Bruselas: el ministro Luis de Guindos presentó una batería de medidas (con la tributación de sociedades como mascarón de proa) para evitar las multas por incumplimiento de las reglas fiscales y rebajar el déficit al 3% en 2017.

Impuesto de sociedades.  El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos

España está un paso más cerca de la multa. Los ministros de Economía de la UE ya han dado luz verde al procedimiento de infracción por los incumplimientos del déficit en 2015. La sanción puede ser de hasta 2.100 millones, más la congelación de fondos estructurales. Ante la cercanía de esa decisión y tras constatar las dudas de los socios sobre la credibilidad fiscal española, esta vez Rajoy no espera ni a la formación de Gobierno para incumplir sus promesas electorales: Guindos pasó a la ofensiva y anunció en Bruselas que España recaudará 6.000 millones adicionales con una subida de los tipos de la retención a cuenta del impuesto de sociedades, básicamente para las grandes empresas, tal y como ya adelantó EL PAÍS. Las compañías adelantarán el dinero y ayudarán así a cuadrar las cuentas del Estado, como ya sucedió en 2011 con el anterior Gobierno socialista.

Bruselas reaccionó con una especie de ducha escocesa. “España se ha movido con rapidez”, aplaudieron fuentes comunitarias; “pero esa promesa depende de que Rajoy logre formar Gobierno, y de que el nuevo Ejecutivo adopte esa medida a tiempo y por ley”, avisó la misma fuente.

No se trata, en puridad, de una subida fiscal, sino de un enjuague contable que endurece esa figura tributaria para adelantar los ingresos, a la vista de que la recaudación del impuesto de sociedades se desploma en lo que va de año. Guindos subrayó que los detalles se darán a conocer hoy y que a largo plazo esa medida no equivale a elevar los impuestos “salvo si se prolonga en el tiempo”, una posibilidad que no descartó. El Plan de Estabilidad 2016-2019 ya apuntaba por ese camino en abril. Guindos sugirió que no le será difícil encontrar apoyos entre el resto de partidos, pero Francisco de la Torre, de Ciudadanos, calificó de “mal parche” el anuncio y vaticinó que la medida “no es más que un aperitivo” de los recortes y subidas fiscales que vienen, en contra de lo que prometió el PP en campaña.

El ministro adoptó un tono reivindicativo para defender la posición de España en Bruselas: “Sería una paradoja que se impusiera una multa a la economía que ha tenido el giro más intenso, que más crece y más empleo crea incluso en tiempos de incertidumbre”. Junto con los 6.000 millones del impuesto de sociedades, Guindos apuntó que España ingresará 1.000 millones más de lo previsto en la lucha contra el fraude. Y se ahorrará 1.500 millones por la rebaja de los intereses de la deuda propiciados por el BCE. Esas tres medidas, junto con un crecimiento notable, “garantizan que España reducirá el déficit por debajo del 3% del PIB en 2017”.

El problema de ese discurso es que Rajoy no dejó de agarrarse a él durante toda la legislatura pasada: prometió en su discurso de investidura bajar del 3% de déficit en 2013, y fue retrasando ese horizonte año tras año. Afirmó que España tenía margen para bajar impuestos, pero el déficit cerró por encima de lo acordado. Ya en campaña, volvió a prometer rebajas; ahora, en funciones, anuncia subidas. Tras el ajuste del último lustro, una multa “sería una paradoja”, repite Guindos, pero en lo tocante a las paradojas la hemeroteca es imbatible: el Gobierno de Zapatero anunció en 2011 una medida similar a la que Rajoy pretende aprobar ahora, para que las empresas adelantaran el pago de 2.500 millones. “Eso es falsear”, dijo entonces el hoy ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Montoro ya endureció los pagos fraccionados en 2012, una medida que prorrogó hasta las elecciones. Tras el 26-J, el Gobierno vuelve por donde solía: la presión de Bruselas es enorme.

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