La Autoridad Fiscal recomienda más financiación para la Seguridad Social

La Autoridad Fiscal Independiente (Airef) alertó ayer sobre la situación de las cuentas de la Seguridad Social. En un informe sobre el cumplimiento de los objetivos presupuestarios, cree que España incumplirá el déficit este año lastrado por la Seguridad Social y las comunidades. Sobre el Instituto Público recomienda “asegurar de forma más permanente la financiación de estos déficits con los Presupuestos del Estado o se adopten decisiones que equilibren el sistema”.

El organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas recuerda que la Seguridad Social ha pasado de registrar un déficit público del 0,1% en 2011 a un agujero presupuestario del 1,1% del PIB durante 2014. La crisis económica de los últimos años, explica en el informe, “ha tenido un impacto muy significativo” sobre este empeoramiento. Recuerda que el desplome del empleo lastra los ingresos por cotizaciones sociales mientras que el gasto en pensiones sube por encima del 3% en los últimos años.

Esta situación lleva al organismo público presidido por José Luis Escrivá a concluir que la Seguridad Social se desviará de su objetivo de déficit para este año, situado en el 0,6% del PIB. La institución cree que el desfase presupuestario se puede situar ligeramente por encima del 1% del PIB.

La Autoridad Fiscal explica que la desviación procede sobre todo de una sobreestimación de los ingresos por cotizaciones. Y recuerda que hasta mayo estos acumulan una desviación de 4.000 millones de euros sobre la previsión porque las medidas para mejorar la gestión —el programa Creta, que obliga a las grandes empresas a autoliquidar los pagos por cotizaciones— “no parecen estar teniendo un efecto recaudatorio significativo”.

La Airef esgrime esta situación, y el agotamiento del Fondo de Reserva, para recomendar “que se evalúe la adopción de medidas que aseguren de forma más permanente la financiación de estos déficits de la Seguridad Social con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o se adopten otras decisiones que equilibren el sistema”. En el fondo subyace una vieja reclamación de algunos expertos que reclamaban traspasar a la Administración central las pensiones de viudedad y orfandad, con un coste de unos 19.200 millones de euros. Esto supondría pagar con impuestos una parte, casi el 20%, de las pensiones.

En el mismo informe, alerta del riesgo de desviación respecto del objetivo de déficit por parte de las comunidades. “Se aprecia riesgo en 11 comunidades”, señala. Pero precisa que “en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid y Navarra el incumplimiento podría corregirse en 2016 por la evolución de los recursos del sistema de financiación”. Añade, sin embargo, que Baleares, Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana presentan déficits “recurrentes” lo que obligaría a presentar unos planes de ajuste creíbles con una senda de “corrección razonable”. Recomienda, también, analizar la redistribución de los objetivos de déficits entre administraciones en función de las competencias de gasto.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) considera que las administraciones públicas españolas incumplirán el objetivo de déficit previsto para este año, en el 4,2% del PIB. El organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas achaca el desvío al lastre de los números rojos de la Seguridad Social y las comunidades autónomas.

El informe exhaustivo elaborado por el organismo presidido por José Luis Escrivá señala que en lo que "respecta a la Administración Central, la ejecución presupuestaria hasta mayo y su trayectoria esperada para el resto del año parecen compatibles con alcanzar un déficit público de 2,9% del PIB para 201". Lo que le lleva a decir que "no se considera que exista un riesgo para la Administración Central de incumplir su objetivo de estabilidad presupuestaria”.

Las comunidades autónomas, por su parte, incumplirán el objetivo presupuestario del 0,7% del déficit. El organismo revela que existe cierta disparidad en la situación financiera de las comunidades. Pero de su análisis se desprende que "el riesgo de incumplimiento se debe, fundamentalmente, a las desviaciones observadas en sus ingresos por tributos propios, transferencias a recibir del Estado no incluidas en los Presupuestos (Cataluña ha recogido 2.400 millones no previstos por el Estado) y a la no materialización de una parte importante de las ventas y concesiones administrativas previstas en los presupuestos". Además, la Airef señala que las nuevas medidas de financiación --el Gobierno abrió líneas de crédito para las autonomías sin cobrarles intereses-- no han producido los ahorros de intereses previstos.

La evolución de las registros presupuestarios pone de manifiesto la dificultad de las comunidades para ajustarse. Son responsables de la mayor parte del gasto social (educación, sanidad y servicios sociales) y apenas tienen capacidad tributaria. Por eso, han reclamado insistentemente al Gobierno que distribuya el déficit de forma más equitativa entre las administraciones.

En conclusión, “este análisis por subsectores refleja una reducción probable de déficit del conjunto de las Administraciones Públicas de al menos el 1% del PIB en 2015” pero advierte que la consecución del objetivo del 4,2% del PIB sería muy difícil de cumplir.