Bruselas cree que España volverá a incumplir las metas de déficit

Empieza el baile. "España no ha tomado medidas eficaces para seguir las recomendaciones del Consejo Europeo" y cumplir con el Pacto de Estabilidad. Así concluye la recomendación que adoptará hoy la Comisión Europea. No hay sorpresas: se trata del primer paso para multar a España por el incumplimiento continuo de los objetivos de déficit. Pero Bruselas desmonta en un documento de seis páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS los argumentos del Gobierno español: achaca el incumplimiento "a la relajación de la política presupuestaria en 2015", año electoral, y es tajante sobre el futuro inmediato: "No es probable que en 2016 España logre corregir de forma oportuna y duradera el déficit excesivo", en contra de lo que esgrime el Ejecutivo una y otra vez.

La Comisión adoptará hoy esa decisión “con el 99% de probabilidad”, según las fuentes consultadas en Bruselas. Abrirá así el procedimiento de infracción que puede acabar en una multa a España y Portugal: muy a su pesar, el brazo ejecutivo de la UE acusa a ambos países de no haber tomado medidas efectivas, tal como se exigió en sendas recomendaciones. España cerró 2014 con un déficit del 5,9% del PIB, una décima más de lo acordado, y acabó 2015 con un agujero fiscal del 5,1%, casi un punto por encima (10.000 millones) del objetivo. Eso le enfrenta a la posibilidad de una sanción multimillonaria, de hasta 2.100 millones, y a la congelación de los fondos estructurales. Bruselas va incluso más lejos: cree que España incumplirá también en adelante las nuevas metas pactadas.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, defiende por tierra, mar y aire que no habrá multa: pese a la dureza mostrada por Alemania, apunta que no hay apetito en el Consejo por las sanciones, más aún con el Brexit contaminando la frágil recuperación europea. España argumenta, además, que ha hecho grandes esfuerzos, y que parte de ese desfase se debe a un error de Bruselas: los ingresos públicos fueron inferiores a los previstos por el desplome de la inflación, que Bruselas nunca vaticinó. El dictamen pasa como una manada de búfalos por encima de ese argumentario: si no se cumplió el déficit, según Bruselas, fue “por la relajación de la política presupuestaria en 2015”, según las explicaciones que da la Comisión en una profusa nota. “Las medidas de saneamiento del sistema de pensiones y de las Administraciones no han sido suficientes para compensar las medidas expansivas”, reza el texto.

Ese es el veredicto. El Gobierno de Rajoy acometió duros ajustes en la primera mitad de la legislatura, pero después se durmió en los laureles. No fue capaz de embridar el gasto autonómico en año de elecciones regionales y locales. Y, pese a los avisos, aprobó una rebaja fiscal cuando estaba claro que los objetivos no iban a cumplirse: España aplicó con alegría estímulos fiscales en año electoral, a pesar de que sigue con el segundo déficit público más alto de Europa (solo por detrás de Grecia) y de que la deuda creció a toda velocidad. El informe constata que el endeudamiento público cerrará 2016 en el 100,3% del PIB.

Junto con la constatación de que España no tomó medidas efectivas, Bruselas desafía la otra gran baza de Madrid: Guindos —que ayer visitó a la Comisión en Estrasburgo— defiende que la economía va viento en popa y que España cumplirá las metas de déficit este año y el próximo. Pero la recomendación dice exactamente lo contrario: “No es probable que España logre una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo”. La multa corresponde al déficit de 2015: puede que sea de cero euros, tal como vaticina Guindos, pero si Bruselas está en lo cierto el problema será el mismo en 2016 y 2017. Para evitar un nuevo derrape, los próximos presupuestos deberán incluir recortes. La Comisión, en fin, quiere ajustes: al cabo, Rajoy se lo prometió por carta a Jean-Claude Juncker antes de las elecciones.

La presidencia eslovaca de la UE debe decidir una vez reciba esa recomendación si incluye el procedimiento de infracción a España y Portugal en la agenda del Ecofin del próximo martes. Si los ministros le dan luz verde, España tendrá 10 días para presentar alegaciones, y la Comisión presentará la propuesta de sanciones el 27 de julio. Esa propuesta volverá al Ecofin en otoño, para que los ministros tomen la decisión final.